Burócratas despedidos recurrirán al amparo colectivo en caso de que el gobierno del estado se niegue a su reinstalación o al otorgamiento de una jubilación digna, de acuerdo a los años de trabajo que tenían.
Este martes, más de 500 empleados del gobierno estatal, algunos con más de 30 años de servicio, fueron informados de sus bajas laborales y se les advirtió que sólo se les pagaría una quincena más como liquidación.
Después del despido, los burócratas solicitaron el apoyo del sindicato; sin embargo no han tenido el respaldo de sus líderes ni de los diputados locales.
Durante la mañana del jueves, los afectados acudieron al Congreso de Puebla a solicitar la intervención de los diputados locales para conseguir sus jubilaciones, ser reinstalados y en algunos casos las liquidaciones conforme a la ley.
El grupo de trabajadores se presentaron en la sede del Poder Legislativo de la 5 poniente para entrevistarse con alguno de los 41 diputados locales y expresarles los detalles del despido injustificado de 500 de ellos, pero los representantes populares no los recibieron.
El representante de un grupo de alrededor de 50 trabajadores —que pidió el anonimato— señaló que de forma arbitraria, el pasado martes, el coordinador financiero del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Alfredo Saavedra, les notificó su despido.
Agregó que sin mayor información les señaló que debían despedirse de sus puestos de trabajo debido a que el recorte presupuestal generó un ajuste en la nómina de la administración estatal.
Señaló que hay personas que estaban a punto de iniciar su proceso de jubilación por lo cual les resulta injusto que hayan sido dado de baja sin el pago de una liquidación como lo marca la ley.
Advirtió que de no encontrar una solución a su problema recurrirán a un amparo colectivo que depositarán ante las instancias federales para que sean reinstalados aquellos trabajadores que tenga derecho a ello, se jubilen quienes cubran el requisito para este proceso y se liquide conforme lo establece la ley a los que menos tiempo tienen trabajando en la administración estatal.
El pasado miércoles, el diputado priista Pablo Fernández del Campo indicó que su partido no es corresponsable de que se haya dado el recorte de personal con la reingeniería; además, analizarán caso por caso ya que se advierte que la gente no laboraba en dependencias que se fusionaron sino en otras áreas.
Fernández del Campo señaló que cualquier despido es lamentable y mucho más si este no se realiza conforme lo establecido en la ley por lo que dijo la administración estatal deberá justificar el recorte de personal que está realizando y las condiciones.
Expresó que la baja en las participaciones federales y la reingeniería que emprendió el gobierno de Puebla no pueden ser argumentos para despedir a gente que ha prestado por muchos años sus servicios a la administración estatal.
“La respuesta es contundente y es no, nosotros no somos corresponsables y que asuma su responsabilidad a quien le corresponda, nosotros no somos los patrones. En términos contractuales y laborales siempre va estar sujeta ente un patrón y un trabajador y mientras esté al amparo de la ley y se cumpla lo que la ley establece”.