“Me preocupa porque no sabemos cuántos vamos a caer. Cuántos van a pagar en defensa de la vida”, señala Alejandro Torres Chocolatl, activista perseguido sobre el clima de represión en contra de opositores a las medidas de la administración estatal.

El Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) señala que durante el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha perseguido a activistas sociales y a periodistas incumpliendo sus promesas de alternancia democrático lo que se agravó con la aprobación fast track de la “ley Bala”.

Cencos muestra como paradigmáticos del clima de persecución contra opositores el encarcelamiento de Enedina Flores y de Juan Carlos Flores Solís. También las contradicciones del gobierno de Rafael Moreno Valle al querer imputarle a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan la responsabilidad de la violencia que le costó la vida al niño de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo.

El Centro Nacional de Comunicación Social presenta en su página web un video sobre la situación de los derechos humanos en Puebla en la administración de Rafael Moreno Valle.

“Política de represión selectiva en contra de los defensores que han buscado a los más visibles.

”En el gobierno de Rafael Moreno Valle también han existido violaciones a la libertad de expresión como el intento del gobierno de Moreno Valle de imponer una mordaza a los medios de comunicación al eliminar el delito penal de calumnia y difamación pero imponer el delito de daño moral con multas millonarias, lo que se conoció como la #RafaMordaza”.

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En su portal de Internet, Cencos subraya las violaciones a los derechos humanos realizadas por el gobierno de Puebla que se transcribe a continuación:

“Lo que muchos poblanos veían como la llegada de la democracia se ha convertido solo en alternancia. Rafael Moreno Valle gobierna en Puebla con mano dura y violando recurrentemente los derechos humanos de los pobladores.

”En estos 3 años 7 siete meses de gobierno, hay registro de detenciones arbitrarias, aprobación de leyes que criminalizan la protesta; autorización del uso de balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes; privatización del sistema de aguas, leyes a favor de la expropiación de tierras e intento por regular a los medios de comunicación.

”Mis únicos compromisos son el bienestar de los poblanos y el desarrollo del estado… Los poblanos contaremos con un gobierno competente, honesto y cercano a la gente”, dijo Moreno Valle en su discurso de toma de protesta.

Frase que ha quedado vacía, pues organismos de la sociedad civil del estado han denunciado la detención arbitraria de 36 personas.

“Hemos estado viviendo en Puebla ha sido una fuerte represión por parte del gobierno del Estado en la que todo aquel disidente o aquel activista o defensor de derechos humanos se le está criminalizando, se le están fabricando delitos. Cerca de 35, 36 personas ya se encuentran en la cárcel por supuestos delitos diversos que se les han fabricado”, asegura Misraim Hernández, de Contingente MX.

Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas son dos de los detenidos. Están acusados de extorsión, despojo, motín, ataque a la infraestructura hidráulica, robo de celulares y oposición a que se ejecute una obra pública, pero realmente están presos por oponerse a la construcción en sus tierras del Proyecto Integral Morelos, que incluye: dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto.

“Somos 60 comunidades afectadas por el gasoducto que estamos en las faldas del volcán. Si de repente el volcán estalla podríamos escapar de él, pero no del gasoducto, entonces nos dejan atrapados entre el volcán y ese gasoducto”, comentó en marzo de este año —antes de ser aprehendido— Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En 2013, Carlos Rocha, del periódico El popular, informó sobre la detención de tres jóvenes: Néstor López Espinoza, estudiante universitario, participante en #YoSoy132; Eduardo Salazar Velázquez, quien trabajaba en un negocio familiar, e Iván Guisasola Vázquez, oriundo de Oaxaca, que trabajaba en Puebla. Ellos fueron aprehendidos por publicar en Facebook que asistirían a una movilización que se desarrollaría presuntamente durante el desfile del 5 de mayo.

El 4 de junio, el defensor de derechos humanos Antonio Esteban Cruz fue asesinado en el paraje El Rincón, a orillas del río Apulco, en Cuetzalan, Puebla. Él defendía el derecho a la tierra y era presidente de la Mesa Directiva del poblado Paso María Cristina y fue opositor del mega proyecto hidroeléctrico en la comunidad de Cuamono.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hay 10 quejas por violaciones a las garantías constitucionales, entre los casos más representativos están: los detenidos en Cacalotepec por el conflicto contra el sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA); los detenidos durante operativos contra mototaxis en la zona metropolitana; la queja por el uso excesivo de fuerza en los desalojos de la carretera federal de Tehuacán, el ocurrido en la Atlixco-Puebla contra vecinos de Chalchihuapan, así como por la detenciones de Enedina Rosas, José Luis Flores y Abraham Cordero.

Y actualmente existen denuncias sobre la existencia de 10 órdenes de aprehensión en contra integrantes de las comunidades de San Lucas Tulcingo, San Juan Amecac y Zacatepec, Adela Ramos, Eusebio Aguilar, Alvino Villalba, Federico Villalba, Juan Gutiérrez, Avelino Velázquez y Alejandro Torres.

