El economista de la BUAP, Augusto Chávez Maza, sentenció que las reformas a la ley orgánica municipal quitaron facultades a las juntas auxiliares y resquebrajaron a la sociedad poblana.

En el Foro Ciudadano sobre la Gestión de Rafael Moreno Valle que se realizó en la Facultad de Economía de la BUAP, el especialista explicó que en la última reforma que quitó la posibilidad de que las juntas auxiliares nombraran a sus cuerpos de seguridad o policías y el manejo de los registros civiles, lo que afectó a la población directamente.

Por ejemplo, “antes en un pueblo o junta auxiliar nombraban a sus policías de gente de la misma población, lo que hacia que se cohesionaran con la sociedad y bajara la delincuencia”.

Pero con la reforma ahora las cabeceras municipales nombran a los policías, quienes en la mayoría de los casos no son gente de la zona, y llegan con vicios que generan inseguridad por no estar apegados a la comunidad, refirió.

Juntas auxiliares perdieron recaudación y aportaciones 

En el tema económico, indicó que la recaudación de los municipios y de las juntas auxiliares bajó hasta un tercio de lo recaudado en 2014, al no estar marcado por ley, el monto de recursos que se deben otorgar a las juntas auxiliares, las que son olvidadas y condenadas a la marginación.

Detalló en su investigación que los recursos que se recaudaron por conceptos de registro civil y otras constancias, como permisos de construcción, pasaron de 24 millones de pesos en 2013 a 17 millones en 2014.

Esto significa que los 217 municipios de Puebla dejaron de recaudar 7 millones de pesos, 29 por ciento menos en un año, una tercera parte. 

Chávez Maza hizo un análisis de las consecuencias que tuvo en las juntas auxiliares y municipios las reformas de ley que transforman a las comunidades como órganos desconcentrados.

En primer lugar mencionó que la reforma en la Ley Orgánica Municipal conllevó que las juntas auxiliares no sólo dejaran de ser entes de gobierno, sino que hubo un cambio en la vida social y un rompimiento del vínculo entre gobierno y gobernados.

Esto debido a que las juntas auxiliares ya no pueden emitir actas del registro civil, como era el acuerdo de 2001, sino que también carecen de reglamentación propia, tampoco pueden nombrar tesorero ni comandante de policía.

En la ley de 2009 los ayuntamientos estaban obligados a destinar del 5 al 15 por ciento de sus participaciones a las juntas auxiliares, esto dependiendo de la cantidad de comunidades, pero en la reforma de 2014 no se detalla monto y sólo se menciona que se deben asignar recursos.

También se eliminaron las reuniones de Coordinación en ingresos y egresos, donde funcionarios estatales, municipales y de las comunidades discutían el presupuesto que se les debía asignar y en qué se ejecutarían los fondos. 

Opacidad, política del morenovallismo

En el foro también se sentenció que Moreno Valle incumplió una de sus principales promesas de campaña: la transparencia y derecho a la información.

Cuauhtémoc Cruz Isidoro de la Universidad Iberoamericana (Ibero Puebla), en representación de Lilia Vélez, directora del área de humanidades de dicha casa de estudios, señaló que el mandatario estatal ha impulsado una política de obstaculizar sistemáticamente el derecho a saber.

Explicó que existen estrategias con la finalidad de mantener en total opacidad la actuación del gobierno, particularmente en datos sobre obras, proyectos, usos y destino de recursos.

En su ponencia  “Transparencia y Derecho a la Información” el especialista dio a conocer que en los últimos años, Puebla se situó con los perfiles más bajos en esta materia al nivel nacional.

Recordó que Moreno Valle, cuando estaba en campaña criticó a su antecesor Mario Marín Torres y se comprometió a impulsar un gobierno transparente que respetaría el derecho de las personas a conocer datos de obras, proyectos, decisiones y políticas públicas.

“Pero no solo incumplió, sino que su gobierno ha impulsado una política encaminada a obstaculizar sistemáticamente el derecho a saber de los ciudadanos”, dijo en su informe.

En su exposición, Cruz Isidoro abundó que no se ha eliminado el tema de la ratificación de recurso, tampoco se adecuó la actual ley estatal a la general.

“Además se tiene controlada totalmente a la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), con gente allegada al gobierno del estado”, concluyó.