Luego del linchamiento de los encuestadores de la empresa Marketing Research and Services de la ciudad de México, Rey David Copado Molina y José Abraham Copado Molina, en el municipio de Ajalpan por una turba de habitantes de ese municipio, asociaciones de estudios de opinión exigieron al gobierno de Puebla y al gobierno federal garantías para hacer su trabajo.
Las casas encuestadoras exigen al gobierno de Puebla garantías para encuestar. El presidente de ISA, Ricardo de la Peña, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio fórmula, ratifica que los hermanos Copado Molina sí eran encuestadores, y demanda que sus familias sean indemnizadas.
“No podemos permitir que una turba mate impunemente a personas inocentes”, condena presidente de encuestadora, ISA, Ricardo de la Peña, asesinato de encuestadores en Ajalpan.
Rey David Copado Molina y José Abraham Copado Molina realizaban en Ajalpan una encuesta sobre el consumo de la tortilla cuando fueron detenidos por pobladores por “hacer muchas preguntas” y acusados, sin prueba alguna, de ser secuestradores.
Todavía ayer martes, en redes sociales donde postean usuarios de Ajalpan y Tehuacán, descalificaban a los extintos encuestadores intentando desacreditar que fueran trabajadores de estudios de opinión o que sus identificaciones fueran falsas. Algunos pobladores, de acuerdo a las propias notas informativas del caso, sospecharon de los encuestadores por “hacer preguntas”.
En redes sociales también se ha comentado la preocupación de personas que realizan encuestas por realizar su trabajo. 
La Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de mercado (AMAI) y el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE) demandaron que las autoridades municipales, estatales de Puebla y el gobierno federal, proporcionen garantías a los encuestadores para realizar su trabajo, luego del linchamiento de dos encuestadores en Ajalpan.
“A últimas fechas vemos con preocupación que nuestro personal, que recorre todos los días ciudades y pueblos del país para hacer encuestas, entrevistas, etnografías, sesiones de grupo, entre otras actividades de investigación, se enfrenta a condiciones cada vez más riesgosas como fruto del clima de inseguridad y violencia que imperan en nuestro país”, señaló el comunicado, que fue dado a conocer la noche del martes por las asociaciones.
El caso de hostilidad en contra de los encuestadores de Ajalpan que terminó en el asesinato de los dos encuestadores a manos de una turba de habitantes del municipio que golpearon y después quemaron a los trabajadores de estudios de opinión asegurando sin pruebas que eran secuestradores se ha presentado con menor violencia en otros lugares del país
“Tenemos múltiples casos de personas que trabajan en encuestas que han sido golpeadas, secuestradas y han sido lastimadas de muy diversas maneras”, dijo Ricardo de la Peña, presidente de la encuestadora ISA, en entrevista con Radio Fórmula. 
De la Peña confirmó que las personas linchadas habían acudido a Ajalpan a realizar encuestas y que todos sus encuestadores están debidamente acreditados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y que habían realizado diversos estudios de opinión y que eran técnicos encuestadores de Campo.
Ricardo de la Peña, presidente de Isa, señaló “Desde luego que sí eran encuestadoras, uno de ellos trabajó para nuestra empresa. Dejan desamparados a dos pequeños hijos gemelos. Como muchas de las personas que van de una empresa a otra, freelance, donde hay mejores oportunidades. Hay algunas empresas pequeñas que pueden tener algún problema con la credencial y eso puede generar alguna confusión pero desde luego que sí son encuestadores y habían hecho trabajo de opinión pública.”
En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, De la Peña lamentó que David Copado deja a dos hijos huérfanos, lamentando también que algunas empresas, sobre todo pequeñas, tienen problemas para identificar a su personal.
En la entrevista con Radio Fórmula de la Peña criticó el alto nivel de violencia en Puebla contra encuestadores: “que una turba pueda, más allá de la capacidad de la autoridad, llevar adelante un acto de linchamiento y asesinato de dos trabajadores que estaban realizando un trabajo que es perfectamente legítimo”.
Ricardo de la Peña planteó que el Estado y las empresas de encuestas se sienten a dialogar para crear un mecanismo de seguridad para los encuestadores, de reconocimiento a través de algún tipo de identificación que no dé lugar a dudas y descalifique a los trabajadores de estudios de opinión, a quienes los habitantes de Ajalpan acusaron sin prueba alguna que eran secuestradores.
Además, en el comunicado, la AMAI y CEDE, exigieron la indemnización a las familias de los hermanos Copado Molina y el castigo a los culpables. También solicitaron una mesa de trabajo.