Puebla está en riesgo de sufrir una catástrofe ecológica en la zona norte del estado donde existen 233 pozos que operan con la técnica del “fracking” para la extracción del gas natural, situación que genera la contaminación de los mantos acuíferos de la región, sin que las autoridades hayan tomado medidas, sentenció el diputado federal, Rodrigo Abdala Dartigues.

En rueda de prensa, en la que advirtió que la Ley Korenfeld para la privatización del suministro de agua entrará a discusión el siguiente período de sesiones, el legislador del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que hay un caso grave en Puebla donde se vislumbra un ecocidio.

“Lo grave es que a través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros”.

No obstante, advirtió que está práctica genera una disminución de disponibilidad del agua pues la fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua y va a afectar directamente a los pobladores con la escasez del vital líquido.

Señaló que hay estudios en los que se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.

Comentó que el agua de desecho, conocida como agua de retorno, no sólo contiene los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo.

Sostuvo que de acuerdo a las investigaciones a la fecha no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico.

Asimismo, el legislador federal señaló que el nuevo director de Conagua solicitó que se retome la llamada Ley Korenfeld para privatizar el servicio a nivel nacional encareciendo el mismo.

Abdala Dartigues dijo este proyecto beneficia a las empresas privadas, quienes se harán cargo de la extracción, conducción, captación, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas.

Insistió en que a nivel nacional el asunto es mayor, ante la amenaza latente de la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), misma que propone mayor participación del sector privado en los servicios de potabilización y saneamiento, así como los trasvases de una cuenca a otra y que la explotación del recurso nacional sea concesionado a particulares hasta por 70 años.

Indicó que uno de los mayores riesgos de la Ley General de Aguas es que establece que sólo se mantendría el subsidio al servicio de agua potable para la población en extrema pobreza, con lo que se generaría una oleada de aumentos a las tarifas en todo el país.

“Estamos ante un esquema de privatización total, denominado trasvase directo, ya que implica ceder el control absoluto de las aguas nacionales en el territorio nacional para crear una nueva autoridad hídrica: las empresas privadas”.

El dato

“Actualmente, el esquema de privatización únicamente abarca el ámbito municipal con la fórmula que para la ciudad de Puebla se traduce: Conagua -SOAPAP (sistema operador municipal)-Concesiones Integrales (empresa privada que suministra)-consumidor o usuario”, comentó Rodrigo Abdala Dartigues.