La administración estatal intenta borrar del imaginario social, de la clase política y de la opinión pública las violaciones graves a los derechos humanos del 9 de julio en el operativo policiaco de San Bernardino Chalchihuapan.

En voz del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, la crisis que vive Puebla por la violación de los derechos humanos no ha existido y si existió el gobierno atendió los puntos de la recomendación.

Con distintos matices, el gobernador de Puebla elude, una y otra vez, desde el 9 de julio, la responsabilidad tanto política como jurídica sobre la represión ejercida en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, y en especial, sobre la muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo, quien sufrió heridas de muerte en dicho operativo.

Moreno Valle comenzó una campaña para desacreditar a los pobladores de la junta auxiliar, a quienes acusó en un principio de ocupar a niños como “escudos humanos” en la protesta del 9 de julio. Pero también la administración estatal ha rechazado cualquier responsabilidad en la violencia desatada en el operativo policiaco en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

El propio gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que la recomendación de la CNDH por la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo “ya se cumplió”.

22 de octubre
En gira por Tehuacán, el gobernador Rafael Moreno Valle evitó abordar el caso Chalchihuapan, aseguró que su gobierno atendió ya con los 11 puntos de la recomendación de la CNDH. “Ya se cumplieron (...) ya se cumplieron”, dijo brevemente.

Para el mandatario estatal cumplir con la recomendación representa sancionar al secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, con una amonestación y multarlo por su actuación.

En el punto de la disculpa pública que exigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, finalmente el gobierno poblano invitó a algunas personas damnificadas del enfrentamiento a un evento este viernes a las 19 horas; sin embargo, nadie asistió y ni siquiera la prensa fue invitada.

Una de estas cartas se la dirigieron a Elia Tamayo Montes, madre de José Luis, se le pidió que asistiera el viernes 17 de octubre al salón Oriental 1 del Centro de Convenciones con su familia, para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH. Lo que no se dijo es que la invitación le llegó apenas con tres horas de anticipación al evento; además, no existe prueba de que se haya realizado.

23 septiembre
El gobernador Rafael Moreno Valle rompió el silencio aquel martes 23 de septiembre y comentó, sobre el informe hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el desalojo, que ordenó en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan; sin embargo, el mandatario se deslindó del violento operativo.

"En las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a mí no se me menciona, no es un asunto donde se haya hecho recomendación alguna al Ejecutivo", comentó al finalizar la premiación del Concurso de Oratoria y Debate organizado por el diario El Universal.

No obstante, el gobernador Moreno Valle se comprometió a solventar cada una de las 11 recomendaciones hechas por la CNDH. "Lo que evidentemente hemos aceptado es darle seguimiento y es lo que se está haciendo a través del jefe de mi oficina", alcanzó a decir minutos antes de abordar su camioneta.

3 agosto
El gobernador Rafael Moreno Valle designó a principios del mes de agosto a Juan Pablo Piña Kurcyzn —exivisitador de la CNDH— como jefe de su oficina. La unción se dio en plena indagatoria de la comisión sobre graves violaciones a los derechos humanos en Chalchihuapan.

El abogado Piña Kurczyn orientó al mandatario poblano en la explicación sobre los hechos violentos en contra de San Bernardino Chalchihuapan, en la que la administración morenovallista defendió la tesis de que la muerte del niño Jorge Luis Tehuatle Tamayo fue originada por un cohetón.

20 julio
A mediados del mes de julio, el gobernador Moreno Valle invitó a un grupo de periodistas para exponer su tesis sobre el enfrentamiento en Chalchihuapan. En entrevista sobre este hecho, que fue interpretado como una aplicación de la llamada “ley Bala”, Moreno Valle justificó la actuación de la policía y acusó a los manifestantes de ser los responsables de que menores hayan resultado heridos durante el operativo.

“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.

Lo lamentable, acusó, “es que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.

El gobierno, prosiguió, “tiene que responder, y sobre todo con protocolos y policías lastimados que dan cuenta, además, de que aquí hubo agresiones fuertes en contra de la autoridad pero, insisto, el punto fundamental son los ciudadanos que tiene que trasladarse a su casa, a cualquier actividad y que se ven afectados”, argumentó el mandatario.

El gobernador dijo que pese a la protesta que ha generado la medida de concentrar las oficinas del Registro Civil en las cabeceras municipales, “no hay marcha atrás” en esa medida, pues la dependencia está en un proceso de modernización; además que se busca combatir la corrupción que permitía que incluso personas de origen centroamericano obtuvieran actas de nacimiento.

10 julio
Rafael Moreno Valle justificó la actuación de la policía y acusó a los manifestantes de ser los responsables de que menores hayan resultado heridos durante el operativo.

“La ley que se aprobó en Puebla se aplica, y se aplica con protocolos, y estos protocolos buscan siempre salvaguardar los derechos humanos, pero también entender que los derechos de una persona terminan cuando infringe los derechos de otra”.

Para el gobernador Moreno Valle fue lamentable que personas que están infringiendo la ley lleven a menores como escudos a una acción ilegal. “Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.

El gobierno, prosiguió, “tiene que responder, y sobre todo con protocolos y policías lastimados que dan cuenta, además, de que aquí hubo agresiones fuertes en contra de la autoridad pero, insisto, el punto fundamental son los ciudadanos que tiene que trasladarse a su casa, a cualquier actividad y que se ven afectados”, argumentó el gobernador de Puebla.

El gobernador dijo que pese a la protesta que ha generado la medida de concentrar las oficinas del Registro Civil en las cabeceras municipales, “no hay marcha atrás” en esa medida, pues la dependencia está en un proceso de modernización; además que se busca combatir la corrupción que permitía que incluso personas de origen centroamericano obtuvieran actas de nacimiento.