Organizaciones sociales presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el gobernador Rafael Moreno Valle ante los casos de espionaje contra dirigentes de agrupaciones, políticos, así como representantes de los medios de comunicación.
En rueda de prensa, Vladimir Luna Porquillo, acompañado de representantes del Frente de Organizaciones Políticas y Sociales, indicó que tras la revelación de compra del equipo de espionaje por parte del gobierno poblano se confirma la persecución que se ha dado durante este sexenio, espiando a quienes están en contra del sistema de gobierno morenovallista.
El hermano de la diputada federal perredista indicó que en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge de manera explícita  el derecho a la vida privada  “nadie  será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra…”
La actitud de mandatario poblano, indicó Luna Porquillo, pone en evidencia que no hay un respeto a los acuerdos internacionales y ahora se presentará la queja ante la CNDH para que además apliquen medidas cautelares que protejan a las gente que ha sido objeto de persecución y violación a su vida privada.
Junto con Tonatiuh Sarabia, Jorge Sosa, Josué Xicale, entre otros, leyó un documento donde se pide que la oficina del gobernador explique el uso del software de espionaje que se adquirió a la empresa Italiana Hacking Team y se transparente  el destino de la información toda vez que se vulnera la privacidad de los poblanos y las poblanas.
Asimismo, en el texto se pide al Congreso del Estado que informe respecto al uso de los recursos públicos empleados en la contratación de empresas para el espionaje electrónico y digital.
No obstante, el frente anunció que subirá a las redes sociales las imágenes de los llamados “orejas”, presuntos periodistas que son enviados por el gobierno a las conferencias de prensa, marchas y eventos para “informar” las declaraciones, incluso antes que los medios las publiquen.
Los activistas señalaron que es una práctica común el que se les espíe y por ello van a exhibir al personal que envían las dependencias.
Asimismo, presentaron imágenes de cómo se están utilizando drones a baja altura para tener imágenes de quienes participan en las movilizaciones.

La contratación de Hacking Team 

La semana pasada, tras una filtración internacional, se revelo que el gobierno del estado de Puebla contrató servicios de espionaje a una empresa italiana de de Hackers.
Fue el 5 de julio pasado cuando se expusieron públicamente 400 GB de información de la empresa dedicada a la comercialización de software de espionaje cibernético.
A través de su propia cuenta de Twitter de Hacking Team se divulgaron documentos confidenciales, entre los que se encuentran diversas facturas y una lista con los nombres de sus clientes, entre los que destacó el gobierno de Puebla.
Los documentos incluyen facturas, correos electrónicos, datos fiscales, código fuente, entre otros archivos.
Las revelaciones permiten entender los alcances a nivel global de Hacking Team, una compañía que fue catalogada en 2013 por Reporteros Sin Fronteras como uno de los “enemigos de Internet”, señala Artículo 19.
Ahora se sabe que el gobierno de Puebla fue uno de los contratantes y ocupó un sistema de espionaje sofisticado a través de la tecnología desarrollada por la compañía denominada RCS, que es una técnica que permite el control remoto de un sistema a través de la incrustación de pequeños virus.
La licencia de Hacking Team para Puebla permite controlar el sistema operativo Windows; también los teléfonos celulares Blackberry y hasta móviles con sistema operativo Android.
Además, permite controlar celulares que utilizan el sistema operativo Symbian de Nokia y para el sistema operativo iOS que ocupan los productos de la firma Apple como el iPhone, el iPod y el iPad.
De acuerdo con la información, el estado de Puebla habría gastado 428 mil 835 euros (aproximadamente 7.4 mdp) en Hacking Team, recursos que se distribuyen de la siguiente forma: 313 mil 301 euros en 2013, 93 mil 76 euros en 2014 y 22 mil 458 euros en 2015.