Integrantes del Movimiento de Alternativa Social (MAS) señalaron que los que deberían de estar en prisión por el linchamiento de Ajalpan son las autoridades municipales y estatales, quienes gestaron el hartazgo de la población, además de la omisión para salvar a los dos jóvenes encuestadores.
Ricardo Jiménez, integrante del organismo civil, señaló que hubo grupos que provocaron a propósito la psicosis de niños perdidos o robados en el municipio de la Sierra Negra, lo que derivó en la muerte de los jóvenes.
Lo anterior luego de que se diera a conocer que cinco imputados de coautores de los hechos tendrán que pasar en prisión todo el proceso o juicio oral al ser acusados por homicidio y motín, entre otros delitos.
Detalló que tanto el encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, Jorge Cruz Bermúdez; el procurador, Víctor Carrancá Bourget; el presidente municipal, Gustavo Lara Torres y hasta el gobernador Rafael Moreno Valle, deberían tener investigaciones en su contra, por el delito de omisión.
El lunes 19 de octubre ocurrió el linchamiento y la quema de dos encuestadores, donde los hermanos Abraham y Rey David Copado Molina,  confundidos por secuestradores fueron asesinados por una turba de ajalpenses.
Señaló que es el resultado del encono social, la ingobernabilidad, el autoritarismo y la represión que viven los pueblos del interior del estado, quienes con sobrada razón saben que si no hacen justicia propia no la hará la autoridad.
“A partir del inicio del sexenio de Moreno Valle se tomó por asalto el poder Legislativo y el Judicial para garantizar el marco jurídico que permitió la concentración de poder, el despojo, control político y cárcel para los inconformes”.
“Lo sucedido en Ajalpan no es asunto menor, fue la primera población que sufrió la represión del gobierno de Moreno Valle, tras aprobarse la llamada LeyBala”.
Recordó que en lugar de dialogar, la autoridad estatal roció gas y lanzó balas de gomas contra alcaldes auxiliares y pobladores de Ajalpan, opositores a las reformas a la Ley Orgánica Municipal, que les quitó el servicio del Registro Civil, así como la facultad de juez, agente de Ministerio Público alterno y el control de la policía local.
“En ese sentido, los hechos brutales del pasado lunes 19 de octubre, no son más que el resultado de un pueblo harto de la represión, autoritarismo y persecución que vive en carne propia”.
“Ajalpan no es un caso aislado, en Puebla existen siete municipios tomados por sus pobladores y por lo menos 37 intentos de linchamiento en la entidad”, insiistió.
Se trata de los ayuntamientos de Santa Isabel Tlanepantla, Chiautzingo, General Felipe Ángeles, Tepango de Rodríguez, Chietla, Jolalpan, Ocoyucan, dijo.
“Ahora, el gobernador intenta lavarse las manos al señalar como único responsable al edil de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, quien pidió ayuda a la Secretaría General de Gobierno y ésta nunca mandó a la Policía Estatal, hasta que ya no hubo que rescatar”.
Las demandas del MAS
1.- Que el Senado de la República mande a comparecer al gobernador Rafael Moreno Valle, para que rinda cuentas y asuma su responsabilidad no tan solo en el caso Ajalpan si no de todas las decisiones que llevan a los actos de barbarie cometidos no por la población si no por las autoridades.
2.- Otro de los aspectos que debiera revisar el Senado en Puebla es la nula inversión  en el desarrollo social, pues más del 80 por ciento de los recursos públicos son invertidos en obras faraónicas, que promueven la imagen pública del panista que busca ser candidato presidenciable.
Además de la existencia de 241 presos políticos, el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, en Chalchihuapan; el acoso permanente a los comerciantes de la “28 de Octubre”, el solapamiento a grupos de choque como Antorcha Campesina; así como el despojo del patrimonio y el saqueo de los recursos donde hoy se construyen gasoductos, parques turísticos, eólicos, hidroeléctricas y minas a cielo abierto.
3.- Si el gobernador amagó con aplicar todo el peso de la ley por el caso de Ajalpan, que empiece con la destitución del secretario General de Gobierno (SGG), Jorge Cruz Bermúdez; y el procurador Víctor Carrancá Bourget.
4.-Se deroguen las reformas anti ciudadanas que han dejado en la indefensión a los pueblos, como la Ley Orgánica Municipal y la Ley Bala, así como la privatización del agua y la Ley de Expropiaciones, entre otras.
5.- Respeto el Artículo 115 Constitucional, referente a la autonomía municipal, pues con las reformas a iniciativa de Moreno Valle, han quedado en la total indefensión ayuntamientos como San José Chapa y Nopalucan, donde el gobierno mantiene el control económico y político de estas localdiades.
6.- Que se le finquen cargos penales a Víctor Carrancá por la utilización de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como instrumento de persecución de activistas sociales y no como institución que procura la justicia.  Foto: Es Imagen