Con la fuerza pública, el gobierno del estado expropió un terreno de una manzana de extensión en la zona aledaña a la Gran Pirámide de Cholula, donde se hacen trabajos de remodelación.
Elementos de la policía estatal y municipal de San Andrés Cholula llegaron al predio que forma parte del proyecto antes denominado de las Siete Culturas.
Antes de las ocho de la mañana de este lunes, los uniformados llegaron al lugar. Xochitl Formacio, confirmó el operativo policiaco al señalar que hubo la presencia de al menos cuatro grúas para llevarse los vehículos que se encontraban en el predio.
El terreno estaba siendo utilizado como una especie de corralón de vehículos descompuestos, incluyendo unidades del transporte público, particulares y mototaxis.
“El desalojo se llevó sin la presencia del propietario, esto lo hacen bajo el término de la ley de expropiación del decreto del 2014”, señaló la activista cholulteca.
“Nosotros estamos en contra de esto porque lo hacen en un operativo realmente grande, para que la gente de Cholula no se acerque, nos están queriendo meter miedo en este tipo de actividades que realizan”, sentenció ante la prensa.
Aseguró que se hace de este modo debido a que el pueblo no aprueba las obras alrededor de la zona arqueológica de Cholula.
“Saben que el pueblo no va a dejar que el parque siga avanzando, nosotros seguimos en la postura de defender nuestro territorio y ante eso nos sumamos a esta queja”.
“El dueño es el gobierno del estado”
Por su parte, Edgar Gómez, funcionario del departamento de muebles e inmuebles de la Secretaría de Finanzas, quien acudió a la expropiación, arguyó que el terreno es del gobierno estatal.
Reveló que forma parte del decreto expropiatorio del 26 de agosto de 2014, el que se está ejecutando, por lo que se llevarían las unidades que estaban en el predio.
“Lo único que vamos a hacer es trasladarlos (…) el dueño es el gobierno del estado”, dijo al desconocer quién era el propietario del terreno expropiado.
Indicó que en el momento en que el ex dueño del terreno podrá acudir por sus unidades con el gobierno estatal, los que se le entregarán una vez que acredite la propiedad.
La promesa
A principios de octubre de 2014, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas anunció que ya no se expropiarían terrenos en la zona arqueológica de Cholula y se quedarán como de uso agrícola.
“Ya les explique físicamente en el sitio que no se requieren y yo entiendo que les preocupa la preservación del entorno, es decir ellos planteaban que una vez que se lleve a cabo el proyecto y que haya una plusvalía importante, pues sería muy lamentable que junto a la pirámide empiecen a hacerse desarrollos habitacionales y temas de esa naturaleza o de vivienda, comerciales”, dijo.
“El proyecto del gobierno estatal, insisto es el tren, uno que iría del Museo del Ferrocarril de Puebla capital hacia la pirámide de Cholula, el derecho de vía ya está adquirido, no se tiene que hacer ninguna compra de terreno, ninguna expropiación, ya se habló con Ferrusur, con la SCT, tenemos todo el derecho de vía”, señaló a reporteros.
Pero si advirtió que se tendrían que hacer fuertes inversiones en algunas zonas donde la vía está muy desgastada, “posteriormente a donde llegaría el tren hay una calle que tendría que arreglarse, ya tenemos la validación del INAH, para ese proyecto especifico y es la calle donde se encuentra el psiquiátrico”.
Días después el 10 de octubre, Leoncio Paisano señaló que se cancelaba todo proyecto en la zona arqueológica.
Aunque desde entonces adelantó que solo se “embellecerían” las más de tres hectáreas y media que adquirió el municipio en todo este proceso.
—¿Se cancela el parque?
—El parque como tal ya lo anunció el gobierno del estado, se va a llevar a cabo el Museo, lo del Tren Turístico y lo del parque por nuestra parte no hay nada.
—¿Ya no van a comprar terrenos?
—No ya no, de antemano ya con los propietarios que logramos el acuerdo, posteriormente vamos a embellecer esa zona.
La ley del Despojo
El 13 de marzo de 2014 fue el día cuando las reformas a la Ley de Expropiación en Puebla fueron aprobadas por el Congreso.
De este modo se permite al gobierno estatal incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que la autoridad notifique previamente por escrito a los afectados de tal acción.
Pero si los afectados optan por interponer un procedimiento jurídico, no se obligará al gobierno del estado a abandonar o suspender la obras que se desarrollen en los bienes expropiados.
En caso de que la autoridad judicial favorezca a los demandantes, la administración estatal tendrá que indemnizar en caso de que existan daños estructurales, pero el pago de estos estará sujeto a la capacidad presupuestal de gobierno.
Además, si el bien o los bienes expropiados no se usan para los fines de utilidad pública, la acción de reversión podrá interponerse después de dos años, a partir de la fecha de publicación del decreto correspondiente en el Periódico Oficial del estado y dentro de un término de 90 días hábiles, de lo contrario la inactividad procesal dará origen a la caducidad de la instancia.
Asimismo, si el inmueble que se pretenda revertir, registra mejoras que incrementen su valor, éstas deberán ser pagadas por el expropiado antes de que se ejecute la reversión, y según la cuantificación que realice el gobierno estatal en materia de catastro.
