La aún comisionada de Acceso a la Información Pública, Alexandra Herrera Corona, “pisó muchos callos” en su corto paso por el órgano garante de la transparencia, lo que motivó que no fuera ratificada por seis años más. Así lo señalaron fuentes al interior del gobierno estatal, lo que se comprueba con un desglose en su paso por cerca de cinco meses en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
En este tiempo fueron pocos los recursos de revisión que llegaron a sus manos contra dependencias del gobierno estatal, pero cuando llegaron actuó conforme a la Ley de Transparencia.
De siete recursos de revisión que analizó contra el Poder Ejecutivo, revocó tres respuestas en temas escabrosos como los operativos contra mototaxistas y las pruebas de confianza en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Además, ordenó que la Secretaría de Salud abriera un listado de sus acuerdos de reserva de información firmados durante el último año.
Por ejemplo, en el recurso de revisión 154/SSP-03/2014, solicitado por Intolerancia Diario, ordenó a la SSPE entregar a detalle el número de personas por año que ha aprobado y reprobado los exámenes de confianza. Justo esta orden la emitió cuando se estaban realizando las protestas de parte de Policías Estatales, quienes aseguraban que las pruebas de control de confianza eran la causa principal de decenas de bajas
Además, en otro expediente contra la dependencia a cargo de Facundo Rosas Rosas, el 195/SSP-05/2014, dictaminó que se abriera el expediente de operativos contra mototaxistas, para saber a ciencia cierta el número de detenidos. Esta orden llegó cuando distintos organismos gubernamentales se pronunciaban en contra de la represión del gobierno de Puebla en diversos casos, incluyendo a los mototaxistas.
Asimismo, ordenó a la Secretaría de Salud entregar copias de los acuerdos de reserva firmados, en los que pone “candado” a diversos temas. Además, hasta el 31 de diciembre de 2014, la aún integrante de CAIP, Alexandra Herrera Corona, logró resolver 84 por ciento de los recursos en tiempo y forma, sin excederse de los tiempos.
La funcionaria ha revocado las respuestas de las autoridades en 56 por ciento de los recursos de revisión a favor de la entrega de información a los ciudadanos.
Al hacer una revisión en la página de Transparencia de la CAIP, de los 32 recursos de revisión que ha tenido en sus manos, ya ha resuelto 27.
Asimismo, de los 27 recursos de revisión resueltos, 25 fueron en los primeros 30 días que marca la ley; sólo dos se hicieron después de este tiempo, al solicitar ampliación del término.
De estos 27 casos, apenas tres ha confirmado a favor del sujeto obligado, seis ha sobreseído y 18 revocado la respuesta a favor del ciudadano. Lo anterior quiere decir que le ha dado la razón al ciudadano para obtener información, mientras que, por ejemplo, González Magaña apenas tiene un promedio de 11 por ciento contra dependencias del gobierno estatal.
Los recursos de revisión son solicitados por ciudadanos a la CAIP por medio de una especie de queja, cuando no está conforme con alguna respuesta a solicitudes de información por medio de la Ley de Transparencia en Puebla. De este modo, los comisionados pueden revocar las respuestas para ordenar a los sujetos obligados o dependencias entregar la información solicitada.
Pero también los comisionados pueden sobreseer los asuntos por diversas situaciones, como es la no ratificación del recurso de revisión o por la entrega de lo solicitado durante el proceso de queja. Asimismo, los funcionarios de CAIP pueden dar la razón al sujeto obligado o autoridades, en caso de que consideren que las respuestas entregadas están conforme a la Ley de Transparencia que los rige.
En este año, la CAIP se ha caracterizado por sobrepasar los tiempos de resolución hasta el máximo, dictando sentencias hasta ocho meses después de iniciada la solicitud, muy por encima de los tiempos que se consideran para una real transparencia.
