Una red de complicidades y corrupción quedó al descubierto con los litigios en el caso Actinver. La Procuraduría General de Justicia en el estado de Puebla dio entrada a denuncias penales en contra de los directivos Luis Ortega Trelles y Raúl Sánchez Zepeda, presuntos responsables de un fraude millonario en contra de cuando menos una veintena de empresarios poblanos.
El problema radica en que los delitos quede les imputa a los dos directivos de Actinver son del fuero federal, por lo que la PGJ no debió recibir las denuncias, por tratarse de un asunto federal.
Sin embargo, haciendo caso omiso a la ley, la Procuraduría del Estado dio trámite a dos denuncias presentadas por dos de los acreedores, entre ellos Ricardo Senderos Valdés.
La decisión de la PGJ de dar entrada a las denuncias a través del fuero local, podría dejar sin posibilidades de negociar a los defraudados que tomaron el camino jurídico correcto y que presentaron sus denuncias en la delegación de la Procuraduría General de la República.
La complicidad entre la Procuraduría a cargo de Víctor Carrancá, con los abogados de Senderos Valdés parece más que evidente, y las facilidades que reciben, contrastan con los obstáculos de cualquier otro litigante.
En la red de complicidades están involucrados el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá; el encargado de despacho de la Dirección de Agencias del Ministerio Público, Zona Metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos; el titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana Zona Sur, Mesa Cuarto, Ingrid Janette Limón Condado.
Así como el titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana Zona Sur, Mesa Cinco, Juan Sánchez López; el titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana, Zona Sur, Rubén González Ibáñez.
El titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana Zona Sur, Mesa Adjunta o adscrita, Alfredo Otero Vidal y Sandra Lucía Perea Iturriaga, titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula.
Las anomalías
1. En el juicio civil, la parte acusadora —José Ricardo Senderos Valdés—, presentó la demanda el viernes 6 de marzo de 2015, en las oficinas de Sandra Perea Iturriaga. Aceptan la demanda el martes 10 de Marzo y se les notifica el día miércoles 18 de marzo.
Cualquier abogado sabe que este deshago tarde de 20 días a un mes desde su presentación de demanda hasta la notificación. En este caso, en siete días ya tenían resuelto el tema. Cabe destacar que el día de 16 de marzo no hubo labores en los juzgados.
2. El encargado del departamento de la Dirección de Agencias del Ministerio Pública, zona metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos, no permite el acceso a la averiguación 118/2015/AMPO/DMZS a pesar de que está desde el 29 de abril de 2015.
3. La juez Sandra Lucía Perea Iturriaga, titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, tendría que llegar a laborar a las 8 de la mañana y llegó hasta las once, limitando el horario para trámites de los abogados.
4. En el juzgado de lo primero de lo Civil de Cholula tiene la balanza a favor de una de las partes, porque no admiten pruebas de la parte acusada y con ello, obstaculizan la legalidad del caso y atropellado los derechos delos acusados.
5. Falsificación de documentos y firma que se presentó en contra del demandante —Ricardo Senderos—, ya se según los abogados del caso, el acusado no firmó ni presto dinero a Senderos.
Para ello se tiene que nombrar a un tercer perito en discordia para que éste esclarezca o decida cuál de los dos peritos, uno por parte los demandantes y otra por la demandada es quien tiene la razón.
Pero lo nombra la Juez Sandra Perea, lo que provoca todo tipo de sospechas y todo parece favorecer la demanda de Senderos Valdés.
6. La parte acusadora desde que notifican al inicio, señalan bienes inmuebles de los demandados, es decir, cuentan con información privilegiada.
7. El tiempo que transcurrió para la entrega de oficios a la abogada Viridiana Ramírez Fernández de Lara —parte acusadora— fue de 3 a 4 días. En el caso de la para acusada, siguen en espera de respuesta.
En este contexto, Ricardo Senderos Valdés esta en contubernio con autoridades estatales, ya que se le han aceptado documentos falsos como pruebas.
