La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no sólo pone bajo llave la información que tiene del caso Chalchihuapan de Puebla, sino que responde de manera distinta las solicitudes de información hechas por medio de la Ley de Transparencia federal.
Y es que mientras entregó información con versión pública al periódico digital e-consulta, a Intolerancia Diario le reservó toda la información porque supuestamente el caso no estaba concluido.
Ambos medios de comunicación poblanos hicieron solicitudes de transparencia sobre el caso que ha cimbrado al gobierno de Puebla, tras la muerte del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, durante el desalojo de manifestantes de Chalchihuapan la autopista Puebla-Atlixco el 9 de julio de 2014.
Las dos solicitudes de información pidieron la documentación entregada por el gobierno de Puebla como respuesta a la recomendación de la CNDH 2VG/2014.
El periódico digital solicitó la información de manera digital el 4 de noviembre de 2014 bajo el folio 00061114, y fue entregada hasta el 8 de enero del 2015, tras la solicitud de una prórroga de entrega y las vacaciones decembrinas, que son contadas como asueto.
Mientras tanto, Intolerancia Diario solicitó la entrega de las copias simples de los documentos entregados por el gobierno de Puebla el 5 de noviembre bajo el folio 00061314, y fue entregada la respuesta de reserva el 12 de enero de 2015, con su respectiva prorroga.
Entre opacidad y respuestas a medias
La diferencia de las respuestas de la CNDH sobre un mismo tema es notoria, al reservar en un caso la información y en el otro entregar documentación “tachada” o de versión pública.
En el caso de la reserva de información a Intolerancia Diario, fue entregada por el director general, encargado de despacho de la sexta visitaduría y por el presidente del comité de información de la CNDH.
El primer documento, con firma al calce del señalado directivo, Gerardo Montfort Ramírez, señala textualmente:
“(…) al encontrarse en seguimiento de su cumplimiento, por parte de la autoridad, no se puede atender su petición.
”Tal situación se debe a que el seguimiento de la recomendación 2VG/2014, aún no está concluido y hasta agotar todas las posibilidades reales de su debida observancia, no es posible precisar si la autoridad dio o no cumplimiento en su totalidad (…)”.
Posteriormente, señala artículos constitucionales en los que supuestamente basa su decisión de reservar la información.
Por su parte, Gerardo Gil Valdivia, presidente del comité de información de la CNDH, con facultad de confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información, ratifica la fundamentación para la no entrega de los documentos solicitados.
En la respuesta al portal de internet noticioso, Gerardo Montfort Ramírez nuevamente no entrega detalles como nombres de los protagonistas sancionados por el gobierno poblano.
Sin embargo, da detalle del oficio JOG/0046/2014, entregado por el gobierno de Puebla para la creación del fideicomiso para indemnizar a las víctimas del zafarrancho de Chalchihuapan.
Se informó que la aportación inicial de 4 millones de pesos era para pagar las indemnizaciones y reparación de daño a las víctimas.
Y posteriormente entrega la documentación que entregó el gobierno de Puebla, con versión pública y de manera digital, lo que quiere decir que fueron tachados distintos datos.
En este caso, la respuesta fue muy distinta a la entregada a Intolerancia Diario, donde los mismos documentos fueron solicitados.
El mutis
El 18 de noviembre de 2014, apenas a unos días de haber sido nombrado presidente de la CNDH, Raúl González señaló que, junto con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, la violación grave a los derechos humanos en San Bernardino Chalchihuapan sería una de las prioridades.
Sin embargo, a casi dos meses de esa declaración, aún no ha emitido alguna postura el organismo nacional, sobre si el gobierno de Puebla cumplió con la recomendación emitida por la violación grave de los derechos humanos.
En esta comunidad, el 9 de julio, se enfrentaron manifestantes y policías estatales, resultando decenas de lesionados, entre ellos el niño de 13 años de edad José Luis Tlehuatle Tamayo, quien moriría 10 días después.
