El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Alvarez Icaza, señaló que la CIDH intervendría si el gobierno de Puebla incumple las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y si se agotan las instancias locales correspondientes.
El ombudsman consideró grave que el uso de la fuerza pública, facultad del Estado, no esté regulada y lo que debería ser parte de la regularidad democrática, una protesta social, tenga como resultado un niño muerto.
A más de un mes de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya emitido una recomendación al gobierno del estado de Puebla por violaciones graves a los derechos humanos, el gobierno de Puebla ha cumplido parcialmente las recomendaciones.
Álvarez Icaza señaló que ha crecido el número de denuncias que habitantes de nuestro país interponen ante la comisión interamericana.
México es uno de los países de los cuáles se reciben más denuncias, señaló Emilio Álvarez Icaza.
“Lo que le puedo decir es que con la información que tenemos al corte del 30 de septiembre es que está incrementándose el número de denuncias”.
El secretario ejecutivo de la CIDH afirmó que la comisión interamericana interviene sólo si se han agotado las instancias internas. “Sabemos que ha habido temas de discusión en materia de normatividad. Sabemos que ha habido temas de controversia, conocimos del tema del niño o joven que perdió la vida, por supuesto que son hechos que nos preocupan muchísimo, no puede ser un tema que donde haya un reclamo social que tenía que ver con el Registro Civil o temas de esa naturaleza, la resultante es que haya un niño muerto. Esos son hechos sin duda que llaman a regular el uso de la fuerza.
”No puede dar el Estado una respuesta de esa naturaleza. El Estado tiene la facultad del uso de la fuerza, pero es necesario que ésta se regule”, planteó Álvarez Icaza.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en tanto no se agoten las instancias correspondientes la comisión interamericana no puede intervenir.
Alvarez Icaza señaló que México se juega su “prestigio internacional” con casos como el de Ayotzinapa.
El ombudsman consideró que si bien el Estado posee la facultad de la fuerza, es indispensable que ésta se regule, se monitoreé, se controle y se evalúe: “Uno de los grandes pendientes de la República mexicana es la profesionalización de sus cuerpos policiacos”.
Álvarez Icaza señaló que casos como el asesinato y la desaparición de estudiantes mexicanos en Iguala, Guerrero, representa un hecho grave:
“La CIDH emitió una medida cautelar, un instrumento que no califica el fondo, es mandar una alerta al Estado mexicano de que hay personas que están en riesgo y que tiene una condición de que debe ser protegida. Es un mensaje muy fuerte, muy poderoso de la CIDH, la comisión se ha expresado públicamente, son hechos muy graves y que haya servidores públicos lo agrava más”.
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Álvarez Icaza dictó una conferencia dentro el Encuentro Iberoamericano de Organizaciones de la Sociedad Civil, que se celebra en Puebla y en la que participan representaciones de todo el continente.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseveró que la participación de la sociedad civil es fundamental, porque la sociedad civil impulsó cambios y exigencias que hoy ya son la norma.
Álvarez Icaza, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, afirmó que si bien es cierto en la década de los noventas se lograron avances en los derechos humanos, el desafío para la sociedad es consolidar mecanismos y formas de participación de una cultura democrática.
El ombudsman advirtió sobre el riesgo del clientelismo con el que todavía muchos gobiernos del continente se relacionan con sus ciudadanos.
“Porque todavía muchos gobiernos se acercan bajo la lógica de clientes, no buscando la exigencia de los derechos, sino la compra de votos”.
Álvarez Icaza pidió que se consolide la participación de los organismos no gubernamentales en la toma de decisiones, porque de esto se impulsa tanto la transparencia, se combate la corrupción y se rinden cuentas eliminado las prácticas opacas.
”Nuestras democracias no están siendo los mecanismos eficientes y suficientes para incluir a tanta gente que no tiene la condición de participar en la vida económica, política y social. Sigue siendo en América Latina la exclusión uno de los grandes factores no sólo económicos, sino sociales”.
