El TEPJ defendió la conformación de los nuevos consejeros del OPLE Puebla realizados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral el pasado 30 de octubre

La impugnación del PRI y de Morena en contra del proceso de designación de los nuevos consejeros del Organismo Público Local Electoral de Puebla (OPLE) no surtió efecto a pesar del alegato de los partidos políticos de que los consejeros no serán imparciales.

El instituto mantiene así a los consejeros que el PRI y Morena acusaron de ser funcionarios del morenovallismo en el organismo electoral como Jacinto Herrera Serrallonga, Juan Pablo Mirón Thomé Flor de Té Rodríguez Salazar y Federico González Magaña. Además de los consejeros que se presume representan políticamente los intereses del PRI como Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, Claudia Barbosa Huerta y José Luis Martínez.

La conformación del OPLE también fue impugnada por los aspirantes a consejeros electorales Juan Manuel Crisanto Campos y por José Luis Mendoza Tablero. Sin embargo, los magistrados del Tribunal no consideraron ilegal la militancia partidista o el haber sido funcionario del gobierno en turno como impedimento para ser consejeros electorales.

Las querellas resaltaban los vínculos políticos de cuatro consejeros electorales con el gobernador, Rafael Moreno Valle; además de haber aparecido como militantes del PRI.  

Pero la magistrada, María del Carmen Alanís Figueroa, quien realizó el estudio de las impugnaciones descartó que haber sido militante de algún partido político o funcionarios de algún partido les impidiera ser consejeros electorales.  

“La ponencia propone, en primer lugar, acumular los juicios y recursos y confirmar los acuerdos impugnados, toda vez que se considera que no es impedimento para los aspirantes a consejeros de organismos electorales locales el ser militante o afiliado de algún partido político, o bien, laborar como empleado en alguna dependencia gubernamental estatal”.

De este modo, la selección de consejeros realizada por el INE quedó intacta. 


 
El resolutivo del tribunal obligará al Instituto Nacional Electoral para  “llevar a cabo una consulta previa, libre, informada y de buena fe sobre los trabajos de demarcación territorial distrital para evitar menoscabos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”.

Los magistrados coincidieron en proteger la participación de los pueblos indígenas en los procesos de redistritación y que sean representados adecuadamente.

El magistrado Pedro Esteban Penagos López exigió que se incluya a los pueblos indígenas en la conformación de los distritos lo cual no se realizó: “Aunque la consulta a las comunidades involucradas resulta de gran relevancia, toda vez que busca verificar que se lleve a cabo la menor afectación posible a los usos y costumbres, en el caso ya no habría tiempo para que los trabajos de redistritación se realicen en forma conjunta con la población indígena”.

Los magistrados defendieron el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas, más allá del derecho del PAN de impugnar la conformación de los distritos.

El presidente del Tribunal, Constancio Carrasco Daza, afirmó que se deben proteger los derechos de las comunidades indígenas pero que debido a que el proceso electoral está ya en marcha sólo se podrá hacer una consulta para la elección del 2018: “tenemos un principio constitucional rector, que es el de certeza de frente a los procesos electorales, y la distritación emerge como un elemento esencial para favorecerlo, en cuanto asegura la emisión del voto por parte de todos los ciudadanos en el Estado mexicano; de ahí que sea sumamente complejo, en el plano material, darle viabilidad a la consulta al estar transcurriendo el proceso electoral local”.

El magistrado, Salvador Nava Gomar, también se pronunció a favor de la protección de los pueblos indígenas de Puebla y de sus derechos políticos: “No es sólo un criterio eficientista, me parece que la constitucionalidad de los actos electorales tiene que ver con la posibilidad real sobre la mejor manera de llevar a cabo los postulados de la propia Constitución, respecto de todos los mecanismos democráticos”.