En rueda de prensa donde anunciaron la realización de la última movilización del año, a realizarse el miércoles 17, partiendo del mercado Zaragoza al centro de la ciudad, indicó que hay una cerrazón al diálogo por parte del gobierno estatal.
Dijo que se espera que sean al menos 5 mil los asistentes a la movilización, y el número podría incrementarse por los comerciantes que se adhieren cada fin de año a la agrupación.
Manifestó que no hay un cambio de actitud, pues se ha incrementado la represión; recordó que el jueves 21 de noviembre se ordenó la aprehensión de Javier Montes Bautista, el cual fue detenido por medio de un impresionante operativo policiaco compuesto por más de 30 camionetas, acusándolo de delitos que todos sabemos que no cometió.
Asimismo, se refirió a los más de 40 presos políticos que existen en este régimen totalitario y de terror implementado por el gobernador durante este año.
Manifestó su solidaridad con los presos políticos de San Miguel Canoa, La Resurrección y Atlixco, y otros que han sido reprimidos por no sujetarse a los designios del “señor gobernador”, el cual —reitera— pasará a formar parte del basurero de la historia.
Lamentó que el Ejecutivo estatal haya minimizado los señalamientos de la comisión, pero el procedimiento es claro, el ombudsman tiene la facultad de presentar una denuncia penal en contra del Ejecutivo estatal, para que se proceda y se responda por el crimen del menor Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
El representante dijo que siguen las violaciones a los derechos humanos y no hay justicia; recordó que en este también entraría el caso de Antonio Montes Cruz, asesinado en la Sierra Norte por oponerse al proyecto Cuamono, para construir una hidroeléctrica.
Asimismo, estarían las detenciones en Chalchihuapan, e indicó que sobre las recomendaciones de este tema les ha señalado que, tras escuchar a las organizaciones, va a solicitar un informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al propio gobierno del estado, para que de acuerdo con ello se vea si se cumple o no la esencia de lo que señaló la propia comisión nacional.
Cese a la represión
En tanto, el Frente de Organizaciones Sociales Políticas de Puebla indicó que es necesario detener las acciones represivas en contra de los movimientos sociales, que ha emprendido el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Recordó que las acciones del gobierno del estado han sido de presión en contra de los movimientos sociales y, ante el riesgo que existe de que se incrementen estas acciones, es necesario poner un freno a los abusos.
Lamentó que se sigan criminalizando los movimientos sociales, y es el gobierno federal el que debe mediar para que cese la represión en contra de los ciudadanos; dijo que en dos años, lejos de que fueran atendidas sus demandas, han tenido que soportar la presión de las autoridades estatales y represalias como la suspensión de apoyos sociales.
Precisó que hay situaciones graves en contra de campesinos queriendo imponer proyectos, además de que se reprimió a comerciantes, campesinos, y se amenazó a periodistas con denunciarlos penalmente por lo que publicaron.
Recordó que en Puebla se han reprimido de manera brutal las manifestaciones pacíficas, y expuso el caso de Chalchihuapan, motivado por defender el Registro civil.
Precisó que, ante el incumplimiento de las recomendaciones, el siguiente paso es el que se inicie el juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por graves violaciones a los derechos humanos, y habrá que iniciar el proceso.
