Este lunes se determinará si se les fija libertad bajo caución a los integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna, Adán y su hijo Paúl Xicale, detenidos por protestar en contra de los trabajos alrededor de la gran pirámide de Cholula.
En entrevista, Josúe Xicale, quien además de hermano e hijo de los detenidos, es su abogado defensor, manifestó que poco a poco se fueron desvaneciendo los delitos graves por los que los mantienen en prisión.
Por lo tanto, ahora solo se encuentran tras las rejas del penal de San Pedro Cholula, por dos delitos no graves, como motín y daños a la presidencia municipal.
Por lo tanto, tras una apelación, este lunes el juez podría dictar la libertad bajo fianza o caución, adelantó Josué Xicale, al manifestar que sus parientes ya están mentalizados para salir.
“Hemos estado agradeciendo y reconociendo la solidaridad de distintas organizaciones sociales y políticas. Morena dio una rueda de prensa para dar a conocer la situación que prevalece en Cholula y el caso jurídico de Adán y Paul”.
Puntualizó que si bien es cierto que ganaron un amparo y obtuvieron la orden del juez federal para dejar sin efecto el auto de formal prisión por el nuevo proceso 323/2015, y el juez de Cholula ya dictó un auto que lo deja sin efecto, continúan firmes las primeras acusaciones, por las que están detenidos.
“El nuevo proceso quedó cerrado, el cual les notificaron en prisión el 31 de julio de 2015”, dijo.
“Sólo tiene efecto el antiguo proceso el número 445/2014 donde los acusan de delitos graves. Pero en ese proceso sólo queda el delito de motín y daños a la presidencia, por el que alcanzan fianza”, afirmó.
“Estamos en espera este lunes, que el juez resuelva una apelación en la que solicitamos ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la segunda Sala Penal, para que nos determinen si nos niegan o se les otorga la libertad bajo caución en el antiguo proceso”.
Aclaró que el partido político Morena dio a conocer la información, pero aún falta un proceso.
“Vamos a ver cómo está el resultado, ya nos informaron que nos van a notificar el día lunes y con base a eso vamos a continuar en el procedimiento jurídico para la libertad bajo caución”, explicó.
-¿El juez local es de confianza?
-Pues no, sabemos cómo ha estado la justicia en el estado. Desconfiamos un poco, pero tenemos que esperar la resolución.
“Mi papá y mi hermano están firmes en la lucha y con la idea de salir en los días. También estamos conscientes que ha sido difícil pero tienen que salir”, aseveró.
La aprehensión
Fue alrededor de las 3.30 horas del martes 7 de octubre de 2014, cuando granaderos irrumpieron en el campamento que mantenían integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna en las puertas del ayuntamiento de San Andrés Cholula.
A golpes, como consta en videos subidos a YouTube, lograron desalojar las instalaciones del ayuntamiento que se mantenía tomado por opositores al Parque de las Siete Culturas, con los cuatro detenidos.
El lunes 6 de octubre fue un día de protestas en el municipio de San Andrés Cholula, donde manifestantes integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna, tomaron y cerraron la presidencia municipal.
También por la tarde fue cerrada la avenida Camino Real y el Periférico Ecológico, por más de cuatro horas lo que provocó un gran caos vial.
Ante el plantón el presidente municipal Leoncio Paisano, mantuvo un dialogo con los manifestantes, en él se plantearon las exigencias.
Cerca de las 11 de la noche, el presidente municipal envió un ofrecimiento donde aseguró que no habría expropiaciones, sin embargo lo rechazaron los manifestantes al señalar que no se clausuraba de manera definitiva el proyecto del parque en la zona arqueológica.
Por la madrugada al lugar llegaron granaderos a desalojar al plantón sin llegar a la violencia y recuperar la presidencia municipal. Hasta el momento se habla de al menos cuatro detenidos en el operativo.
En un comunicado del ayuntamiento cholulteca, se afirmó que la toma de la presidencia municipal fue “de manera ilegal y violenta, desalojando al personal que laboraba, bloqueando los accesos e incluso soldando algunos de ellos e impidiendo el ingreso al inmueble”.
En el mismo reconoce que durante el operativo de desalojo hubo resistencia de un grupo cercano a cien activistas, por lo que se aseguró a cuatro personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
