En Puebla, desde 2007, existen más de 3 mil casos de desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales, en su mayoría jóvenes que habitan la zona conurbada.
Así lo afirmaron integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), al reconocer que únicamente se tiene el caso documentado de Fermín Matías, detenido, desaparecido y ejecutado en 2009.
Señalaron que la cifra se basa en un estudio de números oficiales, además de notas periodísticas y lo compartido por familiares, quienes siempre piden anonimato, con el mismo temor por el que no denuncian.
Cristina Rojas, integrante de la organización, comentó que el 20 por ciento de las desapariciones son mujeres, quedando en la imposibilidad de contabilizar a quienes han sido objeto de desplazamiento por falta de empleo, hambre y violencia institucionalizada.
Indicó que las cifras oficiales son manipuladas y rasuradas, por ejemplo la Procuraduría General de Justicia (PGJ), tiene contabilizadas 363 desapariciones.
Además, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, indica que en Puebla hay 789 desaparecidos entre 2007 y 2009.
“Ante la violencia institucionalizada que se mantiene en prácticas como la desaparición forzada y el terrorismo de Estado, se hace necesario arribar a la articulación de familiares de víctimas, organizaciones populares y organismos defensores de derechos humanos, que se haga frente a esta política represiva del Estado mexicano en contra del movimiento popular”, señaló.
Lo anterior fue informado en rueda de prensa para anunciar las acciones en la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido y cierre de la Gira Nacional “Desaparición Forzada en México, caso: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad.
Se explicó que este 25 de mayo se cumplieron ocho años de la detención y desaparición forzada de ambos luchadores sociales de Oaxaca.
A ambas personas, se afirma que el Gobierno los detiene y desaparece por su condición de revolucionarios y su militancia en el PDRP y EPR.
 
De todo
Por su parte, Izael Sampedro, representante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), señaló que en términos generales hay una deficiencia, porque no hay una clasificación de desapariciones forzadas.
Explicó que en México se tiene catalogados como no localizados o extraviados, con lo que se minimiza el impacto de lo que sucede.
“El Estado mexicano de manera perversa pretende deslindarse de su responsabilidad al plantear que es un problema entre particulares a través de la delincuencia organizada”.
Sin embargo, dijo que a partir de tratados internacionales firmados por México en la convención de Palermo, señala que la delincuencia organizada existe por omisión del propio Estado.
Asimismo señaló que hay una modificación  en el caso de los feminicidios, proceso en el que tiene que ver la Procuraduría.
“Nosotros lo planteamos como detenidos desaparecidos, por motivos políticos o sociales, pero todo incluye el propio hecho de cómo el Estado se deslinda”, insistió.
Por lo tanto, dijo, el feminicidio puede pasar como desaparición, así como la trata de personas y el extravío, pero el Estado siempre lo va a negar.
Indicó que solo la presión internacional, derivada de las desapariciones de los 43 normalistas de Iguala, ha obligado a las autoridades a medio reconocer la situación  de desapariciones forzosas.
“Es una situación grave, la clasificación es a manera intencional la manera como el Gobierno categoriza, problema que se ha generalizado a lo largo y ancho del país”.