Durante el contra-informe de Puebla Vigila se advirtió que las aspiraciones del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para el 2018 acabaron en julio de 2014, durante la represión en Chalchihuapan.
En rueda de prensa, Misraim Hernández Fernández, acompañado por representantes de diferentes agrupaciones, manifestó que hay acciones que no se olvidan, como el que el Ejecutivo sea considerado como el autor intelectual de la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, quien falleció por el impacto de una lata de gas lacrimógeno durante el desalojo violento de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, el pasado 9 de julio.
Cuestionó la llamada “ley Bala”, misma que permitió el uso de armas no letales contra los manifestantes de Chalchihuapan, que no ha sido abrogada por el Congreso del estado, a pesar de que tiene la iniciativa desde el 22 de julio pasado.
En la exposición se indicó que el estado ocupa los primeros lugares en marginación, violencia contra las mujeres, detención de luchadores sociales.
Además, la entidad es el segundo lugar en ataques contra periodistas, según el balance del tercer trimestre de 2014 que hizo Artículo 19. Ocupa el quinto lugar en pornografía infantil, con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).
También, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) destaca que el estado es el segundo lugar en robo a transeúnte.
Integrantes de Puebla Vigila reiteraron que hay un fracaso de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas con el desbordamiento de la inseguridad, pero sobre todo la represión en contra de los luchadores sociales.
En rueda de prensa cuestionaron la actuación del sistema judicial donde los jueces han estado al servicio del Ejecutivo, violando los derechos de los detenidos, a quienes se les impide que alcancen su libertad bajo fianza, pero se libera a los homicidas del menor José Luis Tehuatle Tamayo.
Alejandro del Castillo, representante legal de los detenidos en San Bernardino Chalchihuapan, dijo que el balance de la “tiranía morenovallista” es negro, además de que no hay una separación de poderes.
Consideró que sí es viable la desaparición de poderes en Puebla toda vez que tanto el Poder Judicial como el Legislativo dependen del Ejecutivo del estado, con un sistema absolutista donde los diputados y jueces siguen las órdenes al gobernador.
Cuestionó al juez tercero de lo penal en Atlixco, que en un día analizó 35 mil hojas para dictar auto de formal prisión a los cuatro detenidos de Chalchihuapan, y lo mismo ocurre con los magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, que ratificó el auto de formal prisión.
Dijo que Puebla es de los pocos estados del país en los que no existe un Consejo de la Judicatura, y no hay quién sancione a los jueces por actuar fuera de la ley.
Gabriela Cortez dijo que en lo que va de la actual administración se tienen registrados 240 feminicidios, de los cuales sólo se han esclarecido seis, y los demás siguen en la impunidad.
Apuntó que en el 2014, ya con la reforma legal y tipificación, se tienen documentados hemerograficamente 54 feminicidios.
Explicaron que se ha tratado de maquillar la información en torno a estos crímenes, pero el problema es grave, además la autoridad mantiene la ambigüedad para poder castigar a los homicidas.
Señalaron que hay omisiones por parte de la Procuraduría General de Justicia para castigar a los verdaderos culpables.
Por su parte, Araceli Bautista, madre del presidente municipal auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, dijo que el movimiento para la defensa de la identidad de los pueblos se mantiene, y no se van a dejar vencer.
La opacidad
La representante de la Contraloría Ciudadana, Aurora Medina, señaló que la administración del gobierno de Rafael Moreno Valle se ha caracterizado por la simulación y opacidad. Dijo que no se ha dado la transparencia del gobernador y se desconocen las cifras reales que maneja el gobierno.
