De nueva cuenta, el caso de la falta de la crisis de autoridad en Puebla salió a relucir en San Lázaro.

La legisladora de Nueva Alianza, María Eugenia Ocampo Bedolla, presentó un exhorto para que los gobiernos y procuradurías de justicia del DF y de los estados de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, para atender los altos índices de linchamientos en estos lugares.

La diputada del Panal propuso al pleno que el legislativo exhorte a los gobernadores y jefes de gobierno, en su caso, de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, para que pongan en marcha las medidas necesarias que garanticen la seguridad pública de los pobladores de estas entidades, mejorando el aparato de justicia apegados a los principios de eficacia y pronta actuación.

Además, el punto exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero para que lleve a cabo las investigaciones necesarias para dar con los principales actores de los linchamientos y los pueda poner a disposición del Ministerio Público para fincar las responsabilidades correspondientes.

Cabe señalar que el punto fue turnado a comisiones para su análisis.

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En sus considerandos, la diputada del Panal explicó que la violencia común, lo mismo que la violencia que ejercen grupos más o menos organizados, son expresión de la crisis de autoridad o del estado que se vive en México y cuya tendencia principal la encontramos en el crecimiento sin límite de la delincuencia (individual y organizada). Sin embargo, son las ejecuciones (de civiles, policías, funcionarios, militares, etcétera), los enfrentamientos entre bandas organizadas y policías o militares y los linchamientos, las expresiones en las que podemos tener un referente más acabado del grado de erosión de las instituciones y de los niveles de corrupción de las personas que tienen como función hacer respetar la ley y el orden social y político.

“Las ejecuciones y los linchamientos se pueden analizar como expresión de violencia social localizada, en la que grupos de colonos, miembros de una comunidad o grupos de la delincuencia organizada ejercen la violencia frente a situaciones o condiciones que ponen en riesgo los principios de convivencia pacífica. 

“En Nueva Alianza estamos convencidos del respeto que merecen las instituciones de justicia del país y, por ello, entendemos que la violencia solo se justifica cuando se ejerce en forma de defensa, siendo esta la última ratio (última razón o argumento)”, planteó la diputada en su punto de acuerdo.

La diputada expresó su preocupación por la violencia en contra de ciudadanos en Puebla por parte de pobladores que quieren hacerse justicia por su propia mano ignorando las instituciones de procuración de justicia: “Recientemente hemos sido testigos de hechos como los sucedidos el pasado 28 de septiembre en Cohuecán, Puebla donde dos sujetos fueron linchados tras ser señalados de ser autores del plagio de una adolescente, quien escapó e informó de lo sucedido.

El más reciente, también en Puebla, fue el pasado 19 de octubre, en donde vecinos de Ajalpan quemaron a dos personas acusadas de ser secuestradoras, aunque ante la autoridad se acreditaron como encuestadores.

El linchamiento fue consumado en la plaza principal, frente a la presidencia municipal, donde la turba compuesta por más de mil personas agredió a policías municipales, quienes no lograron el rescate de los dos implicados”.

La diputada argumentó que para su fracción “lo verdaderamente importante es que estos eventos se encuentran completamente fuera de la legalidad, no podemos olvidar que somos y nos regimos como un estado de derecho, que vive y se gobierna por normas que establecen los lineamientos de convivencia, por ello la presente proposición pretende exhortar a las entidades federativas con mayor incidencia de linchamientos para que se busque erradicar esta actividad ilícita y que sean sancionados los que la lleven a cabo bajo cualquier circunstancia”.

Bedoya recordó que de acuerdo al artículo 17 de la Constitución: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Tome nota

En San Lázaro exhiben que el estado de Puebla ocupa el tercer lugar en linchamientos; hay carencia de Estado de Derecho, y priva la falta de confianza en instituciones, situaciones que generan que ciudadanos violen la ley al hacerse justicia por su propia mano, señala la diputada federal María Eugenia Ocampo Bedolla.

El apunte

Las siete entidades en orden de mayor a menor incidencia son:
1. Estado de México
2. Distrito Federal
3. Puebla
4. Morelos
5. Oaxaca
6. Chiapas
7. Guerrero

El estudio

La crisis de seguridad, la falta de profesionalización de cuerpos policiacos y el vacío de autoridad, son las principales causas por las que la ciudadanía opta por hacer justicia por su propia mano, esto según el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Los investigadores Raúl Rodríguez Guillen y Norma Ilse Veloz Ávila destacaron que 7 de las 32 entidades concentran el mayor número de casos de linchamientos (80 por ciento), es decir, 296 de 366 contabilizados en los últimos 26 años.