El abogado Mario Vélez Merino señaló que las autoridades estatales buscan a toda costa la construcción del gasoducto Morelos, ocupando lo mismo la persecución en contra de comisariados ejidales —que con la representación de sus comunidades se oponen a la construcción del gasoducto— que utilizando escrituras apócrifas de los ejidos, mismas que ni siquiera existen en el Registro Agrario Nacional y que campesinos “panistas” presentan.

Vélez Merino resaltó que la construcción del gasoducto Morelos se realiza, a pesar de la oposición de campesinos de Puebla, con la presencia policiaca y militar que cuida la maquinaria, en lo que denominó una “imposición” del gasoducto Morelos, no obstante el rechazo de ejidatarios.

El abogado y militante de izquierda señaló que la persecución en contra de los opositores a la construcción del gasoducto ha sido sistemática.
“Ellos están imponiendo el ducto. Están las máquinas en todos lados. En algunas comunidades como santa Lucía no han entrado porque no tienen la aceptación de los campesinos. Pero a la comunidad la han tratado de dividir.  

”En el caso de Santa Lucía llegó el presidente municipal de Atlixco, llegó el diputado local de Atlixco, llegaron funcionarios a ofrecerle obra para entrar, les ofrecieron cinco obras, desde la barda de la secundaria, promesa de rascar pozos y sobornando a las autoridades. El pueblo se encabronó.

“Están provocando conflictos sociales internos, dividiendo, con la finalidad de que saquen adelante su proyecto. Pero a mí me parece gravísimo en lugar de agilizar el diálogo y proporcionar la información, es fundamental utilizan la confrontación”. 

El abogado Vélez Merino planteó que en lugares como San Juan Amecac los constructores no poseen ni el acta de aceptación de los comuneros ni la autorización del comisariado ejidal.

“En el caso de San Juan Amecac ni tienen el acta de asamblea de aceptación de los comuneros ni tienen la autorización del comisariado ejidal, con la presencia de la policía y el Ejército ahí, tienen a la policía y al ejército ahí. Estuvieron custodiando las máquinas, estamos en un estado de indefensión donde ni siquiera hay un pago compensatorio”.

Vélez Merino señaló que el grupo de campesinos que dividió a la población mostró escrituras apócrifas: “En san Juan Amecac supuestamente dividieron ahí un grupo de panistas; para variar, presentaron escrituras, pero eran apócrifas, porque están sobre el polígono ejidal, en la propiedad social, es el ejido. Debe estar registrado en el Registro Agrario Nacional y no puede haber escrituras en los polígonos de la propiedad social. Estamos hablando de un ilícito que hay que investigar”.

El abogado señaló que las autoridades estatales se han valido de todas las tretas para obtener la autorización de las comunidades para la construcción del gasoducto, a pesar de los pobladores. Vélez Merino recordó que al presidente de bienes comunales de San Juan Amecac, Avelino Velázquez, tiene orden de aprehensión.

“A Avelino lo citan a reuniones, que lo quieren ver en Sagarpa, que lo quieren ver en tal lado, pero no, se trata de policías judiciales. Están recurriendo a todo para seguir su proyecto, se visten de Sagarpa, se visten de Sedesol”.  

El pasado 10 de septiembre durante un foro realizado en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP, el campesino Avelino Velázquez, presidente de bienes comunales de San Juan Amecac, acompañado de su esposa, Nidia Domínguez, contó el testimonio de la persecución política que sufre por parte del gobierno estatal.

El campesino y su esposa relataron cómo con lujo de violencia más de 30 camionetas y vehículos, policías estatales vestidos de civil, con el rostro cubierto, irrumpieron en su casa el pasado 7 de marzo, cuando él se encontraba trabajando en labores del campo.

“Un cálculo de unas 20 camionetas. Los muebles que ahí tenía me los dejaron inservibles. De todo lo que me acusan es falso. Toda la gente me conoce. Yo sé que no estuve en ningún acto de los que me acusan. Me acusan que acompañé a robar celulares. Tengo testigos porque yo estuve en lugares religiosos”.

El auditorio escuchó impávido el testimonio del campesino y de su esposa, a quienes despidieron entre aplausos ofreciéndoles, los universitarios e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, su apoyo.

Buscan una muerte más
Mario Vélez Merino sostuvo que la detención de la activista social Enedina Rosas Vélez se hizo de manera ilegal, pues los policías no mostraron ninguna orden de aprehensión ni tampoco se identificaron, además amenazaron con armas de fuego a las personas que presenciaron la captura.

Manifestó que el juez ahora al no encontrar a los acusadores señala a los detenidos que deben de demostrar su inocencia, situación que va en contra de los principios jurídicos que marcan que nadie es culpable hasta que no lo dictamina un juez.

Expresó que van a seguir las movilizaciones, la gente está cansada de un gobierno que viola los derechos humanos.