La recomendación de la CNHD en el caso Chalchihuapan diluye la responsabilidad de las autoridades, invisibiliza las prácticas autoritarias del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y convalida nuevamente la llamada “ley Bala”, ya que omite señalar que esta legislación posibilitó las violaciones graves a derechos humanos, de acuerdo al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

La CNHD recomendó la reparación integral del daño a las víctimas. Sin embargo, para garantizar que estos hechos no se repitan, debió considerar que la “ley Bala” es violatoria de los derechos humanos. Por ello existe responsabilidad de la CNHD al avalar esta legislación. En tanto, Rafael Moreno Valle faltó a su deber de prevenir y garantizar la libertad de expresión y manifestación.

En la recomendación 2/2014 por violaciones graves, la CNHD explica que el operativo de Chalchihuapan, realizado el 9 de julio de 2014, fue producto de un “uso excesivo de la fuerza” y “negligencia” y que contaminar la escena; no recabar evidencia y los resultados presentados por la Procuraduría obedecen a la “falta de preparación”, omitiendo el dolo de la autoridad estatal al falsear las conclusiones y desarrollar la “teoría de la onda expansiva”.

Raúl Plascencia, titular de la CNHD, aseguró que la “ley Bala” cumple con los instrumentos de la ONU sobre uso de la fuerza, y pese a ser cuestionado reiteradamente, hasta la fecha no ha explicado el porqué de esta aseveración, ignorando que el operativo de Chalchihuapan se enmarcó en un contexto de abierta represión a grupos sociales, el cual ha generado una treintena de presos políticos en la entidad.

Entonces, pese a que señala la responsabilidad de Facundo Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de los elementos policiacos en el operativo, la CNHD no consideró que esta ley contraviene las obligaciones internacionales a las que el Estado mexicano está comprometido y que por acción facilitó las violaciones graves a los derechos de los manifestantes.

La CNHD tampoco establece responsabilidades a la Procuraduría General de Justicia, a pesar de acreditar que contaminó la escena, no recabó evidencia y que el procurador Víctor Carrancá difundió una versión falsa sobre la muerte del menor, pretendiendo inculpar a los manifestantes con la hipótesis de la onda expansiva producida por un cohetón.

Pese a señalar que la Procuraduría estatal actuó de manera negligente en las investigaciones, la CNHD determinó que es responsabilidad de esa institución llevar las diligencias para esclarecer los hecho, a través de una fiscalía especial que no garantiza condiciones de objetividad e imparcialidad que aseguren el acceso efectivo a la justicia.

“Por ello hacemos un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, para que ejerza su facultad de atracción y sea responsabilidad de la Federación la procuración de justicia.

”La CNHD parte de una visión que esencializa las manifestaciones como violentas. Al hacer llamado a no llevar menores a éstas, no sólo demerita el valor democrático que tiene la protesta, sino responsabiliza a los manifestantes exculpando a la autoridad, cuando se suscitan acontecimientos de represión”.