Durante la última sesión del tercer período ordinario de sesiones, los diputados locales aprobaron la ley para controlar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC); además, avalaron la elección de la diputada Patricia Leal para presidir la mesa directiva.

En una sesión donde no hubo discusión, el Congreso del estado aprobó por unanimidad la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con la que el gobernador Rafael Moreno Valle tendrá la facultad de controlar sus actividades que busquen obtener apoyos económicos por parte del gobierno del estado.

Fueron los 39 legisladores asistentes quienes avalaron la iniciativa final, que resultó presuntamente de la unión de las propuestas del gobernador y de los diputados Marco Rodríguez Acosta, Socorro Quezada Tiempo y Francisco Mota.
Los promotores, entre ellos Marco Antonio Rodríguez, indicaron que la ley busca fomentar las actividades de las organizaciones civiles en rubros de desarrollo social a través de apoyos económicos; en la propuesta final, aprobada por los legisladores, se contempla que estarán obligadas a ser vigiladas, reguladas y cumplir con especificaciones que marca la ley.

La iniciativa establece que se creará una comisión que diseñará y ejecutará las acciones correspondientes para el fomento de las actividades de las organizaciones inscritas en el registro estatal.

Además, el artículo 12 de la ley señala el presidente del dicho comité será Rafael Moreno Valle, mientras que los principales puestos estarán a cargo de funcionarios morenovallistas como el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; el titular de la Sedeso, Luis Banck Serrato, quien fungirá como presidente ejecutivo; el titular de la Secretaría de Finanzas, Roberto Moya, y la titular del DIF Estatal, Martha Érika Alonso de Moreno Valle.

La comisión está facultada para la conformación de un reglamento interno, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social se encargará de imponer las sanciones correspondientes a las organizaciones que lo violen. Para poder ingresar al registro de organizaciones, las agrupaciones deberán notificar, cada que así se requiera, sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban. Para poder acceder a los beneficios y el registro, las organizaciones de la sociedad civil deberán actuar con criterios de imparcialidad y privilegiando los derechos humanos.

Sanción a exfuncionarios
Por otra parte, los diputados aprobaron la aplicación de sanciones económicas e inhabilitaciones a 17 exalcaldes y titulares de organismos descentralizados, así como el Inicio de Procesos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de 24 sujetos de revisión.

La presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, explicó que los sujetos obligados que enfrentaron un IPADR no solventaron las observaciones hechas a sus cuentas públicas, por lo que procedieron a la aplicación de sanciones.

Detalló que los alcaldes que Hueytlapan, San Felipe Tepatlán, Zoquiapan, Xochiltepec, Santa Inés Ahuatempan, Tenampulco, Zoquitlán, Acatzingo, San Nicolás de los Ranchos, Chiautla, Ahuehuetla, Jolalpan, San Miguel Xoxtla y Zongozotla no pudieron resarcir el daño patrimonial y deficiencias administrativas detectadas en los periodos 2006, 2007, 2008 y 2009.

Sin embargo, por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, fueron retirados del orden del día la sanción económica e inhabilitación por 12 años de Noé Peñaloza, derivado de irregularidades detectadas por en el ejercicio fiscal 2008, por un monto de 87 millones 142 mil 025 pesos. 

Asimismo, presentó los dictámenes que contenían las presuntas irregularidades detectadas en administraciones municipales durante los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011 y 2012.

Entre las autoridades municipales sujetas a procesos destacan Noé Peñaloza, de San Martín Texmelucan; Carlos Peredo Grau, de Teziutlán; Eleazar Pérez Sánchez, de Atlixco, y María del Lourdes Nares Rodríguez, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros.

Eligen presidenta
Patricia Leal Isla, diputada del Partido Acción Nacional, fue designada como presidenta de la Mesa Directiva, posición que desempeñará del 15 de enero al 31 de julio de 2015. En la sesión ordinaria, los legisladores votaron por la integración de la Mesa Directiva, en la cual también se integró como vicepresidente al perredista Ignacio Mier Bañuelos, y como secretarios a Manuel Pozos Cruz, de Compromiso por Puebla, y Geraldine González Cervantes, del Verde Ecologista. Los prosecretarios serán Maritza Marín Marcelo, del Revolucionario Institucional, y el panista Pablo Montiel Solana.

Leal Islas fungirá como presidenta de la Mesa Directiva en el mismo periodo en el que se desarrollarán la campaña electoral federal, la cual servirá para renovar los 500 espacios de la Cámara de Diputados. A la integrante de la bancada de Acción Nacional también le tocarán conducir el periodo de comparecencias de los secretarios estatales, como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno de Rafael Moreno Valle. La panista es presidenta de la Comisión Inspectora y es identificada como una de los operadoras del mandatario estatal en el Congreso.

Preocupa inseguridad 
La Junta de de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local demandó a los tres niveles de gobierno reforzar la seguridad pública en el estado de Puebla, “para garantizar la tranquilidad y patrimonio de las personas”.

A nombre de la Junta de Gobierno, el legislador del Partido Verde Ecologista Juan Carlos Natale convocó a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad pública, la armonía y la paz social.