Los diputados morenovallistas abortaron la iniciativa para reformar el artículo 104 de la Constitución local tendiente a privatizar los servicios municipales a través del gobierno estatal y proteger a los inversionistas, evitando que los ayuntamientos cancelaran los contratos.
De acuerdo al orden del día aprobado para la sesión ordinaria del miércoles, el punto de discusión para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla fue retirado al no conseguir el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados y de acuerdo a la consulta de fuentes, solo llegarían a 26 legisladores una vez que las bancadas del PRI, MC, PT además de la diputada del PRD, Socorro Quezada, serían en contra.
Los diputados optaron por suspender la reunión de comisiones unidas en la que estarían Gobernación y Asuntos Municipales, que es donde se analizaría el tema para pasarlo al pleno en la sesión de este miércoles.
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Por su parte, el presidente de la junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el perredista, Carlos Martínez Amador, confirmó que la reforma al 104 de la Constitución Política del Estado es para proteger a las inversiones privadas y que los ayuntamientos no puedan cancelar contratos de prestación de servicios si no cuentan con el aval de las dos terceras partes del Congreso.
En entrevista, tras la controversia que se ha presentado por la reforma que presentó la bancada panista, el secretario general del PRD en el estado, Carlos Martínez Amador, respaldó el documento al indicar que solo se están poniendo candados para proteger las inversiones.
De acuerdo a la iniciativa que puede consultarse en la página del Congreso, en el último párrafo se establece el candado para que los ayuntamientos no puedan romper los acuerdos (contratos con empresas que presten los servicios).
“Para la aprobación, modificación o extinción del decreto o los convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se requerirá el voto de al menos dos terceras partes del Congreso del Estado.
Al cuestionarle si lo que se estaba haciendo era proteger a los inversionistas, el diputado perredista reconoció la situación. Incluso, aseguró que ya hay jurisprudencia, pero al ser cuestionado no supo responder de cuándo data la citada jurisprudencia.
En el documento se establecen los candados que impedirían que un ayuntamiento echara abajo la privatización.
“El Congreso del Estado mediante decreto, autorizará que el gobierno del estado a solicitud de los ayuntamientos de los municipios que integran una zona metropolitana o conurbada asuma directamente la prestación de los servicios públicos municipales , o bien se prestes, o ejerzan coordinadamente y de forma integral entre el gobierno del estado, municipios a través de organismos públicos creados al efecto, previéndose la participación de los sectores social y privados en términos de la legislación aplicables”.
Entrampados desde el lunes
El pasado lunes, la sesión ordinaria del Congreso del Estado se pospuso de último momento para este miércoles ante la falta de acuerdos para aprobar la ley de la Privatización, la cual consiste en reformar el artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Puebla para que los municipios cedan al gobierno del estado la prestación de los servicios municipales.
Conforme a fuentes consultadas no hubo acuerdos a raíz de la inconformidad que existe por el documento presentado el pasado 15 de junio en la sesión ordinaria por los diputados Jorge Aguilar Chedraui y Eukid Castañón Herrera y demás miembros de la bancada, la cual ha sido cuestionada por presuntas violaciones al artículo 115 constitucional.
El argumento que presentan en la iniciativa para que sea aprobada fue: “La presente reforma busca fortalecer los mecanismos constitucionales descritos, con la pretensión de otorgar firmeza a los marcos o estructuras que acuerden los ayuntamientos para la obtención de un desarrollo urbano, ecológico y social de los participantes de una zona conurbada”; sin embargo, Carlos Martínez Amador reconoció que es para proteger a los inversionistas privados.
