Las juntas auxiliares en Puebla han sido prácticamente sometidas con medidas gubernamentales que van desde la fabricación de delitos en contra de sus pobladores, documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta la represión en contra de sus pobladores y ediles auxiliares, de acuerdo a lo que han denunciado organizaciones sociales.

En menos de dos semanas se han girado tres órdenes de aprehensión en contra de ediles de juntas auxiliares que han exigido el retorno de los Registros Civiles a sus demarcaciones. Dos de ellas se han cumplido.

Al menos tres presidentes de las juntas auxiliares se encuentran bajo algún proceso legal: los tres ediles auxiliares tienen en común su exigencia de que los Registros Civiles regresen a las juntas auxiliares, revirtiendo la medida aprobada en diciembre pasado por el Congreso de Puebla.

Dos de estos ediles, el de La Resurrección, Sabino Leonardo Baéz, y Raúl Pérez Velázquez, de San Miguel Canoa, se encuentran hoy bajo prisión, mientras que uno de ellos, Javier Montes Bautista, edil auxiliar de San Bernardino Chalchiuapan, se encuentra escondido luego de que se intentó detenerlo el pasado 24 de octubre durante un operativo en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

Tanto Baéz como Pérez Velázquez se ampararon en contra de la entrega de la ley del Congreso que le quitó a las juntas auxiliares las atribuciones de contar con sus propios Registros Civiles y de que los presidentes de las juntas auxiliares actuaran como jueces de Registro Civil.

Leonardo Baéz, presidente de La Resurrección fue aprehendido.

Sabino Leonardo Báez Serrano, de acuerdo a su abogado, Hilario Gallegos, fue detenido el viernes 18 de octubre mediante engaños y obligado a que desistiera del amparo que interpuso para que las juntas auxiliares regresasen.

Horas después de la aprehensión de Baéz Serrano, se intentó detener en San Bernardino Chalchihuapan, la madrugada del 19 de octubre, al alcalde auxiliar Javier Montes Bautista.

Araceli Montes, habitante de San Bernardino Chalchihuapan, señaló que al presidente de la junta auxiliar, Javier Montes Bautista, intentaron detenerlo sin presentar ninguna orden de cateo ni de aprehensión.
"En ningún momento dicen vengo por Javier. Ellos llegan irrumpiendo en las casas. No presentaron ni orden de cateo ni orden de aprehensión".

Araceli Montes denunció que la Policía Ministerial poblana entró violentamente a casas en Chalchihuapan el 18 de octubre, durante el operativo para detener a pobladores.

Pérez Velázquez, ante las amenazas en su contra y alertado por la detención de Baéz Serrano, interpuso, el pasado 27 de octubre, un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra, con el expediente 1671/ 2014, en el Juzgado Tercero de Distrito solicitado.

Una persecución constante
El presidente de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien interpuso el amparo referido, también convocó a una asamblea donde los pobladores de su junta auxiliar pidieron la creación de una “policía comunitaria”, ante la ausencia de elementos que custodiaran su junta auxiliar y con la creciente inseguridad en la zona, resultado de la medida de retirarles a las juntas auxiliares la atribución de contar con una policía local.

Lo que ocasionó una airada respuesta por parte de las autoridades del municipio de Puebla, señalando la creación de una “policía comunitaria”.
Sin embargo, Pérez Velázquez jamás les tomó protesta a la policía comunitaria.

La llegada de Pérez Velázquez a la presidencia auxiliar de San Miguel Canoa se dio en medio de un polémico proceso electoral.

En primer lugar, las autoridades municipales ni siquiera le permitieron a Pérez Velázquez participar como candidato a presidente de la junta auxiliar.

El 26 de abril del 2014, un grupo de pobladores de San Miguel Canoa exigió la participación de Raúl Pérez debido a que las autoridades municipales le rechazaron el registro como aspirante. “Tiene el apoyo del 70 por ciento de la población”, señalan.

Ante la negativa a participar, Pérez Velázquez amagó con protestar en el proceso si no se le permitía participar.

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Las autoridades poblanas detuvieron al presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, la tarde del viernes, con diversas artimañas.

El edil de esa demarcación se convirtió en el segundo presidente auxiliar detenido por la Policía Judicial del estado, aunque se desconocen las causas de la aprehensión.

Fue alrededor de las 16:30 de este viernes cuando unos 15 elementos de seguridad detuvieron al presidente auxiliar de Canoa, quien desde hace varios meses demanda al gobierno estatal mejores servicios para su comunidad.

Después de la aprehensión de Sabino Leonardo Báez Serrano, de La Resurrección, el edil de Canoa se amparó ante el Poder Judicial de la Federación para evitar una posible aprehensión del Juzgado Primero de Distrito o de cualquier otra autoridad poblana.

Pero fue detenido la tarde del viernes y trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justica del Estado, por motivos que todavía se desconocen.

Pérez Velázquez fue parte de los presidentes auxiliares que permanentemente exigieron el manejo del Registro Civil, mayor seguridad y obras públicas en la junta auxiliar.

La detención de Pérez Velázquez se dio a las afueras de la Secretaría de Infraestructura municipal, donde un equipo de 15 policías estatales llegó en camionetas blancas y, sin presentar la orden de aprehensión correspondiente, esposó a Raúl Pérez Velázquez y lo subió a una de las camionetas.

Testigos de los hechos revelaron que los policías estatales iban completamente armados al momento de la aprehensión, que se presentó a pesar de que era del dominio público que contaba con un amparo ante las autoridades federales.

Semanas atrás, el edil auxiliar afirmó que no descartaba una posible aprehensión por “pelear el beneficio de su comunidad”, porque incluso respaldó la conformación de una policía comunitaria, que después quedó en el programa de Vecino Vigilante.