La senadora de la república Lucero Saldaña Pérez, al rendir su segundo informe de labores, se pronunció por mantener un régimen de respeto con la aplicación de la justicia y sin violencia, combatir problemas como el maltrato a las mujeres y la trata de personas.
“Quienes quieran derribar las puertas, quienes quieran obstaculizar el crecimiento de México deben entender que somos muchos más las y los mexicanos que deseamos que haya justicia sin violencia”, enfatizó.
La senadora de la república destacó que se deben construir puentes y no muros que lleven al país por un camino de paz, e indicó que el Senado de la República ha trabajado de manera intensa en los dos últimos años.
Destacó que como senadora trabajó en el análisis de las leyes secundarias sobre las reformas estructurales que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto.
No desaprovechó la oportunidad para destacar el trabajo de las mujeres, quienes ahora tendrán la oportunidad de participar por diputaciones federales, al asegurar en los partidos políticos el 50 por ciento de las candidaturas.
En relación con su quehacer legislativo, mencionó que está trabajando para erradicar la trata de personas, pero también en apoyar a las víctimas de estos delitos.
Asimismo, se refirió a las reformas que se están haciendo, sin importar colores de partido, para que terminen los abusos contra las mujeres, que se viva en un país donde haya la verdadera equidad de género.
Señaló que este lunes en el Senado presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a la mayoría los Congresos de los estados, entre ellos Puebla, armonizar sus respectivas leyes locales con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Dijo que esto es en aras de procurar una mejor protección a los derechos humanos de las víctimas, en específico el derecho a la reparación integral por violaciones a sus derechos fundamentales, según lo estipulado en dicho punto de acuerdo.
“El objetivo es que todas las entidades federativas cuenten con una Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que deberá prever el mecanismo mediante el cual las personas que resientan una afectación en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, puedan obtener una indemnización que formará parte de una reparación integral”, señaló la senadora Saldaña.
El punto de acuerdo presentado en el Senado señala que este esquema de reparación integral encuentra sustento en la reforma del artículo 113, párrafo segundo constitucional, publicada en junio de 2002, la cual ordena que la Federación, las entidades federativas y los municipios tendrían hasta el 1 de enero de 2004 para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el mecanismo de indemnización, tendiente a la reparación integral del daño, así como para incluir en sus respectivos presupuestos una partida para hacer frente a lo anterior.
Saldaña expresó que a la fecha hay 16 entidades federativas que no han expedido una ley específica de Responsabilidad Patrimonial, que establezca el mecanismo de indemnización. Las 16 entidades federativas restantes sí cuentan con una ley específica de Responsabilidad Patrimonial, sin embargo, 15 de ellas prevén distintos plazos para interponer la reclamación de indemnización.
La legisladora promovente explicó que únicamente Nayarit contempla en su ley los mismos criterios que la ley federal, sin embargo, entidades como Morelos otorgan únicamente 45 días naturales para cualquier tipo de reclamación, o Baja California, que no prevé dos años para daños físicos, lo cual muchas veces resulta insuficiente, si se toma en cuenta que las violaciones a derechos humanos pueden derivar en una afectación grave a las personas, quienes tomarán más tiempo para encontrarse en aptitud de hacer el reclamo correspondiente. Estos plazos se consideran insuficientes para que las víctimas puedan ejercer su derecho a la reparación integral.
“La ley Federal de Responsabilidad Patrimonial contempla plazos más benéficos para que la víctima interponga la reclamación de indemnización”, señala la Senadora; otorga un año para el caso de daños patrimoniales y dos para daños físicos y psíquicos que lleguen a sufrir.
Por todo ello, la propuesta exhorta a los Congresos de los estados a que las leyes locales se armonicen con dicha legislación, para dar una mejor protección de los derechos de las víctimas.
Los asistentes
A este acto asistieron sus compañeros senadores Blanca Alcalá Ruiz y Ricardo Urzúa, así como los diputados federales José Luis Márquez Martínez, Filiberto Guevara González, Enrique Dóger Guerrero, Guadalupe Vargas, Ana Isabel Allende Cano; también los diputados locales Maritza Marín Marcelo, Silvia Tanús Osorio, Pablo Fernández del Campo, entre otros invitados especiales.
