Ana Teresa Aranda Orozco sentenció que en caso de que los ministros de la corte continúen validando los candados que impuso el morenovallismo a las candidaturas independientes, el siguiente paso será el acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Señaló que hay un cambio en el país y nadie puede detenerlo, por eso no es posible que se permita que haya el monopolio de los partidos políticos: “lo más lamentable es que la mayoría de los ministros están en contra aunque seis o siete voten, hay tres que están haciendo que no se alcance la mayoría”.

Comentó que se espera que este martes prevalezca el coraje y decencia de los ministros para echar abajo el candado de que los ciudadanos deben acudir personalmente a firmar ante las autoridades locales.

Aranda Orozco reiteró que las modificaciones al Código de Instituciones y procesos electorales del Estado de Puebla, en sus artículos 201 quarter y 201 quinquies, promovidas por Rafael Moreno Valle y aprobadas por el congreso poblano,  generan una profunda inequidad y constituyen un dique a la participación electoral de los Ciudadanos Independientes

Sobre los argumentos que presentaría en la CIDH, expresó que hay una abierta violación a lo establecido por el artículo 23 del Pacto de San José “este nos garantiza el derecho de tener acceso a las funciones públicas, en condiciones generales de igualdad.

“Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y185

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

Aranda Orozco insistió en que hay más violaciones al derecho internacional ya que en el mismo Pacto de San José se establece que “el ciudadano tienen derecho a poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;….”

Indicó que lo que se hace en Puebla es muestra clara de autoritarismo y no obedecen a la intención de generar participación ciudadana, por el contrario tratan de inhibirla y tienen como objetivo proteger los intereses del titular del poder ejecutivo en su manifiesto afán de impedir que otros proyectos sean adoptados por la ciudadanía.