Tras una investigación de la CNDH, en la recomendación 2VG/2014, se determinó la responsabilidad de autoridades estatales en la violación grave de derechos humanos.
Entre las responsabilidades están la muerte del menor, por lo que emitió la recomendación de 11 puntos, que no se cumplieron a cabalidad, según un reporte del sexto visitador del organismo.
La respuesta
El gobierno de Puebla emitió una serie de mentiras o inconsistencias en el expediente que entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para comprobar que cumplió con la recomendación emitida por el caso Chalchihuapan.
Por ejemplo, el gobierno informó a la CNDH que el 16 de octubre ejerció acción penal contra 16 personas, sin embargo, en un comunicado, se mencionaron sólo 12 órdenes de aprehensión, 11 ya detenidos, seis policías y cinco presuntos manifestantes.
Además, los cinco de los habitantes de Chalchihuapan fueron detenidos el 18 de octubre, dos días después de lo que le aseguraron al organismo nacional.
Las detenciones se produjeron la madrugada del 18 octubre con lujo de violencia, cuando policías ministeriales llegaron a las viviendas, rompiendo puertas y ventanas a marrazos, y encañonando a niños y ancianos.
Además, un día antes de que el gobierno del estado emitiera el comunicado de que presuntamente cumplió con la recomendación 2GV/2014, la entregó a los periódicos El Sol de Puebla y Síntesis, para “cumplir” con la fecha establecida por dicho organismo.
El comunicado fue publicado hasta la página 4 de El Sol de Puebla el sábado 18 de octubre, mismo día que fueron detenidas cinco personas por la madrugada, luego de una incursión de policías ministeriales a la localidad de Chalchihuapan.
De este modo, las autoridades poblanas dieron este boletín de prensa como una nota periodística al organismo garante de los derechos humanos.
Además, se menciona que fueron invitados medios de comunicación al evento de la disculpa pública, celebrado a las 19 horas en el Centro de Convenciones, sin embargo, nunca existió alguna invitación, al grado que sólo se emitió el comunicado.
La publicación fue una de las pruebas que presentó el gobierno de Puebla a la CNDH, para demostrar que si cumplió con la recomendación, entre las que destacaba la disculpa pública, según una carta de la Sexta Visitaduría de la CNDH, emitida a las víctimas de Chalchihuapan.
El mismo comunicado fue emitido a todos los medios de comunicación hasta un día después de que lo hicieran exclusivamente a los mencionados diarios.
De acuerdo con la CNDH, el gobierno del estado notificó a través de la oficina del gobernador que el pasado 17 de octubre a las 19 horas se realizó el acto protocolario, y enlista a los funcionarios que participaron.
Señalan como prueba la entrega de las constancias que se levantaron para demostrar la entrega de las invitaciones, el texto íntegro de la disculpa, fotografías del evento y hasta un video del mismo, además de las publicaciones en los mencionados periódicos.
Pero los agraviados han denunciado que la invitación se las entregaron tres horas antes, y que ninguno de los habitantes de Chalchihuapan acudió al evento.
En la carta emitida por la CNDH para las víctimas de Chalchihuapan que la solicitaron, y firmado por José Zamora Grant, director de la oficina de Graves Violaciones a Derechos, se señala que el gobierno de Puebla sólo cumplió parcialmente la recomendación.
El informe de la CNDH fue emitido a Elia Montes Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, asesinado en el violento desalojo en Chalchihuapan, y a cinco habitantes más que resultaron afectados por las acciones policiales del 9 de julio.
Fue entregado el pasado lunes 10 de noviembre a través de un oficio (folio CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014) girado por la sexta visitaduría del organismo.
Según el informe, desde el pasado 12 de septiembre se suspendió a los tres mandos medios que más tarde serían despedidos por su responsabilidad en el fallido operativo.
Se informa además que al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, se le aplicó una amonestación pública, aunque hasta la fecha no se saben los montos.