Solamente por escupir, amenazar, jalonear e insultar verbalmente a policías municipales de San Andrés Cholula, se mantienen en prisión los cuatro activistas detenidos, por protestar contra la construcción de la llamada Plaza de las Siete Culturas, en dicho municipio.
Este tipo de agresiones sólo se tipifican como una falta administrativa y no como delito, señalaron abogados consultados; sin embargo, los llamados presos políticos se mantienen tras las rejas desde hace casi tres meses, sin derecho a fianza.
Así se comprueba en las declaraciones que realizaron cinco elementos policiacos ante el Ministerio Público, bajo la averiguación previa 581/2014/DMZS, copias en poder de Intolerancia Diario.
Las denuncias de los uniformados son muy similares entre sí, y en todas identifican a Adán Xicale como el líder de los manifestantes, quienes están en prisión desde el pasado 7 de octubre.
Sin embargo, en ninguna se señala algún delito grave, ni siquiera alguna lesión que sufrieran los policías municipales, por el contrario, sólo afirman que fueron agraviados con insultos, escupitajos y jaloneos.
Las declaraciones de los policías Félix José Lucas, Omar Torres Tentle, David Manzano Acá, Eliel Xicotencatl Totolhua y Carlos Zepeda Vera fueron hechas ante el agente del Ministerio Público de la zona metropolitana sur, o sea, en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en la ciudad de Puebla.
Todas se realizaron el mismo día de las aprehensiones, y coinciden en señalar que no fue un operativo contra el plantón de manifestantes, sino que fueron agredidos cuando hacían un rondín de vigilancia.
Sin embargo, sólo presentan como prueba los testimonios policiacos sin algún video o fotografía; aunque existen algunos presentados por los mismos manifestantes, donde sólo se ve a policías levantando el plantón con violencia frente al ayuntamiento de San Andrés Cholula.
Luego de la detención, se les fincaron diversos delitos, y no sólo los administrativos, por lo que fueron aprehendidos.
El 15 de octubre, el juez penal de Cholula, Alejandro León Flores, negó fianza y dictó auto de formal prisión contra los cuatro activistas detenidos de San Andrés Cholula, a pesar de que el delito de motín que se les acusa alcanza la libertad bajo caución.
El togado alegó que no podría imponer una fianza debido a que tienen en su contra otra averiguación previa por tres delitos más, los que apenas el Ministerio Público está conformando.
Están procesados bajo dos averiguaciones previas en su contra, 581/14-DMZS y la 580/14-de la Mesa Cuarta.
En una de las denuncias están acusados por ataques a las vías de comunicación, delitos contra el orden constitucional y la seguridad del estado, además de daño en propiedad ajena; y en la segunda, por motín, por el que se les dictó formal prisión.
Extractos de las declaraciones
Félix José Lucas, policía sanandreseño, fue uno de los elementos reconocidos en diciembre pasado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por su valor, honor y heroísmo.
Pero dos meses antes, declaró ante el MP, cinco horas después de las detenciones, que fue agredido por los manifestantes, con jaloneos, groserías y escupidas.
Al igual que sus cuatro compañeros, señaó que el día de las detenciones hacían un rondín de vigilancia, al habérseles ordenado estar pendiente de las instalaciones del ayuntamiento, que estaban sitiadas.
Afirma en su declaración —como en la de sus compañeros— que al asistir al lugar fueron detenidos por una barricada de piedras e inconformes, quienes los empezaron a agredir.
“Observamos que afuera de la presidencia se encontraba un grupo de aproximadamente 20 manifestantes, quienes al vernos circular que obstruyen el paso, anteponiéndose a nuestros vehículos, mientras otros sujetos colocaban piedras.
”Diciéndonos ‘pinches policías, váyanse a la chingada, que hacen aquí, si siguen chingando les vamos a partir su madre (…) asimismo escupían a nuestros vehículos, y a mis compañeros que iban en la batea los empezaron a jalonear.
