El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Francisco Rodríguez Álvarez, advirtió que un solo caso de feminicidio o la desaparición de una mujer son una alerta para la sociedad y por ende “es necesario emprender una campaña de valores para combatir la violencia de género”, comentó.
Tras las cifras que dieron a conocer los colectivos que presentaron la Agenda Política de las Mujeres, donde ubican a Puebla como un “foco rojo en violencia de género”, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local señaló que analizará las cifras dadas a conocer “pero el simple hecho de un homicidio por odio de género implica que haya una alerta”.
Comentó que se trabaja con colectivos y se ha establecido que se deben definir los agravantes en el caso de homicidios de mujeres porque no todos tienen el agravante de odio contra el género “habrá que ver las normativas de las propias fiscalías”.
Señaló que cada vez que se ven este tipo de datos, sobre todo cuando se ven involucradas niñas y jovencitas, hay que retomar el tema de valores e integración familiar.
Rodríguez Álvarez expresó que no es solo un acto de autoridad el que pueda generar un paliativo de manera inmediata ante este tipo de casos, “el camino es a largo plazo y la formación en la familia es clave”.
Recordó que los reportes señalan que la mayor parte de la violencia de género se da al interior de la familia.
Comentó que hay proyectos como las “recámaras rosas” para dar las condiciones a las niñas, que no haya hacinamiento y se evite la agresión.
Franco Rodríguez reconoció que en la Comisión de Equidad de Género se ha trabajado; no obstante, insistió, “un solo caso de este tipo amerita la acción por parte de la autoridad”.
Ponen orden en empresas
Asimismo, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez, confirmó que de las 200 empresas de seguridad privada, la mitad ya se regularizó.
Lo anterior lo declaró previo a la aprobación de una reforma a la Ley de Seguridad enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle, que les da a estas empresas un plazo de 30 días para solventar las observaciones que les haga la Secretaría General de Gobierno, organismo que los regula.
En sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, se dictaminó por unanimidad la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada, en la que se adiciona el capítulo III al titulo Sexto por lo que se le proporciona a los empresarios una posibilidad jurídica, pues en la actualidad sólo recurren al Juicio de Amparo indirecto.
Al respecto, el presidente del órgano colegiado, Francisco Rodríguez Álvarez explicó que esta reforma se le da oportunidad al gobernado de establecer su inconformidad con la resolución impugnada a través del recurso de revocación.
“La ley contempla el recurso de amparo, que ese es un derecho que tenemos todos de manera indirecta, pero aquí se está dando un filtro más a favor de los permisionarios, antes de llegar a un juez”.
Francisco Rodríguez destacó que como apenas entró en vigor la Ley de seguridad Privada, se están refrendando los permisos a estas compañías bajo el nuevo ordenamiento legal.
Por ello es que la mitad de estas empresas han cumplido con los requisitos.
“Lo que tengo entendido es que iban alrededor de casi cien que lo habían refrendado de un padrón de 200 que antes estaban dadas de alta la procuraduría general de Justicia. Si no mal recuerdo hoy el 50 por ciento ha cumplido con la normatividad”.
A la par dijo que no se puede pensar que estas compañías “cachen” a elementos de otras corporaciones públicas que fueron dados de baja por no pasar las pruebas de control de confianza o a quienes están involucrados en bandas delictivas.
