“La CNDH rechaza todas las formas de violencia al margen de la ley o contra la ley, y expresa su deseo porque los gobiernos estatal de Puebla y municipal de Ajalpan frenen esas conductas vergonzantes y reorienten el tejido social por el camino de la ley”
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato de los encuestadores de la empresa Marketing Research and Services de la ciudad de México, Rey David Copado Molina y José Abraham Copado Molina, en el municipio de Ajalpan por una turba de habitantes de ese municipio.
Además, la CNDH señaló que el Estado de Derecho en Puebla es muy débil como lo muestra el que en 9 ocasiones pobladores en Puebla se hayan hecho justicia por su propia mano quebrantando las leyes y las instancias competentes.
“Para este Organismo Nacional, el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en el estado de Puebla evidencia la fragilidad del Estado de Derecho, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas.”
 La condena por el asesinato de dos encuestadores en el municipio de Ajalpan difundido a través de las redes sociales con videos y fotografías de los propios pobladores y el intento de justificar los actos de violencia, por parte de algunos habitantes de Ajalpan en las redes sociales, señalando que los encuestadores eran “secuestradores” o “robaniños” ha sido prácticamente unánime en el país.
En el mismo sentido, la CNDH exige que las autoridades del Estado de Puebla y de Ajalpan frenen estos actos de barbarie en la que los pobladores asesinan a personas para hacerse justicia:
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechaza todas las formas de violencia al margen de la ley o contra la ley, y expresa su deseo porque los gobiernos estatal de Puebla y municipal de
Ajalpan frenen esas conductas vergonzantes y reorienten el tejido social por el camino de la ley”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deplora los acontecimientos ocurridos en Ajalpan, Puebla, donde dos jóvenes que se identificaban como encuestadores fueron asesinados y sus cuerpos quemados por pobladores, quienes los acusaron de intentar plagiar a una menor de edad.
Al respecto, la CNDH demanda justicia para las víctimas y sus familias, mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables, para que sean castigados de acuerdo con la ley, no haya impunidad, y además exista reparación integral del daño.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expone que ningún pueblo bajo los usos y costumbres puede realizar actos de violencia que dañen la integridad de otros seres humanos y que se deben respetar los derechos de las personas reconocidos por la Constitución de nuestro país:
“Nada hay que respalde o justifique esas conductas bárbaras en nombre de la justicia, ni aún en aquellos casos en que se puedan regir por usos y costumbres, porque toda conducta tiene como límite los principios de la Constitución General de la República, el respeto a los derechos humanos y, de manera relevante, el respeto a la vida, la dignidad e integridad de las personas”, señala la CNDH.
La CNDH señala que en Puebla ha habido 9 casos semejantes como el linchamiento ocurrido la noche del lunes en el municipio de Ajalpan pero al mismo tiempo las autoridades han dejado estos hechos violentos en total impunidad: lo que es una señal de alarma: “De acuerdo con distintos medios informativos, a lo largo de este año han ocurrido nueve acciones similares en distintos lugares del estado, sin que haya evidencias de una acción de la autoridad para frenar tales hechos. De ahí, la señal de alarma que debe tomarse en cuenta para evitar la  repetición de tales manifestaciones de carácter agresivo y para subrayar que todos debemos encuadrarnos dentro del margen de la ley, único instrumento que como sociedad nos hemos dado para normar la convivencia y las relaciones sociales”.
La Comisión se muestra preocupada por el crecimiento de la violencia sin que las autoridades resuelvan las demandas sociales por los cauces de las instituciones jurídicas y del Estado:
“De ahí, la señal de alarma que debe tomarse en cuenta para evitar la repetición de tales manifestaciones de carácter agresivo y para subrayar que todos debemos encuadrarnos dentro del margen de la ley, único instrumento que como sociedad nos hemos dado para normar la convivencia y las relaciones sociales".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió la urgencia de que intervenga el Estado para frenar actos fuera de la ley que intentan legitimar la violencia: en momentos como éste es cuando debe emerger el Estado, con la ley en la mano y el uso legítimo de la fuerza, para impedir las acciones al margen de la ley, su vulneración y el surgimiento de quien o quienes desde el anonimato pretendan imponer su interés o preferencia a los demás.