El espionaje telefónico y de sistemas digitales ha sido una constante del morenovallismo.
Bajo la vigilancia se encuentran los opositores y los miembros de la élite política bajo la lógica de quienes son los “enemigos del gobernador” y en función de su “proyecto presidencial”.
El grupo en el poder ha vigilado a actores políticos de oposición como la presidenta del PRI, Ana Isabel Allende Cano; a la senadora Blanca Alcalá Ruiz; al subsecretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Lastiri Quirós.
Pero también ha enfocado su vigilancia en panistas de la cúpula nacional y en opositores de izquierda.
Como parte de un conjunto de fichas informativas y conversaciones telefónicas entre  personajes políticos, cuyo expediente posee Intolerancia Diario, se exhibe el seguimiento permanente a los políticos, mismo que ha sido denunciado por los opositores al gobierno estatal.  
Las conversaciones abarcan de agosto del 2014 a diciembre del año pasado.
En esta lista de acusaciones y denuncias se acrecentó en julio del año pasado a raíz de la represión en la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
El 21 de julio, el periódico El Universal publicó una conversación telefónica entre la diputada del PRD, Roxana Luna Porquillo, y el senador, Luis Sánchez. Con fragmentos de la conversación telefónica  se presenta a Luna como un personaje político que busca manipular el caso de Chalchihuapan.
El periódico tituló la nota “Arman campaña con niño de Puebla”. La nota no aparece firmada por ningún reportero sino solamente por la redacción. Pero en el sitio web del periódico se presenta la conversación.
La diputada local ha acusado que el gobierno del estado mantiene interceptadas todas sus comunicaciones.
El 1 de septiembre del 2014, el diputado federal, Enrique Doger Guerrero, denunció acciones de espionaje por parte del diputado local Eukid Castañón Herrera.
Doger Guerrero presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia y se encuentra con el número 3311/2014/AP SUR.
Estas denuncias se suman a las revelaciones sobre el espionaje digital a  través del Hacking Team al que el gobierno de Puebla contrató pagándole a la compañía italiana 429 mil 359 euros desde el 2013.
El tema del espionaje a los adversarios políticos ha tomado de nueva cuenta relevancia en el contexto de la disputa por el poder entre sectores de la élite local y nacional.  
 

La tecnología de espionaje

La tarjeta informativa señala, al abordar el tema de los programas de intercepción telefónica, que se adquirió un equipo de origen israelí con un costo de 14 millones 999 mil pesos. Este equipo ocupa un clonador con el programa “Hunter”.
Esta tecnología permite clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes. Además permite extraer información de la memoria SIM del teléfono como de la memoria interna del mismo, como son los contactos, mensajes y archivos guardados.
Otra característica de dicha tecnología, señala la ficha, a través de la posición GPS del teléfono permite conocer en tiempo real la posición y el movimiento del usuario.
La desventaja de esta tecnología es que no puede interceptar las conversaciones de Whatsapp. Además, las conversaciones que se realizan en Whatsapp carecen de un histórico acumulado.
El documento señala que aunque los costos de este programa son elevados reemplazan las rentas mensuales por número clonado las cuales llegan a los 60 mil pesos pero aumentan con equipos celulares más elaborados. Para la renta mensual de un Nextel evolution se pagan hasta 90 mil pesos, describe el documento.
El software conocido como Hunter es ocupado de manera legal en Puebla por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y por la 25 zona militar.
El otro programa utilizado es el programa “Hawk”, “pero este es para los aparatos de radio de acción de hasta 5.2 kilómetros a la redonda, de forma tal que su utilización es para nidos específicos de acurdo a objetivos con rutina específica”, señala el documento.  
 
La operatividad del espionaje

En una tarjeta informativa con el título estrategia de operatividad se describe el funcionamiento de esta estructura.
Para la misma se ha comprado equipo especializado, vehículos, la renta de inmuebles y el pago de salarios.
De acuerdo a la misma tarjeta informativa a través de la contraloría se otorgan plazas al personal analista y operativo al cual le pagan al menos 20 mil pesos mensuales ocupando la triangulación para efectos de no ser detectadas estas operaciones financieras.
Las prioridades del espionaje telefónico son los prospectos a la gubernatura por el PRI: Juan Carlos Lastiri Quirós, Enrique Doger Guerrero y Blanca Alcalá Ruiz.
Con miras al proyecto presidencial del gobernador de Puebla, el espionaje se dirigió a personajes de Acción Nacional.
Con la tecnología de clonación de los números telefónicos, la grabación de las conversaciones se realiza sin importar la ubicación de los aparatos de espionaje, señala la ficha informativa.
El año pasado, el diputado federal Enrique Doger Guerrero denunció ser víctima de una red de espionaje encabezada por el legislador Eukid Castañón.
Esto obligó a que la oficina de espionaje se mudara a la ciudad de México, señala la ficha sin realizar alguna precisión sobre su ubicación.
La antigua ubicación de la oficina se hallaba en la primera cerrada de cadete Vicente Suárez número 2103 en la colonia Bella Vista a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
El personal de la oficina no era mayor a 20 personas, señala la ficha informativa.
La ficha informativa hace la siguiente recomendación: “es altamente recomendable aumentar al máximo la seguridad en la comunicación vía telefónica y contar con teléfonos austeros para la información sensible recordando que los aparatos de espionaje son cada vez más sofisticados y, por consiguiente, están hechos para la intercepción de teléfonos más adelantados tecnológicamente.”
En el origen de esta estrategia de espionaje se encontraba el Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) del gobierno del estado fundado a propuesta del entonces secretario de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.
Sin embargo, señala la ficha, el CAP no proporcionaba información útil por lo que en la “práctica”, describe el documento, “pasó a ser sujeto a las órdenes de ECH”. 
El 3 de junio del 2011, el periódico oficial del estado publicó el acuerdo del Ejecutivo del Estado por el cual se crea el órgano desconcentrado Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) adscrito a la secretaría general de gobierno. El órgano tiene como propósito “fungir como instrumento para fortalecer la gestión gubernamental de manera sistemática para la oportuna y eficiente toma de decisiones, generando productos analíticos relativos a la coordinación de flujos de información de las instituciones gubernamentales y de los diversos sectores y grupos sociales”.