”Un sujeto masculino que hoy sé, lleva por nombre Adán Xicale Huitle, de aproximadamente 50 años de edad, era la persona que incitaba a los demás ya que gritaba que éramos unos putos vendidos, ya basta de chingaderas del gobierno, queremos que se largue el presidente y si no se largan, van a valer madre(…)
”Esta persona era seguida por otros sujetos igual de agresivos, entre ellos otro que hoy sé, lleva por nombre Alejandro Paúl Xicale Coyopol, de aproximadamente 25 años de edad, quien empezó a jalonear a uno de mis compañeros de nombre Eliel Xicotencatl Totolhua, diciéndole pinche policía de mierda lárgate porque si no te vamos a matar(…)
”Albino Tlachi Valencia, quien también nos decía que éramos unos pinches putos, que solo en bola eramos valientes, que más nos valía que nos fuéramos porque si no íbamos a valer madres y este sujeto también trataba de golpearnos (…).
”Primo Manuel Tlachi Valencia, en todo momento se portó agresivo con nosotros, así como no dejaba de gritarnos que éramos unos pinches policías asesinos (…)
”Solo logramos asegurar a estos cuatro sujetos, ya que los demás manifestantes huyeron del lugar, por lo que yo logré asegurar a quien ahora sé, lleva por nombre Adán Xicale Huitlé (…)”.
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Eliel Xicotencatl Totolhua, elemento policiaco, en su declaración, es casi idéntico de la de sus demás compañeros, incluyendo el número aproximado de manifestantes, hora de las agresiones, entre otras cuestiones.
“El de la voz iba atrás en la batea y los manifestantes nos empezaron a escupir y después ya nos empezaron a jalonear, pero nosotros debido a que éramos inferiores en número, primero no reaccionamos ante tales agresiones (…)”
Posteriormente, señaló que al lugar llegaron otras tres unidades policiacas, con seis elementos cada una, por lo que manifestantes prefirieron huir corriendo, a excepción de los 20 manifestantes agresivos, entre ellos los detenidos.
“Se encontraba una persona de aproximadamente 56 años de edad y que ahora sé, responde al nombre de Adán Xicale y esta persona no dejaba de amenazarnos, diciéndonos que íbamos a valer madre (…).
”Un sujeto masculino de aproximadamente 25 años se me acerca y me empezó a jalonear, diciéndole pinche policía de mierda, lárgate porque si no te vamos a matar, ante tal situación yo le dije que se calmara, pero este sujeto se volvió cada vez más agresivo, me escupió en la cara y como pude lo logré asegurar (…)”.
El operativo
Alrededor de las 3:30 horas del 7 de octubre, granaderos irrumpieron en el campamento que mantenían integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna.
A golpes, como consta en videos subidos a YouTube, lograron desalojar las instalaciones del ayuntamiento, que se mantenía tomado por opositores al Parque de las Siete Culturas, con los cuatro detenidos.
Un día anterior, el 6 de octubre, fue un día de protestas en el municipio de San Andrés Cholula, donde manifestantes integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna tomaron y cerraron la presidencia municipal.
También por la tarde de aquel día fue cerrada la avenida Camino Real y el Periférico Ecológico, por más de cuatro horas, lo que provocó un gran caos vial.
Ante el plantón el presidente municipal de San Andrés Leoncio Paisano, mantuvo un dialogo con los manifestantes, en el que se plantearon las exigencias.
Cerca de las 23 horas, el presidente municipal envió un ofrecimiento donde aseguró que no habría expropiaciones, sin embargo, lo rechazaron los manifestantes al señalar que no se clausuraba de manera definitiva el proyecto del parque en la zona arqueológica.
Por la madrugada, al lugar llegaron granaderos a desalojar al plantón, sin llegar a la violencia, para recuperar la presidencia municipal. Hasta el momento se habla de al menos cuatro detenidos en el operativo.
En un comunicado del ayuntamiento cholulteca, se afirmó que la toma de la presidencia municipal fue “de manera ilegal y violenta, desalojando al personal que laboraba, bloqueando los accesos e incluso soldando algunos de ellos e impidiendo el ingreso al inmueble”.
En el mismo, reconoce que durante el operativo de desalojo hubo resistencia de un grupo cercano a cien activistas, por lo que se aseguró a cuatro personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.
