La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que el gobierno de Puebla no cumplió cinco de las 11 recomendaciones giradas por el caso Chalchihuapan, al afirmar que no habrá carpetazo.
Por medio de un comunicado, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador General, anunció que recibió este miércoles a Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, victima mortal del enfrentamiento en dicha comunidad.
“Este organismo nacional emitirá medidas cautelares para que cese el acoso a las víctimas y sus familiares”, afirmó en el comunicado oficial.
“A un año de lo ocurrido en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, aún quedan pendientes de cumplimiento cinco de los once puntos recomendatorios, particularmente lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción”.
“Por ello, esta Comisión Nacional reitera su llamado a que el gobierno del estado de Puebla cumpla la recomendación 2VG en su totalidad e insiste en que no permitirá que se dé carpetazo, en tanto no sean atendidos a cabalidad todos los puntos recomendatorios”.
No obstante, la CNDH le hizo saber a Elia Tamayo que lo sucedido hace un año es grave, por lo que continuará el seguimiento escrupuloso a los puntos recomendatorios hasta su total cumplimiento.
El funcionario dio a conocer que la Comisión Nacional emitirá medidas cautelares al gobierno del estado de Puebla, para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión.
Sobre los puntos recomendatorios, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destaca el que se informe sobre las sanciones administrativas o penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos asignados a las víctimas.
“La CNDH considera que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento.
”En seguimiento a la recomendación, este organismo nacional ha enviado 11 solicitudes de información a diversas instancias y dependencias del gobierno del estado de Puebla y ha recibido 28 oficios de respuesta.
”También, el día de hoy acudieron a una reunión de trabajo en la CNDH el procurador General de Justicia, el titular de la Secretaría de la Contraloría y el Fiscal Especializado para el Esclarecimiento de los hechos del caso Chalchihuapan, para dar cuenta de los avances en los puntos recomendatorios aún pendientes.
”En cuanto a los puntos recomendatorios cumplidos, destaca que se iniciaron los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado que participó en los hechos.
”Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, por el cual se otorgan atribuciones a las áreas específicas para que intervengan en la solución pacífica de los conflictos.
”Asimismo, el gobierno emitió un Protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos; entregó equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad, para que registren su conducta a la hora de realizar operativos, e implementó programas de capacitación en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
”La señora Tamayo, quien estuvo acompañada por el señor Alan Jiménez y la señora Araceli Bautista, madre del expresidente auxiliar de Chalchihuapan, expresó su demanda de justicia, así como la libertad de los pobladores que están en prisión por este caso”, termina el comunicado.
Transparentando
En las últimas semanas, Intolerancia Diario documentó como avanza el caso Chalchihuapan, donde el gobierno estatal no cumplió con la recomendación 2VG/2014, gracias a sendas solicitudes de información por la ley de transparencia.
El gobierno de Puebla ocultó a la CNDH que los elementos policíacos involucrados en la muerte del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo y lesiones a pobladores de Chalchihuapan se encuentran libres.
También se documentó como el gobierno dijo no conocer quienes asistieron a la llamada “disculpa pública” a los damnificados; además, nunca tuvo contacto directo con ellos, a quienes ni de vista conocían las autoridades.
La vida del niño Tlehuatle Tamayo y mutilaciones a pobladores de Chalchihuapan fueron valuadas en multas que apenas llegan a los 500 mil pesos e indemnizaciones que van desde los 30 mil a 330 mil pesos.
Asimismo como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas, demandó a sus jefes para evitar pagar la multa por 500 mil pesos que le impuso la Secretaría de Contraloría.
Lo oculto
En un reporte solicitado por la CNDH, en poder de Intolerancia Diario, la Procuraduría General de Justicia de Puebla no informa ni una palabra de la libertad bajo fianza de los uniformados.
Todo a pesar de que el organismo garante de derechos humanos en México, solicitó el estatus de los procesos interpuestos contra los servidores públicos, incluyendo a los policías estatales sobre el caso Chalchihuapan.
