A 16 días de cumplirse el primer aniversario del enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de Chalchihuapan, “la justicia no ha llegado”, expresó Elia Tamayo.
En rueda de prensa, la madre del niño José Luis Tlehuatle, víctima mortal del enfrentamiento del 9 de julio de 2014, resaltó que simplemente no hay justicia porque los responsables de la muerte de su hijo están libres.
Apenas en la víspera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, señaló que ya se “había alcanzado justicia” en el caso que cimbró al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
En respuesta, Elia Tamayoaseguró que los culpables de la muerte de su hijo están libres; en tanto, tres pobladores de Chalchihuapan están presos, sin ser culpables de la muerte del niño de 13 años.
“¿Cómo pueden decir que van a reparar el daño si no ha habido justicia?”, sentenció.
“No hay ninguna justicia para mi hijo porque los policías asesinos están sueltas, cuando ellos mero lo cometieron, y los pobladores sin decir nada siguen presos; lo hacen todo al revés”, declaró.
Además, nuevamente hizo un reclamó directo al gobernador Moreno Valle al sentenciar: “no es posible que le di mi voto a Moren Valle para que le quitara la vida a mi hijo, no se vale”.
A un año del fatídico 9 de julio, se anunció la realización de una jornada de actividades para conmemorar la muerte de José Luis y la represión sistemática al pueblo indígena.
Posteriormente, tanto la defensa legal y pobladores de Chalchihuapan, informaron que habrá una marcha el 9 de julio a las 10 horas, con el respaldo de varias organizaciones sociales y políticas.
La misma que saldrá de la autopista Siglo XXIal Centro Integral de Servicios de la Atlixcáyotl, “en uso de sus libertades constitucionales”, sentenciaron.
Aracely Bautista, madre del presidente auxiliar de Chalchihuapan, aseguró que la movilización partirá del sitio donde los agredieron los policías y donde José Luis recibió el impacto de la lata de gas que lo mató diez días después.
Además, preparan una huelga de hambre a favor de la liberación de su hijo, quien fue arrestado en noviembre del año pasado por el enfrentamiento entre pobladores y policías estatales, porque está segura que a pesar de que pronto ganará un amparo el gobierno estatal le imputará más delitos.

Que si hay justicia, dice Toledano


El pasado lunes, en entrevista posterior a la inauguración del Seminario de Formación “Género y Justicia para Operadores de Justicia”, el titular del Poder Judicial en Puebla, Roberto Flores, señaló que a casi un año de distancia de los hechos se logró un efectivo acceso a la justicia.
—¿Cómo evaluaría la labor del Poder Judicial en este caso Chalchihuapan, el cual cimbró al gobierno? — se le cuestionó al referir que la Organización de las Naciones Unidas señaló que no ha habido acceso a la justicia.
—Yo no comparto esa posición, le diría que en el poder Judicial estamos trabajando arduamente, todos los jueces, todos los magistrados, todo el personal, para otorgar una mejor justicia todos los días— respondió.
No obstante, refirió que los procesos penales contra funcionarios estatales por los hechos en la junta auxiliar de Chalchihuapan del 9 de julio de 2014, que ocasionaron la muerte al menor José Luis Tlehuatle Tamayo, alcanzan sólo a elementos policiacos, incluidos algunos mandos.
—¿Al Tribunal han llegado procesos o están abiertos procesos en el caso de Chalchihuapan contra funcionarios estatales?
—No que yo tenga conocimiento, bueno, contra policías como funcionarios.

El día trágico


El 9 de julio de 2014, manifestantes de la referida localidad se enfrentaron a policías estatales en la autopista Puebla-Atlixco, en el desalojo violento resultaron lesionados decenas y un niño muerto, José Luis Tlehuatle.
Esto derivó en una investigación de la CNDH, la cual terminó en la recomendación 2VG/2014, por comprobarse el abuso de autoridad y la violación grave a los derechos humanos de los manifestantes, la cual no se ha cumplido a cabalidad, según el mismo organismo.
A diferencia de la CNDH, el gobierno de Puebla mantiene bajo reserva toda información del caso Chalchihuapan, alegando que sigue el proceso tras una serie de solicitudes de información.
Durante el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas contra la población.
Ninguno de los policías se encuentran preso, al salir bajo caución seis elementos en diciembre de 2014; en tanto, tres pobladores, incluyendo al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes, continúan recluidos en el penal de San Miguel.