Los senadores del PRI abogaron porque el gobierno de Puebla transparente el uso de los recursos públicos destinados a la educación.

Los senadores enlistaron para la sesión de este jueves un exhorto para que el congreso del estado de Puebla realice las investigaciones conducentes en relación a diversas irregularidades identificadas en materia de gasto para la calidad de la educación en el estado de Puebla. 

Esto debido a que el gobierno poblano no ha podido comprobar el gasto de 24.3 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica entre los años 2014 y 2015 -de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Además, se turnó a la comisión de gobernación el punto de acuerdo que en la pasada sesión presentaron los senadores del PRI referente a exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Electoral del estado de Puebla y al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones conducentes en relación a la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con recursos públicos por parte de José Antonio Gali Fayad, debido a la entrega con uso electoral de tinacos en la entidad.

También se turnó a la comisión Anticorrupción y de participación ciudadana la propuesta de los senadores del PRI para realizar un exhorto  a la Auditoría Superior del estado de Puebla para que audite las obras y acciones realizadas en la entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la hacienda pública.

En el punto se propone que Desde el año de 1992 se comenzó a desarrollar en el Reino Unido la denominada “Iniciativa de financiamiento Privado (PFI)”, el cual constituye un esquema de inversión público y privada. Es importante mencionar que a través de dicha figura, el sector público, firma un contrato a largo plazo para la prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos servicios.

Tomando como base el modelo de Iniciativa de financiamiento Privado, en México se desarrolló también desde hace algunos años una nueva modalidad de participación público-privada: los denominados “Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)”, en la cual diversos inversionistas privados prestan diversos servicios a las dependencias y entidades del sector público.

En los Proyectos de Prestación de Servicios, se suscribe un contrato en el cual se definen y establecen los servicios, niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago.

En este contexto, a cambio de estos servicios el inversionista proveedor recibe un pago, el cual registra como gasto corriente por el Gobierno y tienen prioridad en el proceso de presupuestación; además, existe una asignación de riesgos entre el sector público y el privado; se financian a través de capital propio y de banca comercial y de desarrollo; y, los activos pueden ser del inversionista privado o del gobierno (concesión).

Estos esquemas operados con eficiencia y eficacia, constituyen una oportunidad de crecimiento y desarrollo para los municipios y entidades federativas del país. Lamentablemente, esto no sucede en el estado de Puebla, debido a ello, el Gobierno de la entidad se ha hecho acreedor a una serie de señalamientos y cuestionamientos sobre el manejo responsable de los recursos públicos.

Académicos, especialistas y legisladores, han identificado que en los últimos cinco años de gestión de Rafael Moreno Valle, la deuda de la entidad se ha incrementado hasta ascender a más de 70 mil millones de pesos, de los cuales 61 mil 343 millones de pesos fueron a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Diversos medios de comunicación, han dejado de manifiesto que especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, han expresado que de las nueve obras PPS realizadas durante la gestión, cuatro son las que tienen las tasas de interés más caras, señala el punto de acuerdo.