La diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Loretta Ortiz Ahlf indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dio entrada al recurso interpuesto en contra del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por las violaciones a las garantías individuales que ha cometido en Puebla, e indicó que no será el único, ya que se sumarán más recursos por parte de ciudadanos que han sido víctimas de un régimen represor.

Al participar en el foro “Puebla en defensa de los Derechos Humanos”, realizado en el auditorio de la junta auxiliar de Tlaxcalancingo, en el que estuvieron presentes la diputada federal Roxana Luna y el especialista Pablo Miralles Sagro, la legisladora de Morena, que envió el caso del expresidente Felipe Calderón a la Corte Interamericana, por lo que tuvo que comparecer, expresó que ahora será una instancia internacional la que también deberá investigar las severas violaciones en contra de los ciudadanos, y el caso más conocido es el de Chalchihuapan.

Comentó que, junto con el senador Manuel Bartlett Díaz, dentro del partido al que pertenece hay interés de sumar recursos para llevar a juicio político a Rafael Moreno Valle Rosas y ahora también que sean instancias internacionales las que revisen el actuar del gobernador.

En su presentación, indicó que el gobierno descansa en el pueblo, y esto se contempla dentro del artículo 40 constitucional, e indicó: “Ustedes nos eligen, nos eligieron para que los gobiernen.

”A quienes tenemos que responder es a ustedes con el cumplimiento de la ley, y hay que ver a estos gobernantes ilegítimos porque no representan el interés del pueblo”.

Un crimen, la ley Bala
La ponente dijo que era un crimen desde su presentación la llamara “ley Bala”, porque representaba la represión y el autoritarismo: “En ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, ¿se imaginan? Ahorita cualquier policía dice me estaba agrediendo y dispara en contra de los ciudadanos”.

Recordó que los diputados del Congreso del estado habían aprobado en esos términos la ley y tuvieron que cambiar su redacción por la presión de las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos.

Insistió en que se han tomado medidas provisionales y reclamación internacional. “Ya está en instancias que no son nacionales, pero así también les puedo augurar que se van a presentar otras acusaciones”.
   
Aseguró que se puede poner un alto a la política represiva del gobierno del estado sólo organizándose.

La diputada de Morena defendió de la guerra “sucia” a la legisladora Roxana Luna, al indicar que se ha puesto la camiseta para apoyar a los habitantes de las comunidades en contra de la violación de sus derechos, e informó que independientemente del partido, se ha dado el compromiso por atender la problemática.

Derecha represora
Ortiz Ahlf pidió que no se caiga en las provocaciones de la autoridad, ya que la manifestación tiene que ser por la vía pacífica, ya que de otra manera se darán motivos a las autoridades para reprimir.

Recordó que la derecha ha buscado no sólo en Puebla, sino en el Distrito Federal, con una ley en contra de las manifestaciones públicas, y se tipificaron delitos, pues aseguran que los manifestantes son los más terribles criminales, ya que matan y golpean a los “pobrecitos policías”; advirtió que estos grupos derechistas mandan a infiltrados para generar la violencia y satanizar a los manifestantes.

La democracia no se regala
El especialista en materia de derechos humanos Pablo Miralles Sagro dijo que las autoridades deben entender que no están regalando la democracia, sino que es el pueblo el que lo puso.

Insistió en que los servidores públicos no van a regalar nada, lo que entregan es con recursos del pueblo, de los impuestos, y esto sucede en cualquier país democrático o no en el mundo, las obras se hacen con el dinero del pueblo.

Manifestó que la línea de privatización es una constante e indicó que en su país (España) se logró dar marcha atrás en las acciones privatizadoras, ya que violaban los derechos humanos; aclaró que los magistrados que tuvieron que echar abajo la reforma a la privatización del servicio de salud son de la derecha.

Miralles Sagro manifestó que hay que seguir por la vía pacífica para lograr los cambios y lograr que se respeten los derechos humanos.

Puebla, sin Estado de Derecho
La diputada Roxana Luna, ante los asistentes, se refirió a las graves violaciones en contra de los derechos humanos que hay en Puebla con el homicidio de un menor y más de 30 detenidos.

Recordó que en el mes de abril el gobierno de Rafael Moreno Valle detuvo a tres dirigentes sociales, amenazado a tres ciudadanos por ejercer su profesión, liberado seis órdenes de aprehensión y 150 están en proceso de integración por oponerse a proyectos como el gasoducto y el Arco Poniente, confirmaron algunos de los integrantes del movimiento nacional Los de Abajo; al mismo tiempo, adelantaron que en esta semana posiblemente entablarán diálogo con representantes de la ONU, así mismo, concretarán el expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Recordó la detención de Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, que se encuentra recluido en el Cereso de San Pedro Cholula bajo el proceso 127/2012; y Abraham Cordero Calderón, juez de paz de San Martín Texmelucan e integrante del Frente de Campesino y del movimiento nacional Los de Abajo, que se encuentra interno en el reclusorio de Atlixco bajo el proceso número 55/2014. Es importante señalar que Enedina y Juan Carlos se oponen al proyecto del gasoducto, mientras que Abraham al Arco Poniente.

Asimismo, el 11 de abril amagaron con armas de fuego e intimidaron a la familia del doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés, investigador de economía política y desarrollo sustentable de la BUAP, exigiendo que deje de apoyar a los movimientos que se oponen al gasoducto.

Cinco días después, el abogado de Abraham Cordero, Raúl Rodríguez, recibió amenazas, “que le bajara”; el 17 de abril, Alberto Melchor Montero, alumno del doctor Ricardo Pérez, también recibió amenazas.

“La respuesta del gobierno estatal es clara, en vez de diálogo, se empeña en callar a golpes a los ciudadanos que lo llevaron al poder, y ordenar más detenciones.

”Con tales acciones, el gobernador ha creado un clima de terror contra la sociedad poblana, pues sigue vigente la amenaza de expedir nuevas órdenes de aprehensión contra 150 personas que no tienen nombre aún pero que las puede activar en cualquier momento, ya que quedó abierta la averiguación AP 430/2013/DMZS/Atlix”.

Insistió en los absurdos del proceso y en el caso de Enedina Rosas Vélez, se le acusa de robo de dos celulares que les fueron quitados a dos empleados que no se ha precisado si son funcionarios públicos o trabajadores de una empresa particular.

Indicó que es imposible que una anciana enferma hubiera podido cometer un robo, pero el sistema persecutorio del gobernador Rafael Moreno Valle los lleva a inventar delitos contra autoridades ejidales, a fin de que cedan sus tierras.