No obstante, reiteró que la mayoría son resueltos a favor del gobierno: “Nos queda otra opción, recurrir a los juzgados federales”. Por eso se promueve un amparo ante la instancia federal para efecto de obligar a la Junta Local de Arbitraje a dar salida a las demandas, “esto ha sido una constante”.

Aunque no fueron reacomodados la totalidad de los trabajadores despedidos del servicio de emergencia 066, todos los contratos que sean finiquitados sin acuerdo entre las partes, pueden llevarse a los juzgados, por lo que los trámites de las demandas proceden, siempre que se lleven a cabo en los 30 días posteriores al despido, afirmó Abelardo Cuellar, quien aseguró que el gobernador Rafael Moreno Valle acostumbra tener tribunales de consigna, es decir, que están bajo sus órdenes.

Lo que debe entender Moreno Valle, dijo Abelardo Cuellar, luego de los despidos de los trabajadores del servicio 066 de emergencia, es que el gobierno no es eterno y el gobernador tiene un período, aunque su “prepotencia se refleja en los tribunales, pero al final de cuentas, el tiempo pasa y él va a dejar de ser gobernador”.

Lo que prevé es que después del mandato de Moreno Valle las fuerzas políticas se reacomodan y muchas veces en esas oportunidades el trabajador vuelve a recuperar sus derechos en este tipo de gobiernos que justamente no son flexibles y actúan por consigna.

Los trabajadores despedidos del 066 que no fueron recontratados, dijo, tienen muchas probabilidades de ganar una demanda laboral, a pesar de la forma en que se desenvuelve el gobierno poblano, por lo que aclaró que pueden proceder demandas de los que no volvieron a contratar, entonces, el trámite de la demanda procede, aunque la resolución en tribunales de competencia local están convencidos que van a salir a favor del gobierno; no obstante, son realizados de manera legal.

Ante eso, dijo que la última instancia que tienen es que a través de un amparo directo se tiene que decidir por un juez federal, porque el gobierno no puede cancelar plazas o simple y sencillamente cerrar dependencias por ordenamiento administrativo, tiene que cumplir con lo que estable la Constitución en su artículo 123, apartado B, fracción novena, en donde se garantiza el derecho laboral de los trabajadores al servicio del Estado.

El dato

Los que llevan por parte de la oficina de Abelardo Cuellar son la defensa de aproximadamente 30 trabajadores, entre exempleados de la SEP, Cobaep, SSA, HNP, SOAPAP e ISSSTEP, y tan sólo es una muestra del colectivo que representan.

Pero sí hay un número importante de trabajadores que tienen meses e incluso años que sus demandas están paradas, “este gobierno es un gobierno que le ha gustado mucho tener tribunales de consigna, porque bloquea mucho el avance de los juicios y obliga a promover amparos”, refirió. Pero una vez que el amparo está concedido para evitar caer en responsabilidad justifica eso ante el juez federal y eso los obliga a tener retraso de seis a ocho meses en el seguimiento de los juicios.