El silencio pesó en el Congreso local.

Salvo en los pasillos y bajo las preguntas de la prensa los legisladores mostraron sus diferencias que no afloran en tribuna.

La bancada del PRD mostró su división. Mientras el coordinador de la bancada, Carlos Martínez Amador, buscaba salir al paso de los cuestionamientos mediáticos minimizando la enmienda de la SCJN a la ley electoral poblana, la legisladora del PRD, Socorro Quezada, elogiaba el trabajo de la SCJN.

Oronda, la representante del PRD, recordó que ella en la sesión del sábado 22 de agosto cuando el Congreso Local aprobó la iniciativa electoral de manera apresurada ella subió a tribuna para expresar su negativa a la reforma electoral.

En esa ocasión la legisladora perredista afirmó: “Sin duda alguna no estamos homologando la ley federal, estamos cometiendo excesos”.

Los diputados tampoco abordaron desde la tribuna la enmienda a la reforma electoral del 22 de agosto de este año que incluía candados para restringir las candidaturas independientes.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia revirtió algunos artículos, como el que exigía la comparecencia de los ciudadanos que respaldan a los candidatos independientes los legisladores no abordaron este nuevo revés jurídico en tribuna.  
 
Otro silencio legislativo fue el relativo a la ley de ingresos.

A pesar de que el próximo año el gobierno del estado de Puebla recibirá, de acuerdo a la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, 72 mil 322 millones 178 mil pesos, no hubo ningún señalamiento desde la tribuna del Congreso Local.

Los legisladores locales optaron por resguardarse sobre el tema y con 35 votos a favor aprobaron el paquete presupuestal que incluye un conjunto de medidas que el gobierno estatal ha promovido como apoyo a la economía de los poblanos, como entrega sin costo de escrituras, el regalo de uniformes escolares, uniformes gratuitos para estudiantes de nivel básico, el regalo de kits para recién nacidos,  entre otras medidas.

Lista de reyes

En la sesión el PVEM pidió ser más severo con quienes conduzcan hablando por celular y cometan algún homicidio culposo. El PT se pronunció por una reforma a la ley de adultos mayores. El PRI pidió que los policías se capaciten.

El Verde se pronunció por endurecer cárcel a quienes manejen con el celular y cometan homicidio culposo.

Entre las iniciativas presentadas durante la sesión se encuentran las del legislador verde ecologista, Juan Carlos Natale López.

Natale presentó una iniciativa de ley para que se castigue con mayor severidad a los automovilistas que provoquen lesiones graves o la muerte de una persona, al circular los carriles de Ruta, de uso exclusivo, en carriles de bicicletas o hablar porcelular mientras manejan.

El artículo 85 Bis del Código Penal del Estado sanciona los delitos culposos: “Cuando con el delito de imprudencia se cause homicidio o lesiones de las enumeradas en los artículos 307 y 308 fracciones IV y V de este Ordenamiento Legal, se sancionará de dos a nueve años de prisión, si el acusado, al cometer el delito, se hallaba en estado de embriaguez, superior al primer grado o bajo el efecto de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o cualquier sustancia que produzca un efecto similar, o si el conductor se da a la fuga o abandona el lugar del accidente.”

La propuesta sancionaría entre de 2 a 9 años a quienes causen lesiones graves u homicidio culposo por: invadir el carril exclusivo del metrobus; invadir una ciclovía; o utilizar el teléfono celular o cualquier instrumento que pueda distraerlo o le dificulte la conducción.

El priista, Pepe Chedraui, presentó un punto de acuerdo para paraqué la Secretaría de Seguridad y los ayuntamientos implementen campañas de capacitación para sus policías con propósito de generar “mejores resultados en el combate a la delincuencia”.
 
El legislador reconoció que los poblanos confían más en la Marina que en los elementos locales.

“El 80.3% de la población de 18 años y más identifica a la Marina como la autoridad que inspira mayor confianza, seguido por el ejército, la policía federal, la procuraduría General de la República, la Policía Estatal, el Ministerio Público y procuradurías Estatales, los Jueces, la Policía Preventiva Municipal, la policía ministerial o judicial y por último la Policía de Tránsito.”

El punto fue respaldado por PRD, PAN, PVEM y MC.

Entre las propuestas de rubro social la petista, Lizeth Sánchez, presentó una reforma a la ley de protección a adultos mayores.

La enmienda propuesta es la siguiente: “Artículo 40. Las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental.

El Estado sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco”.

Sánchez dijo que de esta manera, podremos ir dotando de certeza a nuestros adultos mayores, a fin de garantizar su pleno desarrollo y la tranquilidad de vivir en un Estado preocupado por sus derechos; y sin duda alguna, brindar la Seguridad de que, cualquier persona que pretenda violenta los derechos de nuestros adultos mayores, será sancionado.