Luego de perder por cuarta ocasión un juicio de amparo, el comisionado de Acceso a la Información Pública, Federico González Magaña, minimizó la situación al señalar que los jueces federales tienen más facultades para defender los derechos humanos.
La semana pasada, magistrados del Segundo Tribunal Colegiado, sentenciaron a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), que ordenara la entrega de toda la información sobre los locales comerciales del Centro Cívico 5 de mayo.
Esto tras una victoria en el juicio de amparo del periodista Ernesto Aroche, luego de dos años de esperar la respuesta del gobierno estatal, con la asesoría legal de Juan Bosco Rosillo, representante del Centro Ciudadano de Transparencia.
Finalmente luego de dos años de espera, el miércoles pasado en sesión la CAIP, ordenó la entrega de la información a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).
En entrevista para el mismo Ernesto Aroche, González Magaña defendió su trabajo al señalar que no son cuatro sino cinco los amparos que ha enfrentado.
A la par, el funcionario aseguró que la resolución en contra de CAIP en este caso, se debió a que los magistrados federales cuentan con más herramientas legales de las que tiene a la mano el organismo garante de la transparencia en Puebla.
La justicia federal dictó su resolución basado en el reconocimiento de los Derechos Humanos y el principio pro-persona, como una directriz en futuras resoluciones.
“Hay una diferencia en el criterio de interpretación, pero no es que se rechacen los argumentos legales vertidos por un servidor”, dijo González Magaña como argumento.
“El poder judicial tiene la gran ventaja de poder hacer control difuso de constitucionalidad, y en esa lógica garantiza un derecho más amplio para los gobernados”, señaló.
“Los órganos administrativos tenemos la obligación de aplicar a rajatabla la ley, en esa lógica al haber una disposición expresa en nuestra ley yo he proyectado en ese sentido y así es como hemos resuelto en esta comisión”, fue la justificación.
-¿Protegen al gobierno del estado, como apunta el abogado que llevó el amparo más reciente (Juan Bosco Rosillo), una percepción que además se comparte por muchos periodistas?
-Es solo una percepción, nada más. Me parece que no tiene sustento en la realidad.
-¿Cambiará los criterios en la manera en que resuelve esta comisión a partir de los argumentos jurídicos que plantean los tribunales colegiados?
-Me parece que no, lo que va a realizar un verdadero cambio son los cambios que se tienen que hacer a la ley poblana a partir de la Ley General de Transparencia.
“Eso sí va a transformar de manera radical la manera en que resolveremos. Mientras esto no cause jurisprudencia, y sea una resolución aislada en un tribunal colegiado no se vuelve obligatoria ni vinculatoria para esta comisión”.
-Pero es un antecedente
-Sí, pero el precedente, en el sistema de justicia mexicano, no es fuente de derecho, la jurisprudencia si lo es.
-¿Y sabe si el Congreso ya están trabajando en la nueva ley?
-Sé que lo están trabajando de manera muy seria, no sé cuándo se van a hacer la actualización.
En tanto la CAIP aceptó ya la resolución que tomó el Tribunal Colegiado y ordenó a la SFA que, con base en lo que plantea el artículo 1 de la Constitución, se entregue toda la información con la que cuenta la dependencia sobre los locales comerciales del Centro Cívico 5 de mayo.
Cabe destacar que cuando CAIP desechó la entrega de la información de los locales comerciales, la entonces comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena había propuesto que se pronunciara por la entrega.
Pero dicha ponencia fue rechazada por González Magaña y por el presidente del organismo, Javier Fregoso Sánchez.
La SFA dijo no tener los datos solicitados porque se había transferido el manejo de los espacios al organismo público descentralizado Centro de Convenciones Puebla -hoy Convenciones y Parques-.
Por lo tanto se recurrió a los tribunales en donde se le dio la razón al solicitante, pues aunque ya no operara los espacios, la SFA debería tener los documentos en sus archivos.
La sentencia se desechó en primera instancia debido a que hubo una violación al proceso porque no se mandó a comparecer a todos los involucrados, por lo que se tuvo que reponer el procedimiento.
Fue como parte del segundo juicio, el cual terminó en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se dictó la nueva sentencia, con la cual se deja sin efecto la resolución de la CAIP, la cual avaló que no se diera a conocer la información.
Juan Bosco resaltó que estas sentencias dan un mensaje favorable en relación a que ya los tribunales tienen un mejor conocimiento del derecho de acceso a la información pública.
Esto, explicó, implica que las personas que ejercen este derecho “no están solas” y que cuentan con una instancia a la cual pueden recurrir cuando en los órganos locales se les niegue la información que solicitan por esta vía.
Las franquicias en quiebra

El 27 de julio de 2015, Intolerancia Diario reveló que están a punto de la quiebra están las franquicias pertenecientes al gobierno del estado de Puebla, entre ellas las ubicadas en el Centro Cívico 5 de Mayo.
Todo debido a las muy bajas ventas, derivado de un pésimo manejo administrativo de parte de Convenciones y parques.
Con cierres de caja que van de ceros, hasta en cien pesos diarios; compra de insumos con precios inflados, traspasos entre cuentas para evitar quiebres, es como operan los negocios.
Así lo comprueban documentos en poder de Intolerancia Diario obtenidos tras una investigación, como estados de cuenta, comprobantes de gastos, chequeras, órdenes de pago, requisiciones, recibos, facturas y reportes de ingresos.
Los Cofee York, Italian Coffee, 100% Natural, Cemitas El Carmen, Emilianos, La Poblanita, Mi Dulce Puebla, Park Grill, Pastalicious, Mi Viejo Pueblito, Punta del Cielo, e manejan números rojos
Fuentes del mismo gobierno de Puebla, señalaron que si no fuera porque se manejan con recursos públicos los establecimientos, desde hace varios meses ya hubieran cerrado.
En algunos de los diversos locales de franquicias donde se invirtieron de entre 1 y 3 millones de pesos cada uno, pero hay reportes de ventas que llegan hasta cien pesos en un solo día.
Las franquicias fueron instaladas en los parques de La Niñez, Arte, Lineal, Metropolitano, Paseo Rivereño, Concordia, Bicentenario, Ecológico, Centro Expositor, Centro Cívico 5 de Mayo, Plaza Victoria y Teleférico.
Fueron adquiridas en por lo menos 27 millones de pesos para obtener recursos que permitiera dar mantenimiento a dichos parques, pero no han sido redituables.
La mayoría de las compras de los insumos son sumamente caros, lo que genera grandes pagos de manera constante, además de que se llega a tirar comida, simplemente porque no se vende.
Incluso fueron creadas dos franquicias expreso para dar el servicio, como fueron las peleterías La Poblanita y Mi Dulce Puebla, por órdenes del director de Convenciones y Parques, el holandés Lambertus Matthijs de Kool.
La única innovación para las peleterías es haber contratado a un paletero, quien por medio de un sueldo mensual de más de 6 mil pesos, las realiza por medio de sus recetas.
Trabajadores señalan que diariamente se vive explotación laboral, falta de higiene, todo derivado de una mala administración.
Cabe destacar que el gobierno del estado ha ocultado de manera sistemática toda la información a pesar de que se utilizan recursos públicos.