Dos mototaxistas lograron ganar un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación de manera definitiva, para que el gobierno de Puebla les regrese sus respectivas unidades decomisadas mediante operativos.
Hilario Alonso, uno de los abogados defensores y activista, reveló en entrevista que son los primeros dos triunfos en los tribunales, y cuatro aún están pendientes de resolución.
“Con esto se demuestran las irregularidades y los abusos de los operativos por parte de la autoridad”, añadió al señalar que los triunfos fueron en los Juzgados primero y noveno de distrito.
Refirió que no hubo más amparos debido a la presión del gobierno estatal contra los mototaxistas, lo que derivó en miedo para hacer valer sus derechos ciudadanos.
En respuestas a solicitudes de información hechas por Intolerancia Diario, se sabe que se han retirado por la fuerza 356 mototaxis en 157 operativos en su contra, desde el 6 de abril de 2011 al 9 de mayo del 2014.
“Ante los problemas de los mototaxistas, el movimiento nacional Los de Abajo promovió seis amparos; la verdad es que hubo mucha presión de los compañeros, hablamos con cientos de afectados, pero hubo miedo de entregar la documentación”, dijo.
“Queremos dar a conocer que dentro de los amparos el Poder Judicial ordenó la devolución de los vehículos, el día de ayer ya devolvieron uno”.
Detalló que Fermín Morales, mototaxista de San Juan Tlautla, fue la primera persona que recibió su unidad nuevamente, y aún queda pendiente la entrega a Juan Ocelot, de la comunidad de San Mateo Cuanalá, con quien ya existe la orden de los tribunales colegiados para la devolución de sus vehículos.
Operativos
En sendas respuestas a solicitudes de información, se documentó que se han retirado por la fuerza 356 mototaxis en 157 operativos en su contra; en algunos casos, se ha generado una investigación por la presunta violación de derechos humanos.
En las solicitudes de información, las secretarías de la Contraloría, Transportes y Seguridad Pública informaron que estos operativos se realizaron desde el 6 de abril de 2011 al 9 de mayo del 2014.
Pero desde que surgió el escándalo de represión a manifestantes de Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014, en el que debido a un enfrentamiento con policías estatales resultaron decenas de heridos y un niño muerto, los operativos contra mototaxistas se han frenado.
Incluso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), hasta el 20 de junio pasado, inició al menos tres procedimientos de investigación por el maltrato de mototaxistas, sobre todo tras las agresiones contra una niña y maltratos.
Desde que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), a cargo de Facundo Rosas, tomó el control de los operativos contra mototaxistas, la violencia se incrementó en cada uno de ellos.
Aunque dependencias estatales aseguran que no han detenido a una sola persona en estas operaciones, organismos defensores de este tipo de transporte han contabilizado al menos 13 personas aprehendidas, quienes están libres bajo caución en procesos penales.
Los operativos contra mototaxistas en comunidades o municipios de escasos recursos se han tornado violentos debido a que los elementos policiacos agreden hasta a los pasajeros.
Esta situación ha generado el descontento de los pobladores, lo que ha derivado en enfrentamientos contra los uniformados y personal de las dependencias estatales a cargo.
Las respuestas obtenidas por Intolerancia Diario, por medio de la Ley de Transparencia, revelan el cambio de mando en los operativos, los que en primera instancia estuvieron a cargo de la Secretaría de Transportes y después con la Secretaría de la Contraloría.
Sin embargo, aunque no lo revelan, las últimas movilizaciones estuvieron realizadas únicamente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Facundo Rosas.
En junio de 2011, el Congreso de Puebla avaló, con 24 votos a favor, tres en contra y la abstención de la bancada priista, la eliminación de los mototaxis como sistema de transporte, pese a que más de 3 mil mototaxistas se manifestaron constantemente.
Cifras oficiales afirmaban —en ese entonces— que más de 2 mil de estas unidades circulaban en 46 municipios de la entidad, aunque organizaciones de mototaxistas aseguran que ahora siguen en operaciones más de mil unidades.
La administración del gobernador Rafael Moreno Valle ofreció a los transportistas la opción de comprar automóviles compactos como taxis locales, para seguir dando el servicio, lo que rechazó gran parte de los afectados.
Según fuentes del gobierno estatal, la represión ha cesado en los últimos días, debido al escándalo desatado por el caso de Chalchihuapan, donde el gobierno del estado está siendo investigado por violaciones graves a los derechos humanos.
Incluso, el 1 de agosto, el mismo gobernador Rafael Moreno Valle Rosas continuó la entrega de taxis locales, a pesar de que el programa ya había culminado desde finales de 2012.
Las cifras del gobierno señalan que entre 2012 y 2013, el programa logró la sustitución de mil 804 mototaxis, en 86 localidades de 47 municipios. Para este año tiene como meta el retiro de 500 unidades, a cambio de 250 taxis locales, con una inversión total de 8.1 millones de pesos.
Derechos humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP), hasta el 20 de junio, inició al menos tres procedimientos de investigación por el maltrato de mototaxistas, sobre todo tras las agresiones contra una niña y maltrato a un enfermo.
Desde que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), a cargo de Facundo Rosas, tomó el control de los operativos contra mototaxistas, la violencia se incrementó en cada uno de ellos.
Luego de la consignación a un juez penal de las ocho personas tras los disturbios por un operativo contra mototaxistas, la diputada federal Roxana Luna Porquillo señaló que uno de los detenidos sufre diabetes y ha sido maltratado.
Pero luego de lo publicado por la legisladora, la CDHEP envió al penal a una visitadora para verificar la situación, por lo que comprobó que Juventino Tlahuech está aprehendido por otra situación y no por el operativo pasado. Sin embargo, inició una investigación de oficio, a pesar de que el reo señaló que no ha tenido problemas de medicamentos, según refirió la CDHEP a este medio.
