La imagen del gobernador Rafael Moreno Valle se desdibuja de manera creciente por la cantidad de ilícitos que comete en contra de los habitantes, sobre todo en términos de la violación a los derechos humanos, afirmó el investigador de la UAP Paulino Arellanes Jiménez.
Además, agregó que los vecinos de Cholula despojados de 17 predios pueden ganar la estrategia jurídica ya avanzada, porque pueden argumentar abuso de poder y que esos terrenos no son de utilidad pública.
Además, los afectados tienen la opción de armarse jurídicamente y que la denuncia no solamente se quede ante autoridades de defensa social poblanas, sino que están en condiciones de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el despojo llevado a cabo afecta a una cantidad importante de personas, porque la expropiación no es para utilidad pública, sino para llevar a cabo obras que se le ocurren, pero que no representan beneficio social.
El mandatario poblano se ampara en una nueva ley que tiene mucho contenido de atropello, pero además se ampara en una normatividad arbitraria lograda con el apoyo del Poder Legislativo, lo que atropella los derechos comunales y ejidales de los habitantes del estado. Por eso reiteró que las crecientes críticas al gobierno poblano se presentan por las medidas arbitrarias que aplica, sin tomar en cuenta la normatividad como debe ser, y prueba de ello es que impulsó la “ley de Expropiación” con el apoyo del Poder Legislativo.
El analista político universitario afirmó que son crecientes las críticas que recibe Moreno Valle, ya no solamente en el ámbito estatal, sino a nivel nacional e internacional, pero el caso de despojo en Cholula se suma a la lista que agudiza el problema y reafirma la posición de alguien que no le interesa escuchar las voces ciudadanas, que no le interesan los derechos humanos y tampoco le interesa respetar la normatividad mínima y, contrario a eso, tergiversa todos los hechos.
“La expropiación que pretende consolidar es un elemento que se añade a la lista de ilícitos que comete de manera permanente. Lo que se puede rescatar de todos los abusos cometidos por el gobernador es que la sociedad ya no se queda callada y se manifiesta ante las crecientes arbitrariedades”.
Para el académico, la gobernabilidad es la relación que existe entre el gobierno y la sociedad gobernada, pero cuando la sociedad reclama y está descontenta se afecta esa gobernabilidad, que no está perdida del todo, pero que se corre el riesgo que se pueda quebrar, porque es creciente la cantidad de afectados por las decisiones de la autoridad poblana, “y la gente ya sale a reclamar sus derechos”, lo que pone en entredicho la gobernabilidad que actualmente se mantiene a través del control punitivo, de represión, de intimidación y de meter miedo.
