A una semana del homicidio del empresario de Tehuacán José Manuel Herrero Arandia, la diputada local Geraldine González Cervantes pidió que no se partidice el tema y que todos asuman su responsabilidad a fin de mejorar la seguridad para los habitantes de esa región.
Expresó que la creciente inseguridad que se registra en el municipio de Tehuacán, ha provocado que la ciudadanía demande una pronta coordinación entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal para establecer estrategias conjuntas que favorezcan a la disminución de los actos delictivos.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González Cervantes recordó que en la última sesión ordinaria del Congreso del Estado presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado, donde exhortó a los autoridades competentes, a trabajar de manera conjunta, sin distingo político, animadversiones y confrontaciones que desgastan en tiempos donde la sociedad lo único que pide son respuestas y acciones contra la delincuencia.
El punto de acuerdo que se turnó a comisiones señala “Se solicita con pleno respeto a la división de poderes y a la autonomía municipal, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a la Presidenta del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, a que de manera urgente concreten las reuniones e instruyan a los titulares de sus respectivas áreas de seguridad pública, para que atiendan de manera coordinada y en el ámbito de su competencia la crisis de inseguridad que actualmente prevalece en el municipio y la región de Tehuacán, Puebla”.
La legisladora consideró que para que el rubro de seguridad pública se asuma como ampliamente atendido, es necesaria que la actuación de las instituciones revista legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Precisó que para que la estrategia de seguridad pública brinde los resultados esperados, es necesario implementar acciones integrales que incluyan la capacitación y certificación de los cuerpos de seguridad; el mejoramiento de sus condiciones salariales y laborales; la expedición de protocolos de actuación; pero sobre todo, la coordinación permanente y convencida de los distintos órdenes de gobierno.
“Dentro de las condiciones mínimas que la sociedad requiere para desarrollar su actividad diaria de manera ordenada, se ubican la seguridad pública y la impartición de justicia. Justamente el rubro de seguridad pública debe atender la protección del patrimonio, la preservación de la paz social pero sobretodo, el resguardo de los derechos humanos.”.
La legisladora explicó que según datos del INEGI la fuerza estatal policial durante el 2013 fue de 3 mil 340 elementos, quienes deben garantizar la seguridad de 5 millones 779 mil habitantes, lo que representa un policía por cada mil 730 poblanos. Lo anterior, sin contar las bajas realizadas durante el presente año, representa un tema de urgente atención ya que al interior del estado se replica el déficit de los cuerpos policiacos.
Dijo que cuando alguno de estos aspectos se vulnera, se atenta no sólo contra la víctima directa, sino contra la estabilidad y la tranquilidad colectiva, por lo que el poder público debe poner mayor atención en la garantía de estas condiciones.
La diputada por el distrito 25 Tehuacán Sur, indicó: “Hoy más que nunca debemos apostarle a la coordinación y a la suma de esfuerzos. Debemos cerrar filas a la delincuencia; emprender desde el ámbito de nuestra competencia las acciones necesarias para cumplir con el mandato social y generar condiciones de vida óptimas”.
Pide el PRI acciones reales
En tanto el Comité Directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional advirtió que en Tehuacán se percibe un ambiente de temor, de inseguridad. El clamor social es unánime, la ciudadanía exige de sus autoridades resultados los cuales solo podrán concretarse a partir de una estrategia implementada atendiendo los principios de planeación y coordinación.
Por medio de un comunicado se indica que hoy en Puebla hay preocupación porque se ha visto como han ido aumentando de manera significativa los índices de violencia en todo el estado, datos periodísticos dan cuenta de al menos 50 personas (40 hombres y 10 mujeres) que han sido ejecutadas, decapitadas, estranguladas, “entambadas” o calcinadas en los últimos meses; que se han cometido 266 homicidios dolosos, 29 secuestros, 140 casos de extorsión, 268 robos de vehículos con violencia y se reportan 123 feminicidios en lo que va de la actual administración estatal.
El Revolucionario Institucional señaló que estos números confirman que Puebla ha fallado en su estrategia de combate al crimen y la violencia sigue presente en muchas de sus comunidades sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para erradicarla y llevar ante la justicia a los verdaderos responsables.
Caso Tehuacán
La dirigencia del PRI señaló que a raíz del último hecho de violencia, donde lamentablemente perdió la vida el empresario José Manuel Herrero Arandia (hermano de Fernando Herrero Arandia, ex alcalde de Tehuacán y ex Senador de la República) y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, se hace un llamado al Gobierno del Estado de Puebla para que garantice la seguridad de todos los poblanos sin distingos ni excepciones y que actúe en plena coordinación con los diferentes ayuntamientos respetando su autonomía.
“Asimismo, solicitamos de la manera más atenta que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de Herrero Arandia y Carvajal Argudín a fin de garantizar que este acto no quede en la impunidad como ha pasado en diversas ocasiones.”
“Estamos conscientes que este suceso no debe ser aprovechado para lucrar políticamente y que nadie tiene derecho a utilizar como pretexto estas ejecuciones para cobrar revanchas políticas ni obtener beneficios personales”, concluye el escrito.