Uno de ellos, Alejandro Torres Chocolatl, también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, afirma que tiene miedo de que lo maten o encarcelen.

“Quiero denunciar al gobierno de Rafael Moreno Valle, el federal que es el del señor Enrique Peña Nieto, ya que a mí, en lo personal no se me deja de estar intimidando, acosando. Le comentaba a los compañeros que esta semana dos camionetas se parquean en mi pueblo para preguntar por mí para decirme que me va a cargar la fregada”, comenta con el seño fruncido.

Hace una semana, Antonio Lara Duque, abogado de Flores Solís, denunció que las autoridades poblanas estaban dilatando el juicio de su cliente, ya que no había sido liberado a pesar de haber obtenido un amparo del juez séptimo del distrito de Puebla debido a las irregularidades en su caso.

“Hay una política gubernamental en Puebla de desactivar o desarticular la disidencia, las oposiciones a sus proyectos, enfocando, represión selectiva contra los defensores que ellos han ubicado como los más visibles”, comenta Lara Duque, abogado de la Red Nacional de Resistencia Civil.

Uno de los primeros embates de Moreno Valle fue contra la libertad de expresión en 2011. Presentó una iniciativa donde quien cometiera los delitos de difamación y calumnia evitarían la cárcel pero de perder el juicio civil les podrían aplicar una multa millonaria, que quebraría a cualquier medio o reportero.

“El objetivo si bien era quitarnos los delitos penales, lo cierto es que las cadenas se hacían más fuertes, en las que perder un juicio por difamación o por daño moral simplemente se podría convertir en algo ruinoso para un medio de comunicación o para un periodista”, dice sentado en un sillón negro imitación piel Arturo Rueda, director general del diario Cambio.

La ley “RafaMordaza”, como la calificaron en redes sociales, fue aprobada a finales de febrero de ese año, pero tras presiones de algunos medios locales, académicos y especialistas en el tema, los diputados establecieron una multa tope de 3 mil salarios mínimos, alrededor de 170 mil pesos.

Según el informe “El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013”, de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, en Puebla, había registradas 7 agresiones contra defensores de derechos humanos y faltaría incluir las ocurridas en 2014.

En este estudio el estado se ubica en el lugar número 7 de las entidades con más agresiones a defensores de derechos humanos, atrás de Oaxaca (15), Guerrero (15), Chihuahua (10), Chiapas (9), Distrito Federal (8) y Coahuila (7).

Su tumba: la #LeyBala
El 9 de julio de 2014, habitantes de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la carretera Atlixco-Puebla para evitar que se llevaran el Registro Civil de su comunidad.

Para liberar la vía, policías estatales lanzaron gases lacrimógenos y, según los pobladores, también balas de goma. Hirieron a 10 personas, entre ellos al niño José Luis Tlehuatle Tamayo, de 13 años, quien falleció pocos días después.

Luego del incidente, el gobierno del estado aseguró que habían sido los manifestantes quienes iniciaron las agresiones, aun cuando hay videos que los desmienten.

“Premeditada y de franca provocación y agresión como se demuestra por el hecho de que iban preparados con diversos objetos contundentes. Tales como bombas molotov, palo, tubos y piedras de gran calibre dentro de lo que se destacó la utilización de cohetones que fueron proyectados… 46 policías lesionados y al menos dos civiles”, declaró en su momento Luis Maldonado Venegas, secretario general de gobierno del estado.

La “ley Bala”, cuyo nombre oficial es “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado”, fue aprobada por los diputados locales con 32 votos a favor y cinco en contra el 19 de mayo; en ella, avalan el uso de armas de fuego por parte del gobierno del estado para dispersar manifestaciones.

Tras los hechos en San Bernardino Chalchihuapan, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, pidió su abrogación, cosa que todavía no ha sucedido pues para que se lleve a cabo, es necesario promulgar una nueva.

Casi dos meses después del altercado en Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe donde responsabilizaron a la policía por la muerte de José Luis.

La investigación de la CNDH concluyó que la muerte del niño fue por un cilindro de gas de largo alcance y no una onda expansiva como mencionaban las autoridades poblanas.

“No fue lesionado por alguna explosión u onda expansiva por la acción de un cohetón”, aseguró en conferencia Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH.

Además, denunciaron uso indebido de la fuerza pública en el operativo. Tal es el caso de Santiago Pérez Tamayo, un transeúnte de 75 años que iba pasando a un lado de la manifestación y fue detenido por los policías.

“Se me hizo fácil pasar junto a la gente, pero cuando sentí, vas pa arriba. No me opuse para nada porque sé que no cometo nada (delito)”, comenta el señor de la tercera edad, quien estuvo mes y medio en prisión por delitos que no cometió.

Al gobernador todavía le quedan más de dos años en el poder, y algunos pobladores temen por su integridad.

“Me preocupa cuántos más vamos a caer, cuántos más vamos a pagar con la vida, el derecho a ella. Hoy que te pronuncias en defensa de la vida te matan, te encarcelan, te privan de la libertad, te desaparecen”, dice con coraje Torres Chocolatl.