Integrantes de la Asamblea Estatal del Agua recomendaron recurrir al amparo antes de hacer un pago a la empresa Concesiones Integrales a fin de que no causen efectos los incrementos a las tarifas que se han disparado en los últimos meses a raíz de la privatización del servicio.
Al acudir al Congreso del estado a entregar un oficio en el que solicitan a los legisladores derogar la Ley Estatal del Agua que se aprobó en diciembre de 2012, María Eugenia Ochoa y Gerardo Pérez Muñoz advirtieron de las trampas que está aplicando Concesiones Integrales para que los usuarios acepten los incrementos tarifarios.
Eugenia Ochoa indicó que entre las trampas que está realizando la empresa es que no está enviando los recibos a los usuarios a fin de que lleguen directamente a las oficinas y ahí se les engaña para que acepten los nuevos precios.
Señaló que otra es que para algunos usuarios presuntamente les bajan las tarifas, pero una vez que se paga el servicio en los siguientes meses llegará el incremento desproporcionado, por lo que es necesario que para protegerse se recurra primero al amparo.
María Eugenia Ochoa indicó que ya se han ganado amparos por los incrementos excesivos a las tarifas, de esta manera se podría llegar a la derogación de las leyes.
Dijo que hay un movimiento nacional para que haya una Ley Federal que se ajuste a los acuerdos internacionales que ha firmado el país y tienen que respetarse.
La representante informó que entregaron los oficios a los coordinadores de cada fracción legislativa, y se entregará el oficio en las oficinas del gobierno estatal, quien envió las iniciativas.
Violación a las leyes
Gerardo Pérez Muñoz dijo que entre las demandas que son planteadas se encuentra la derogación de la Ley del Agua del Estado de Puebla para dar paso a la redacción de una ley ciudadana donde ser respeten los derechos humanos de la gente.
Indicó que el Congreso debe realizar foros para que haya una nueva ley, que las tarifas sean de acuerdo a lo que recomienda Naciones Unidas.
Advirtió que la modificación a la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle incurría en un acto inconstitucional y los ayuntamientos en caso de que se sientan afectados por la misma reforma, quienes recurran al amparo de la justicia federal o a la controversia.
Insistió en que hubo irregularidades en la propuesta ya que se trataba de privatizar un recurso que debe manejar el estado para satisfacer la demanda de los ciudadanos.
Expresó que la constitución en el artículo cuarto es clara en lo referente a la prestación del servicio de agua potable, como lo señala el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizara el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
