El Congreso local aprobó —con votación dividida— las reformas al Código de Procedimientos Penales en los artículos 413y 413 bis, mejor conocida como ley Antigrafiti. Ahora se castigará hasta con seis años de prisión a quien dañe la propiedad pública y privada.
Durante la sesión, el diputado Eukid Castañón Herrera —promotor de la reforma— señaló, “el documento no es contra el grafiti, sino en contra de quienes dañen la propiedad”. 
El legislador panista indicó que se tomaron en cuenta todas las opiniones; no obstante, los diputados de izquierda Socorro Quezada Tiempo, Lizeth Sánchez García, Mariano Hernández Reyes y Julián Peña Hidalgo votaron en contra; en tanto, el priista Pablo Fernández se abstuvo.
El entrevista, la diputada local y presidenta estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, advirtió que el Código Penal y el de Procedimientos establecía antes de la reforma solo de cuarenta días a cuatro años de prisión “y hoy suben de dos a cuatro años y ahora se señala que quien de manera dolosa afecte el patrimonio de la ciudad o del estado puede tener un castigo hasta de seis años ya que es considerado como delito grave”.
Expresó que por esa situación votó en contra y aseguró que los legisladores sabían que si no se quitaba ese apartado —de considerarlo como un delito grave— así iría la votación, pues lo más delicado es que ahora el grafiti se equipara con un homicidio el daño a la propiedad.
“Es lamentable que no se tenga tipificado el feminicidio como tal; además, que hay crímenes de odio que han quedado impunes. El 11 de marzo se cumplieron tres años del asesinato de Agnes Torres y no hubo pronunciamiento, preocupa más una pinta”, sentenció la dirigente estatal del Sol Azteca, Socorro Quezada. 
 “Vale más un monumento que la vida humana, por eso se vota en contra, no es posible que se quiera criminalizar algún tipo de protesta.
”Qué bueno que podamos proteger la propiedad pública y privada; sin embargo, hay cuestiones más importantes como el hecho de que en de la ley contra la discriminación, presentada en diciembre del año pasado, la cual tiene que ver con la dignidad de las personas, y el documento no se ha pasado a comisiones ni se ha dictaminado”.
Es lamentable, comentó, el nulo interés por discutir iniciativas de este tipo y se de prioridad a las sanciones  para proteger el patrimonio que ahí se quedará. “Para mi es más importante proteger los derechos humanos que el sancionar una manifestación y si se hace un recuento sobre quienes se manifiestan  son los jóvenes”.
Por último, la diputada perredista sostuvo, “vamos a tener las cárceles llenas de jóvenes, y cuando se presentó la iniciativa ya hubo una pinta. Criminalizando la protesta no se resuelve el problema”.

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Los diputados  aprobaron considerar como delito grave el grafiti solo cuando sea en inmuebles históricos o arqueológicos, con una pena de 3 a 6 años de prisión.
Pese a que se dijo que se eliminaría el término “pandillerismo” este seguirá vigente en los términos actuales dentro del artículo 185, pero ya no será modificado como se planteó una vez que se alcanzarían hasta 12 años de prisión de acuerdo al documento inicial.
El diputado Eukid Castañón Herrera reiteró que no existe la intención de “violar la libertad de expresión de las personas”.
No obstante, expresó que el espíritu de la ley es el proteger la propiedad privada y lo importante es que se va a garantizar la reparación el daño que se cauce a los inmuebles, e indicó que el documento este tuvo modificaciones luego de una consulta en la que participaron los diferentes grupos sociales, incluso los propios grafiteros, además de representantes de la sociedad.
El delito grave que será castigado con una pena de tres a seis años de prisión será cuando el daño se cometa en contra de inmuebles catalogados como históricos o arqueológicos, y en ello no alcanzarán la libertad bajo caución.
Expuso que en las modificaciones entra el llamado trabajo comunitario de tres a seis meses para conmutarlo por la prisión en caso de que haya una sentencia.
Sobre el tema del perdón en caso de un inmueble público dijo que será por medio de la mediación con la autoridad.
Explicó que no siendo un delito grave se podrá darse el perdón de la parte afectada; además, se garantizará la reparación del daño.
“Se equilibrarán las multas y sanciones en función de la gravedad del daño y del tipo de bien e inmueble que sea afectado, pues en primera instancia se dejará claro la diferencia que existe entre grafiti”.
Comentó que se valoró el tema de la proporcionalidad, tal como lo ha estipulado la Suprema Corté por lo que analizamos las sanciones, no podemos decir si serán dos tipos de sanciones para un mismo delito o no”.
Aclaró que con esta reforma se busca respeto hacia los inmuebles públicos y la propiedad privada que está haciendo afectada por pintas, no sólo en el Centro Histórico de la capital, sino en la periferia y otros municipios.