El diputado local con licencia y presidente del Comité Municipal de la capital, José Chedraui Budib, demandó un combate frontal a la corrupción en las contrataciones públicas y se sancione realmente a quienes incurren en el desvío de recursos públicos causando un daño al patrimonio de los poblanos.

Recordó que desde el pasado 15 de julio con el objetivo de garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos presentó ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa para la creación de la Ley para combatir la corrupción en contrataciones públicas.

Explicó que este planteamiento parte de la estrategia para impulsar leyes que beneficien a todos los poblanos y contribuyan a lograr una Puebla más próspera.

Afirmó que el documento está sustentado en los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en la que destaca que el 63 por ciento de las personas se sienten inseguras en el estado y el 40 por ciento considera que uno de los principales motivos de esta inseguridad es la corrupción de las autoridades.

Insistió en que la propuesta pretende salvaguardar el patrimonio de los poblanos actuando en diferentes frentes, desde prevenir, detectar, sancionar, hasta erradicar las prácticas de corrupción, no sólo de los servidores públicos o personas que manejen o apliquen recursos económicos de estado y los municipios, sino también, de personas físicas y morales que participen en los procedimientos de contrataciones públicas.

Dijo que con este seguimiento, control y consolidación en los sistemas de compras públicas disminuirán las oportunidades de que se presenten desvíos de recursos públicos en la entidad, además de que plantea establecer sanciones para proveedores y particulares involucrados, con lo que se mejorarán los controles de los padrones en las adquisiciones de bienes y servicios y se fortalecerán los mecanismos de detección de irregularidades.

Chedraui Budib abundó en que la iniciativa es complementaria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla, con lo que pretende crear un círculo virtuoso que permitirá el mejor manejo de los recursos de los poblanos.

Pidió  a todos los legisladores a lograr “leyes que promuevan la suma  de pequeños cambios constructivos, en el ser y en el quehacer de los ciudadanos y las instituciones, cambios que generen una nueva forma de pensar y de actuar, tanto en el ámbito personal como en el colectivo”.

Recordó que  a nivel federal la primera medida enfocada a combatir la corrupción se tomó apenas el 11 de junio de 2012, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, ordenamiento que contempla un esquema de sanciones administrativas a particulares que incurran en actos de corrupción en el desahogo de procedimientos de contratación pública de carácter federal. 

Agregó que la propuesta representa un adelanto a nivel nacional con el propósito de consolidar a México como un país confiable y transparente, e indicó “al homologar nuestra legislación a lo que marcan las convenciones legales anticorrupción. Adelanto que aún, no es suficiente.”

Dijo que la iniciativa se suma a los esfuerzos realizados en el orden federal, a fin de transparentar la asignación de contratos en materia de licitaciones, adquisiciones y obras públicas financiadas con recursos estatales o municipales, reconociendo la corresponsabilidad entre el sector público y privado, en todo acto de corrupción que se presenta en los procedimientos de contrataciones públicas.

Explicó que la propuesta que se presentó tiene por objeto regular los actos realizados dentro de los procedimientos de contrataciones públicas estatales y municipales (adquisiciones, arrendamientos, servicios, otorgamiento de concesiones sobre bienes del Estado), tipifica conductas irregulares (infracciones administrativas) y prevé sanciones a dichas conductas, así como los procedimientos de investigación y sanción necesarios para su aplicación. Contiene los mecanismos para sancionar a los que incurran en actos de corrupción derivados de sus funciones en los niveles estatal y municipal.