Los integrantes de la red de derechos humanos, Israel Sampedro y Mariel Guadalupe Bonilla Dumitt, integrantes de la Red de Defensa de Derechos Humanos (REDDH), denunciaron que el desalojo sufrido de su vivienda el pasado miércoles, ordenado por el poder judicial, representa una respuesta a las declaraciones que hizo Sampedro a medios de comunicación como Proceso y la Jornada sobre el talante autoritario del nuevo secretario de seguridad pública, Jesús Rodríguez Almeida.
Sampedro describió la actuación de las autoridades: “Es un sistema de procuración de justicia que es evidentemente legaloide para legitimar cuestiones de este tipo”
El defensor de los derechos humanos expresó que el desalojo coincide con
“Y curiosamente este desalojo se da un día después de que nosotros hicimos una declaración sobre el nuevo secretario señalando que se trata de la continuidad del terrorismo de estado. Y no es la primera declaración que hacemos al respecto, aguas, cuando llegó Facundo Rosas, advertimos que era gente de Genaro García Luna. Cuando llegó Ardelio
“No son personas con una calidad moral”, advirtió Israel Sampedro..
-¿Se trata de una represalia?- se le cuestionó.
-Nosotros consideramos que se conjuntan las cosas.. por un lado la declaración y por otro lado el que hemos hecho evidente que el propio tribunal no respeta ni sus propios marcos constitucionales:
Además, Sampedro expresó que el operativo de desalojo se dio de manera ilegal sin notificar a los vecinos del condominio donde vivía:
“Resulta que llegan, rompen la chapa que no era la de uno de nosotros, sino la de los vecinos, los policías estatales”.
Además no se había resuelto un recurso interpuesto por la abogada Mariel Guadalupe Bonilla Dumitt.
La abogada descartó que se trate de un “caso entre particulares” como ha señalado el tribunal sino que se trata de una acción concertada propia de los grupos organizados de especulación inmobiliaria para despojarlos de su casa.
El caso que vivieron los defensores de derechos humanos representa, señalaron, la manera en que estos grupos se apropian de los inmuebles de personas que carecen tanto de conocimiento jurídico como de la asesoría jurídica adecuada despojándolos de sus viviendas.

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El miércoles 12 de agosto de 2015, se consumó el desalojo forzado de los defensores de derechos humanos Mariel Guadalupe Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales a consecuencia de la corrupción y contubernio entre el personal del Juzgado Décimo Segundo especializado en materia financiera representado por el Juez Ismael De Gante Sánchez, de Javier Beltrán Villagra representante de María Levinia Arellano Cabrera y la aquiescencia del Tribunal Superior de Justicia de Puebla quien legitima este desalojo inconstitucional.
Queda en evidencia que en nuestro país las autoridades enjuician a quienes están en estado de indefensión, como son las personas sin vida. Este caso tiene como origen las irregularidades de un juicio que Beltrán Villagra, en representación de Levinia Arellano Cabrera, misma que por treinta y cinco mil pesos en 2010 compró la vivienda desalojada. Dicho juicio fue seguido en contra de María Elvira Guadalupe Dumit Garzón, fallecida desde 1992.
Fernando Javier Beltrán Villagra, titular del despacho Beltrán Villagra y Asociados Jurídico Empresarial, cesionarios de la empresa ZENDERE cuyos directivos fueron ejecutivos que laboraron en HSBC, antes BITAL, banco que originalmente otorgó el crédito hipotecario a los padres de Mariel Bonilla Dumit en 1990; son los compradores de la cartera vencida y especuladores inmobiliarios que han amasado su fortuna con base a este tipo de juicios.
La defensora de derechos humanos María Guadalupe Bonilla Dumit ha tenido que sortear con un sinfín de irregularidades y obstáculos que las autoridades judiciales han puesto en su contra a beneficio de la contraparte toda vez que esta representa un jugoso negocio inmobiliario en el que se despoja de sus viviendas a miles de mexicanos y se lucra con la reventa de sus inmuebles.
Por mencionar algunas de las arbitrariedades que destacan la descomposición de la administración de justicia por parte de los tribunales del estado de Puebla son:
Llevar un juicio contra una persona fallecida, tal como se hace constar en notificaciones personales con María Elvira Dumit Garzón. Además se han realizado una serie de notificaciones ficticias que exhiben la corrupción del poder judicial y la falta de imparcialidad de los jueces.
Se restituyó del derecho a la parte actora para ejecutar la sentencia fuera de tiempo, mientras que a la defensa se le revocó el amparo concedido, bajo la argucia legal de que el juicio de garantías con el que se defienden los derechos humanos en México, era extemporáneo.
El 21 de mayo pasado, una comisión de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo acudimos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla acompañando a Mariel Bonilla e Israel Sampedro a una reunión con el Secretario Adjunto, Guillermo Morales Rodríguez, a quien se le expusieron todas las arbitrariedades de las que está plagado el juicio desde su origen en el año 2003, y el mismo secretario, bajo el discurso de respetar la autonomía jurisdiccional de cada Juzgado, expresó que como Tribunal no pueden impedir las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que los jueces a su cargo cometen.
Las autoridades también han mantenido en reserva el expediente del caso, sin notificar oportunamente al Albacea, con el fin de impedir la posibilidad de defensa y otorgar fragante ventaja a Beltrán Villagra para la ejecución del desalojo forzado.
Por otro lado, la ejecución del desalojo forzado se llevó a cabo dos días antes de la audiencia mediante la cual se impugnó la ilegalidad del lanzamiento, dejando en claro una vez más el contubernio entre el Juez Ismael De Gante Sánchez y Beltrán Villagra con legitimación del Presidente del Tribunal, Flores Toledano.
Además, para el desalojo forzado se invadió la propiedad privada de vecinos de Bonilla Dumit, que nunca fueron notificados lo que constituye una violación a su propiedad y sus derechos humanos.
Como organizaciones populares nos preocupa que de manera fragante se violente el derecho humano a la vivienda de los defensores de derechos humanos Mariel Bonilla e Israel Sampedro, y más aún que este no sea un caso único, sino que miles de familias de mexicanos estén siendo despojados de sus viviendas, producto de la corrupción y usura que funcionarios de gobierno cometen en contubernio con “particulares”, señaló la red en un comunicado.