El Sistema Estatal del DIF tomó represalias en contra de Liliana Hernández Mena tras denunciar la violación a un amparo y que le quitaron ilegalmente a sus hijos; por ello ya se giró una orden de aprehensión en su contra. 
No obstante, los menores fueron enviados a hogares disfuncionales o con problemas, en el caso de la menor de cinco años a la casa de su padre, el cual fue denunciado por violencia intrafamiliar, y quien se encuentra en tratamiento por consumo de drogas; en tanto, el menor está en la casa de la abuela paterna, la cual sufre de diabetes e hipertensión.
Por su parte, el Sistema Estatal DIF, a través de un comunicado, sostuvo que se cumplieron con todos los procedimientos para salvaguardar la integridad de los menores que llegaron al organismo el pasado 3 de julio. 
En entrevista, Liliana Hernández Mena contradijo dicha versión, e indicó que está siendo agredida como mujer por las propias autoridades.
Después de perder a sus hijos, Liliana Hernández tiene un proceso judicial en su contra y teme a ser detenida. No obstante, su abogado tramitó un amparo.
La entrevistada, quien trabaja como obrera en la zona de San Martín Texmelucan, mostró las fotografías de sus hijos, e indicó que ninguno de los dos fue maltratado por ella, dijo que pese al escaso salario que recibe ya que ninguno de los padres de sus hijos la apoya económicamente, comentó que estaban bien alimentados y acudían a la escuela,  además de tener atención médica.
No obstante, advirtió que teme por la integridad de su hija de cinco años, la cual fue entregada a la abuela paterna, pero en ese mismo lugar vive Alejandro Fernández Rugerio, quien es adicto a las drogas y está acusado de violencia intrafamiliar, por ello decidió dejarlo tras presentar una denuncia ante el Ministerio Público; sin embargo, nunca procedieron en su contra.
Indicó que ella fue golpeada varias veces cuando era su pareja sentimental, pero el DIF —“que dice proteger a los menores”— la entregó a un hogar donde existe el riesgo de que “la niña sea golpeada” o “en un caso extremo atacada por un drogadicto”.
Señaló que en el caso del menor se entregó al padre que vive en casa de sus papás, está desempleado, y la abuela,  que presuntamente lo va a cuidar, es diabética y con problemas de hipertensión.
Comentó que el padre de ella se presentó a solicitar la custodia de sus nietos, tiene empleo sin antecedentes de adicciones, pero el DIF lo calificó no viable.
Al ser cuestionada sobre si ha sido detenida alguna vez, si consume drogas o bebidas alcohólicas, Liliana Hernández señaló que le pueden hacer los exámenes médicos y se verá que es sana.
Incluso, refirió que en su trabajo la ascendieron por ser una persona responsable, “sin conflictos”, pero la autoridad nunca la ha querido escuchar.

Violan acuerdos internacionales

El abogado Pablo Herrera señaló que el Sistema Estatal del DIF viola los acuerdos internacionales de protección al menor al haberlos entregado a hogares donde no se garantiza su bienestar.
Advirtió que hay situaciones anómalas como el hecho de que los menores en lugar de ser ubicados en el área de maltrato infantil, que es el argumento aunque no han presentado el estudio clínico, los ubicaron en el área de adopción.

Indicó que dicha irregularidad hace suponer que la intención era el darlos en adopción al ver que la madre es humilde y no tendría posibilidad de recuperarlos; sin embargo, por la intervención de abogados que no le han cobrado se presume que no lo pudieron hacer.
Pablo Herrera manifestó que va a continuar con el apoyo hasta que le sean devueltos a su madre lo dos menores.

La denuncia

La semana pasada se informó que funcionarios del Sistema  Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que preside Martha Erika Alonso de Moreno Valle fueron  denunciados penalmente ante la instancia federal junto con varios de sus colaboradores por violar una suspensión  provisional del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito, tras arrebatar a una mujer a sus hijos de cinco y ocho años de edad.
En rueda de prensa el dirigente estatal del Movimiento por la Esperanza, Jorge Méndez Spínola al mostrar el amparo interpuesto por Liliana Hernández Mena, madre soltera a quien le fueron arrebatados sus hijos el pasado 3 de julio por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sin que hubiera una denuncia previa, dijo que se han cometido abusos y sobre todo el desacato a una orden judicial.
Dijo que en el documento se señalan como presuntos responsables Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación previa 2048/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Claudio Vega Ramos, responsable de la representación legal de adopciones del DIF estatal; María de Ángeles López Rosales, parte del ministerio público del DIF; María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor; Claudio Vega Ramos, responsable del área de violencia intrafamiliar.