Las copias de los documentos fueron obtenidos por este reportero mediante la solicitud de información folio Infomex 29115 a la CNDH, bajo la ley de transparencia.
La disculpa fantasma
El gobierno de Puebla no supo quien asistió a la llamada “disculpa pública” a los damnificados de Chalchihuapan; además, nunca tuvo contacto directo con ellos, a quienes ni de vista conoce.
Esta fue la respuesta que el entonces jefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn, dio a la CNDH, cuando le requirieron la lista de asistentes.
Así consta en los documentos entregados por el organismo protector de las garantías individuales a Intolerancia Diario, solicitados por la ley de transparencia.
La llamada “disculpa pública” a afectados por la represión se hizo de la forma más sombría, con funcionarios de segundo nivel y en tres minutos.
El 1 de marzo de 2015, Intolerancia Diario publicó en exclusiva el video donde el gobierno de Puebla emitió la llamada “disculpa pública”, para lo que dedicó solamente unas cuantas palabras.
Sin afectados, ni reporteros, con 22 personas sentadas —supuestos trabajadores del gobierno estatal— y 3.35 minutos bastaron para que el gobierno del estado emitiera su “disculpa pública” por el caso del enfrentamiento en Chalchihuapan, tras la recomendación de la CNDH.
El video fue entregado por la CNDH, también mediante una solicitud por medio de la ley de transparencia.
La lectura de siete puntos la hizo el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, José Montiel Rodríguez, quien fue además encargado de despacho de la subsecretaría General de Gobierno.
Estuvo flanqueado por el subsecretario se inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Zeferino Juan Sánchez Zarza y otro funcionario de quien se desconoce su identidad.
El evento supuestamente se realizó el viernes 17 de octubre de 2014 a las siete de la tarde en el salón Oriental 1 del centro de Convenciones.
Según las imágenes, el lugar ya está lleno con 22 personas sentadas, quienes solo hacen acto de presencia como mudos testigos, sin aplausos o comentario alguno.
Fuentes del mismo gobierno estatal, señalaron que se trata del mismo personal de las dependencias estatales.
Costo de una vida
Para el gobierno de Puebla, la vida del niño José Luis Tlehuatle Tamayo y mutilaciones a pobladores de Chalchihuapan fueron valuadas en multas que apenas llegan a los 500 mil pesos e indemnizaciones que van desde los 30 mil a 330 mil pesos.
La sanción a quien estuvo en todo momento al frente del operativo que cimbró al gobierno de Puebla, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas, apenas alcanzó una multa de 500 mil pesos —que se ha negado a pagar— y una amonestación.
A diferencia del titular, sus tres subalternos si fueron sustituidos, además de ser multados, dos de ellos por 125 mil pesos y uno por 250 mil pesos.
En tanto, cinco de las nueve víctimas con graves lesiones ya han aceptado una indemnización de poco más de un millón de pesos en conjunto, con cifras que van desde los 30 mil, hasta los 333 mil pesos.
A pesar de comprobarse de las ilegalidades, ninguna autoridad se encuentra en prisión, a diferencia de tres pobladores a quienes se les ha aplicado todo el peso de la ley.
En el oficio 4071, girado por la CNDH al titular de la Secretaría de la Contraloría, Malcom Alfredo Hemmer Muñoz, le recuerdan que en la recomendación se pidió se promoviera una queja ante el órgano de control interno de la SSPE.
En su respuesta, la Contraloría, mediante el oficio 299, sin mencionar nombres y sólo cargos se detallan las sanciones a los funcionarios públicos.
El tapabocas
El comunicado de la CNDH surgió a un año de los hechos de Chalchihuapan; sin embargo, previo, el organismo se puso un tapabocas y negó información del caso. Incluso, esta misma semana, afirmó que no habría más información del tema.
Intolerancia Diario solicitó una entrevista desde la semana pasada sobre el tema; pero esta fue negada por personal el área de Comunicación, a cargo de Néstor Martínez Cristo.