El gobierno de Puebla no solo oculta el sueldo de Diódoro Carrasco Altamirano, recién nombrado como representante del gobierno de Puebla en el Distrito Federal, sino también la cifra reales de despedidos en las últimas semanas.
La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) ha tratado de evadir sendas solicitudes de información mediante la Ley de Transparencia del estado de Puebla, mediante distintas argucias para la opacidad.
 
El salario oculto


Desde el 18 de marzo pasado, Intolerancia Diario solicitó el sueldo del nuevo funcionario estatal en la capital del país, Diódoro Carrasco, quien fue contratado justamente en medio de los recortes de nómina como medida de austeridad.
Pero en lugar de enviarse la respuesta por vía electrónica o Infomex como fue solicitado bajo el folio 105915, se cambió la modalidad de entrega sin ninguna justificación.


“Informar el sueldo desglosado con compensación que recibirá Diódoro Carrasco Altamirano, recién nombrado como representante del gobierno de Puebla en el DF”, fue lo solicitado.


La respuesta llegó un mes después, el 17 de abril, la que se puso a disposición o in situ, lo que quiere decir que se tiene que ir a ver la a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración, sin oportunidad de obtener una copia, ni siquiera una fotografía. Todo mediante una cita previa.
Sin embargo, desde ese día a la fecha, la encargada de la unidad administrativa de Acceso a la Información (UAAI) de la SFA, Erika Rojas, no logra agendar una cita para presentar la información requerida.
Mediante llamadas telefónicas se ha solicitado insistentemente la cita, para lo cual da largas en la dependencia de la coordinación general jurídica de la SFA.
“El área no me ha dicho cuándo puedes venir a la cita, de hecho ahorita ya me fui a buscar para presionarlos, porque me da pena que estés marcando y marcando y no pueda darte una solución”, es parte de las excusas. 
“De todos modos tengo tu celular, me da pena marcarte sino te tengo una respuesta”, dijo al prometer la llamada que hasta la fecha no ha llegado.
 
Los despidos, bajo llave

Mientras tanto, en la solicitud 114115 en la que se pidieron cifras exactas del número de burócratas despedidos, también se evadió al señalar que no tienen la palabra “despedidos” de manera oficial.
La solicitud fue: Informar mes por mes el número de despedidos por cada una de las dependencias centralizadas del gobierno estatal desde el 1 de junio de 2014, hasta el 24 de marzo de 2015.
Para evadir la respuesta se indicó, que el artículo 43 de la Ley de trabajadores al Servicio del estado solo marca que la relación laboral terminará por renuncia Voluntaria, término de contrato, jubilación o pensión, incapacidad física o mental, fallecimiento, cese o recisión laboral, inhabilitación y termino de funciones, pero no existe la palabra “despido”.

Intolerancia Diario siempre utiliza la palabra “despido” en al menos 40 solicitudes de información previas, con las que se documentaron más de 12 mil bajas en los 2 primeros años de gobierno.
Ninguna dependencia, incluida la SFA había argumentado que por la palabra “despedido” no se podía entregar la información.
Como por ejemplo en la solicitud 154613, donde se pidió el número de casos de despido injustificado que en 2013 se estaban litigando.
Se habla extraoficialmente que la cifra de despedidos en los últimos dos meses, tan solo de personal sindicalizado o con base, llegaría a las mil 500 personas, la que puede aumentar con la gente de confianza o de honorarios.
Ahora la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) será la encargada de revisar esta situación.
 
El contraste

La Puebla transparente está aún muy lejos de la realidad. Aquel lugar cuarto lugar a nivel nacional en ley de transparencia, queda muy lejano cuando alguna UAAI pone toda costa trabas para que los datos no sean revelados al ciudadano común y si es reportero, con más razón.
Intolerancia Diario realizó en julio del 2012 un ejercicio periodístico en el que quedaron al desnudo todas estas deficiencias en las UAAI de organismos descentralizados, donde la incapacidad o incompetencia-forzada en algunos casos- fue la constante.
La pregunta fue la misma para 30 entidades de gobierno: ¿Cuántos despedidos se han registrado en su dependencia desde el 1 de febrero del 2011?
La respuesta fue la misma en cada una: “bloqueo y burocratismo”.
Desde entonces, las UAAI buscaron argucias legales en la ley de transparencia, al poner a disposición la información o in situ.
A las oficinas que si se acudió la sorpresa no fue tan grande, cuando se entregaron papeles realizados en computadora. La digitalización si existía y desnudó la orden del bloqueo.
Además, solicitar la credencial de elector para la entrega de la información es una práctica común.
En todas las oficinas a pesar de que la ley marca tiempos determinados de entrega, casi siempre se cumple días después, ya que señalan los encargados que tienen que hacer la requisición nuevamente al área que tiene la información.
Así fue el caso en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, quienes aunque cumplieron, señalaron los encargados de la UAAI, que no tenían ahí los documentos porque son muy pocas personas las que realmente van a recogerlos.

Por lo mismo prefieren esperar a que el solicitante llegue a sus oficinas de la 3 oriente 209, para citarlo nuevamente otro día para la entrega de la información, sin importar que el ciudadano de más vueltas.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (Issstep), el problema de la no entrega de los datos solicitados pudo pasar a mayores.
El encargado de la oficina José Alberto Peña Sánchez, entonces secretario de la mencionada área, cuando se le mencionó que sería grabada la explicación de por qué no entregaban los datos, amenazó con mandar a traer personal de seguridad para evitarlo.
Posteriormente, más tranquilo, explicó que la información no había sido entregada por el área correspondiente, en este caso la oficina de Recursos Humanos, simplemente porque no habían encontrado a la titular.
Sin embargo, afirmó que los datos serían proporcionados aquella misma semana —6 de septiembre 2012— pero se tenía que esperar a una llamada telefónica para avisar que ya estaba la información, la que nunca llegó.
En el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatep), un día antes (martes) citó a este medio de comunicación al mediodía de un miércoles con la promesa de entregarse la información.
A la hora de la cita no hubo nadie en la oficina para entregar el documento, ya que su titular Eduardo Montealbán García había salido de Puebla y regresaría hasta el próximo lunes para continuar con el trámite burocrático.
La Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, se cuece aparte, ya que aunque no negaron la información, si la bloquearon a pesar de que fue solicitada vía Infomex.
El sujeto obligado afirmó no tener digitalizada la información, por lo que la ponía a disposición, pero al asistir a las oficinas ubicadas en Avenida de Los Palos S/N San Pablo Xochimehuácan Puebla, no se encontró al titular por lo que con esa excusa no se entregó la información solicitada.
Posteriormente, se informó que se tenía que pagar el costo de alrededor de 800 copias de los expedientes de las bajas de la corporación, con un costo de 2 pesos cada una.
Posteriormente, al final se documentó que más de 12 mil personas fueron despedidas en los primeros dos años del actual sexenio, gracias a recursos de revisión e incluso amparos federales.