Más de 500 trabajadores del gobierno del estado fueron dados de baja sin previo aviso y sin finiquitos como marca la ley.
En una nueva oleada de despedidos se encuentran personal de la Secretaría General de Gobierno, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, así como de Parques y Jardines, Registro Civil; además de las secretarías fusionadas como Infraestructura y Transportes.
Los despedidos formaban parte del personal sindicalizado con base, quienes fueron sorprendidos la mañana de este martes con la noticia que serían dados de baja, en algunos casos con 20 a 40 años de antigüedad a quienes incluso se les niega la pensión.
Los afectados señalan que no solo fueron avisados de las bajas, sino también les están negando el finiquito, por lo que procederán contra el gobierno de Puebla.
El titular del área de Asuntos de Gestión Financiera del CECAP, Alejandro Saavedra Peimbert, fue el encargado de comunicar las bajas al personal del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
El funcionario estatal leyó a más de 120 personas un comunicado en el que señalaban que las bajas se deben a la baja en los precios internacionales del petróleo, por lo que la administración estatal sufriría un recorte presupuestal.
Les recomendó tramitar sus jubilaciones a quienes ya contaran con los años de antigüedad necesarios, pues no se contempla la entrega de finiquitos.
“Injustamente nos acaban de avisar que estamos despedidos, jubilados y no jubilados, en trámite o no, nos acaban de avisar que desde el lunes ya no estamos trabajando”, señaló Doña María, quien lleva en el gobierno del estado más de 33 años de servicio.
La mayoría de las bajas son personas de la tercera edad, quienes fueron citados a las 15 horas en las instalaciones del San Pedro Museo de Arte, para ser informados de que por cuestiones presupuestales quedaban despedidos.
“Somos trabajadores del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, desde este día ya no nos dejaron checar, y más tarde nos comunicaron que estábamos despedidos”, dijo otra afectada.
“No es justo, queremos que nos respeten nuestros años de antigüedad, solo nos faltan algunos meses para podernos jubilar”, señaló con lágrimas en señal de la impotencia y con zozobra de su futuro.
Tras las bajas, los despedidos marcharon sobre la 4 Oriente hasta llegar al bulevar 5 de Mayo, para enfilarse hacia la Calzada Ignacio Zaragoza y acudir a las oficinas del sindicato de Trabajadores al servicio de los Poderes del Estado de Puebla para solicitar el apoyo de su líder sindical, Rosalía Barranco.
Señalaron que el gobierno del estado no pretende indemnizarlos, y no están dispuestos a formar su renuncia o baja, ya que la principal demanda es su reinstalación, sostuvieron, a la par, de que este miércoles acudieran ante las instancias laborales para formular las demandas laborales, y solicitar la protección de la justicia federal.
Hace unos días, el gobernador Rafael Moreno Valle anunció que su administración aplicaría ahorros en el gasto administrativo para no incurrir en despidos, ante la baja de recursos federales que el estado sufre debido a la disminución de los precios internacionales del petróleo.
El pasado 5 de marzo, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) señaló una reducción del siete y hasta el 10 por ciento en el salario de funcionarios de primer nivel, con la intención de atenuar el decremento en los recursos.
Se suman a la lista
En los primeros tres años de la administración, en las 62 dependencias —incluidas las descentralizadas—, fueron despedidas 12 mil 79 personas, reveló Intolerancia Diario en una investigación de más de 36 meses.
Hasta el año pasado, del total de bajas apenas 110 extrabajadores recibieron finiquitos, lo que significa que uno de cada cien despedidos o menos del uno por ciento fue indemnizado, según una respuesta de la Secretaría de Finanzas bajo el expediente 136/SFA-08/2013.
Entre los despedidos hubo desde jardineros, docentes, electricistas, obreros, médicos especialistas, hasta directivos de alto nivel.
Finalmente se pudo documentar el total de despedidos, luego más de dos años y medio de interponer 34 solicitudes de información y ganar dos juicios de amparo, ante la negativa del gobierno de entregar los datos.
La excusa en la mayoría de los casos del recorte del personal, era un adelgazamiento de la nómina, sin embargo no fue así, ya que también se documentó que los puestos se cubrieron en su mayoría sin desaparecerlos.
Además, según otra respuesta de acceso a la información, de los más de 10 mil derechohabientes fueron dados de baja del ISSSTEP, en apenas los primeros dos años del sexenio, otras 7 mil personas fueron contratadas.
Según los números de altas y bajas, tan solo en el primer tercio del sexenio, se perdieron más de 3 mil 300 prestaciones de este tipo.
De los 12 mil 79 despedidos, solo tres exfuncionarios públicos fueron compensados con finiquitos que van desde los 600, hasta cerca de 900 mil pesos, mientras centenares siguen en litigios congelados.
