Cuatro opositores del gasoducto del proyecto Integral Morelos ganaron dos amparos que llevarán a su libertad inmediata y concluir sus procesos penales.
Tras 10 meses de proceso, mediante un recurso de amparo, en las próximas horas está por decidirse la libertad de la presa política y opositora del gasoducto, Enedina Rosas Vélez, quien tiene un arraigo domiciliario desde hace un año; además, de la exoneración de tres perseguidos políticos.
Mediante un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala informaron que el proceso penal 121/2014 del Distrito de Atlixco será definido por la justicia federal.
En este proceso se encuentran implicados Enedina Rosas Vélez en calidad de arraigo domiciliario, Carmelo Rosas Vélez,  Avelino Velázquez Tapia y Juan Carlos Flores Solís.
Estos últimos están en calidad de perseguidos con orden de aprehensión, todos por los delitos de obstrucción de obra pública y robo agravado en agravio de José Alí Reyes Méndez y empresa Bonatti SPA el día 7 de marzo de 2014.
El juez de Atlixco deberá decidir sobre los amparos 653/2014 del juzgado 11 de distrito a favor de Enedina Rosas Vélez.
Además, el amparo 803/2014 del juez primero de distrito a favor de Juan Carlos Flores Solís, quien ya fue liberado hace unas semanas, gracias a otro amparo ganado ante la justicia federal en el que demostró las irregularidades de su aprehensión.
Ambos juzgados ampararon a los quejosos para efectos de dictar un nuevo auto el juez de Atlixco y ambos acordados por separado, pero en la misma fecha del 10 de febrero de 2015.
Las cuatro personas han sido perseguidas y detenidas, después de llevar dos años de oposición contra la construcción del gasoducto del proyecto Integral Morelos, el cual cruza la zona del volcán Popocatépetl. Los presos políticos denunciaron la peligrosidad y los daños ecológicos en la zona por dicha construcción.
Este proyecto lo realiza la Comisión Federal de Electricidad, apoyado por el gobierno del estado; inclusive, solicitaron la vigilancia del Ejército Mexicano, ante la oposición de los pobladores de las comunidades.
Entre Puebla y Morelos conjuntan ocho detenciones de activistas que se oponen a la construcción.
 
Los amparos

Después de interpuesto el amparo 653/2014 el 28 de abril de 2014, en el Juzgado 11 de Distrito en Puebla, diez meses después, se ampara a Enedina Rosas Vélez contra el auto de formal prisión.
Por lo tanto, el juez de Atlixco debe dictar uno nuevo, ya sea de libertad o de formal prisión.
En el Juzgado de Atlixco, a principios de diciembre de 2014, la defensa legal de Enedina Rosas  interpuso un “Incidente de Libertad por Desvanecimiento de Datos”.
Se entregó como prueba copia certificada de las actas de gobierno donde se comprueba que Juan Carlos Flores no estaba en ese momento en Atlixco.
Dichas actas fueron proporcionadas por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, defensa jurídica de Juan Carlos Flores, al Centro de DH Miguel Agustín Pro.
Desde un inicio la defensa legal de Enedina Rosas estuvo a cargo de la organización o bufete de Mario Vélez Merino.
“Como Frente de Pueblos respetamos la decisión de los familiares de Enedina de mantener con ellos la defensa legal, pues la defensa inicialmente iba a estar a cargo del compañero Juan Carlos, pero lo detuvieron desgraciadamente”, aclararon en el comunicado.
Ahora, la defensa de Juan Carlos Flores entregó a la Procuraduría General de Justicia  copias certificadas de las licencias de Construcción del gasoducto Morelos en Atlixco.
Con los documentos públicos se demuestra como prueba plena, que no se constituye el cuerpo del delito de obstrucción de obra pública.
La obra no contaba con permisos hasta el mes de marzo de 2014, lo que  además demuestra que la empresa Bonatti SPA actuó de mala fe, al entrar sin permisos ejidales y municipales correspondientes, al ejido de San Felipe Xonacayucan.
En esto basaba la denuncia penal contra las autoridades ejidales que se oponen al proyecto del Gasoducto Morelos, interés económico y contractual de la empresa Bonatti SPA.
Estos documentos fueron entregados vía de oficio dirigido a Enrique José Flota Ocampo, Fiscal General Jurídico de Derechos Humanos y Atención A Víctimas de la Procuraduría.
 
La persecución política y económica

Señala además el Frente de Pueblos que la encarcelación de Enedina Rosas y la persecución de Avelino Velázquez Tapia, ambos autoridades agrarias de sus comunidades, contribuyó al miedo de estos pueblos originarios y la imposición del gasoducto en su territorio a través del ejército y la policía federal y estatal. 


“Es claro y comprobable que con el uso de la demanda penal, la empresa Bonatti SPA se favoreció para dar cumplimiento a sus objetivos económicos y contractuales, a través de la acusación ilegal de los cuatro compañeros Enedina Rosas Vélez,  Carmelo Rosas Vélez,  Avelino Velázquez Tapia y Juan Carlos Flores Solís”.


Señalaron en la causa penal 121/2014, la empresa nunca mostro el contrato contractual que tenía con la Comisión Federal de Electricidad o a nombre de empresa Gasoducto Morelos SAPI de CV.
Por lo tanto, no acredito debidamente su interés jurídico en la obra, pues los permisos no están  a nombre de Bonatti SPA, sino de Gasoducto Morelos SAPI de CV, no mostrar el contrato significa no mostrar la transparencia de la obra, de sus intereses y objetivos.
Señalaron que en el caso de Juan Carlos Flores en su defensa de amparo se obtuvieron dos pruebas documentales públicas con pleno valor probatorio irrefutables, donde se comprueba.
“Juan Carlos Flores Solís no estuvo en Atlixco en ese momento y entonces se demuestra la falsedad de declaración de José Alí Reyes Méndez.
”Si mintió en el caso de Juan Carlos, pudo mentir en todas sus declaraciones, perdiendo la calidad, y el beneficio de declarar con buena fe en sus testimonios”.
En el segundo punto señalan que Donato Santomauro, representante legal de Bonatti SPA, dijo tener todos los permisos para construir el gasoducto y así levantar una demanda.
La denuncia versaba en la obstrucción de obra, robo de un celular propiedad de la empresa y un monto de afectación por 705 mil 879 pesos.
Según la denuncia presentada por Donato Santomauro, el 14 de marzo de 2014, la cifra era reparar por parte de los campesinos, según ellos “delincuentes” todas las afectaciones. 
Pero se demostró se demuestra con  las licencias de construcción de fechas posteriores al hecho supuestamente delictivo, que Donato Santomauro también mintió en su declaración para inculpar injustamente a los activistas.
“Con estas pruebas en los juzgados federales y común sería una aberración jurídica no declarar inocentes a los compañeros Enedina Rosas Vélez,  Carmelo Rosas Vélez,  Avelino Velázquez Tapia y Juan Carlos Flores Solís”.