Continúan las protestas contra la empresa privada Concesiones Integrales, la que administra al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), luego de la falta de agua y drenaje obsoleto en la colonia Patrimonio.
Un grupo de vecinos llegó a las instalaciones de la empresa, ubicadas en la colonia San Manuel, donde exigieron a los directivos ser escuchados ante la problemática del suministro de agua potable.
Araceli Hernández, representante de calle de esta colonia, explicó que se están haciendo obras en la calle Morelos, en el tramo de Aldama, hasta Margaritas, en la colonia Patrimonio.
Sin embargo, la misma constructora, al ver el drenaje que cruza la zona, les informó que éste no va a aguantar cuando metan la maquina compactadora, lo que provocara un colapso del drenaje.
Esta situación podría afectar a más de 150 familias, por lo que se organizaron para llegar al SOAPAP y exigir una respuesta y solución a este problema, además de indicar que no tienen agua constante.
Señaló Araceli Hernández que llegaron a pedir el acceso a los directivos, quienes, por medio de una minuta, prometieron revisar la situación del drenaje, además de que aseguraron que tendrán agua continua durante los próximos dos días.
Mientras tanto, entre las llamadas "Acciones en defensa del agua como recurso natural y humano", integrantes del Movimiento de Alternativa Social (MAS) expusieron que con las nuevas tarifas sólo se incrementará la pobreza en el estado de Puebla.
Cobros excesivos
Con la aprobación de las nuevas tarifas para el consumo del líquido, queda claro que, a pesar de que se derogó del artículo 118 bis de Ley de Agua del Estado de Puebla, es la empresa concesionaria quien seguirá fijando los costos del servicio.
“Los legisladores poblanos aprueban cada una de las iniciativas presentadas por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas sin ver cuánto afectan a los ciudadanos”, señalaron, información que también subieron a su página de Facebook.
Fue el viernes 14 de marzo cuando los diputados del PAN y sus partidos satélites (PRD, Panal, MC, PT y PSI) aprobaron el decreto para fijar las tarifas de agua en Puebla, así como en los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc.
“Las tarifas representan un incremento de 50 por ciento y se actualizarán, de acuerdo al artículo 4 de dicho decreto, cada mes con base en una fórmula que incluye Índice de Precios al Consumidor, fijado por el INEGI.
”Así como gastos de operación, como es la energía eléctrica, el mantenimiento y la amortización de créditos. Sin embargo, quién nos garantiza que las actualizaciones no signifiquen incrementos a favor de la empresa concesionaria”, señalaron.
“Con las nuevas tarifas sólo se incrementará la pobreza en el estado de Puebla, aunque ya somos de los cinco primeros lugares a nivel nacional, porque no todos los ciudadanos podrán pagar las actualizaciones y por tanto no tendrán el servicio, lo cual sería una clara violación a los derechos humanos”, continúa el texto en Facebook.
“Aunado a esta situación la colocación de medidores será obligatoria y el dispositivo tendrá un precio mínimo de mil 300 pesos, a esto se sumarán los gastos por ‘obra necesaria’, que son la reposición de banquetas, guarniciones y pavimento, que están calculadas en no menos de mil 400 pesos”.
Asimismo, indicaron, se deberá pagar 208 pesos por el mantenimiento del medidor, “y eso no incluye las refacciones”.
“El agua es un recurso natural de gran importancia para los humanos y no es justo que se busque beneficiar a la empresa concesionaria, que debido a una total opacidad en el proceso de licitación no se sabe si es Aguas de México o Aguas de Barcelona, pues aún no se ha dado a conocer a la ganadora del proceso a pesar que debió informarse el pasado 12 de diciembre.
”El gobierno de Rafael Moreno Valle pierde la perspectiva de que el agua y sus usos tienen un carácter social, que es el primer deber del estado, aun en el supuesto de querer hacerlo eficiente y modernizarlo, por lo que consideramos que los más afectados son los sectores populares”.
Indicaron también que el gobierno argumentó en el decreto que "todavía con un insuficiente capital para invertir en mejoras y ampliación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reuso; con una deficiente cobranza de aproximadamente un cincuenta por ciento en su facturación".
Y señalaron que se requería de capital externo por 3 mil millones de pesos. “Pero nunca se menciona que los activos del SOAPAP van a la alza y que las cuentas por cobrar alcanzan los 3 mil 200 millones”.
Indicaron que se dijo que habría "tarifas equitativas y justas", "según los estratos socioeconómicos", pero no habrá condonación, exenciones o reducciones, o cualquier otro acto que merme o atrase su recaudación, en virtud de que actualmente se encuentra "amortizando deuda".