La Organización de Naciones Unidas (ONU) comenzó investigaciones en Puebla por violación a derechos humanos en cuanto a presos políticos, para lo que envió a un visitador a iniciar las indagatorias que llegarían a una corte internacional, de ser necesario. Puebla atrajo las miradas internacionales junto con Guerrero y Oaxaca en cuestión a violación de las garantías individuales en México, donde el enviado de la ONU hará investigaciones.
Debido a esto, la ONU no descarta iniciar un juicio administrativo en contra del gobierno mexicano por el caso de presos políticos en Puebla, explicó el visitador del organismo, Marcelo Chalreo, de nacionalidad brasileña. El enviado fue entrevistado en las puertas del penal de San Miguel, donde conversó con Rubén Sarabia, mejor conocido como Simitrio, detenido hace unos días por el gobierno estatal.
Marcelo Chalreo, consultor del organismo internacional, detalló que su objetivo es documentar el caso de graves violaciones a las garantías de los llamados presos de conciencia, incluso podría visitar la comunidad de Chalchihuapan, donde el 9 de julio hubo un enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales, en el que murió el niño José Luis Tlehuatle Tamayo.
“Los presos políticos están juzgados por procesos arbitrarios, anticonstitucionales, ilegales, por eso venimos a demostrar apoyo y solidaridad a los presos políticos en el país. Pacto de San José de Costa Rica exige que se respeten sus derechos humanos”, dijo el también miembro del Colegio de Abogados de Río de Janeiro.
Durante la visita de Marcelo Chalreo, una tanqueta y por lo menos una decena de militares estuvieron por dos horas estacionados frente al centro de reclusión. El litigante brasileño explicó que la ONU podría fallar una posición condenatoria contra el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas por el encarcelamiento de dirigentes, activistas y campesinos.
Los casos de los presos políticos llegarían hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “si es necesario”, dijo, “y se haga justicia en Puebla”. Detalló que esto se debe a que existen irregularidades en el caso de los presos políticos en la entidad, que se encuentran recluidos sin sustento legal.
Cabe destacar que las autoridades estatales mostraron disponibilidad para el ingreso del enviado de la ONU sin mayor problema. “México se mantiene en la mira internacional por la violación constante de derechos humanos, por lo que Puebla también atrajo estas miradas internacionales”, explicó.
“Las faltas son graves, se violaron derechos civiles a la manifestación, expresión. Estaremos aquí todo el día, para ver de qué manera ponemos dar la batalla legal. Hay muchas opciones, los foros internacionales, tiene una advertencia y condena contra el gobierno de México, es necesario el proceso a través de organismos”, añadió el brasileño.

Los presos


Los más de 50 detenidos son integrantes de las organizaciones civiles Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y Ciudadanos Unidos por Cholula Viva y Digna, y de la comunidad de Chalchihuapan. Los llamados presos políticos de Puebla están siendo procesados, algunos en libertad bajo fianza, pero la mayoría en prisión sin derecho a salir bajo caución, algunos por delitos que van desde robo, hasta botín o cierre de carreteras.
Para los organismos sociales, las verdaderas causas de sus detenciones son el haber protestado por diversos planes del gobierno estatal y algunos del federal, que van desde el gasoducto, hasta la instalación del metrobús, el Parque de las Siete Culturas de Cholula, desaparición de mototaxis. También, cinco de estos presos son originarios de San Bernardino Chalchihuapan, quienes fueron aprehendidos luego de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras la muerte del niño de 13 años de edad, José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo.
El menor falleció 10 días después de un enfrentamiento entre policías estatales y manifestantes, en el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, por el retiro del Registro Civil a juntas auxiliares. Otro ejemplo es el de Adán Xicale Huitle, opositor de la expropiación de las tierras aledañas a la Gran Pirámide de Cholula para la construcción de un parque temático; está detenido desde el pasado 7 de octubre en el Cereso de Cholula.
Fue detenido cuando estaba en un plantón a las afueras de la presidencia municipal de San Andrés Cholula, el que realizaron luego de una manifestación en el que cerraron el periférico.